Derecha presiona; Funes se aparta de conflicto

Ejecutivo tilda de irresponsable señalamiento de ANEP. La gremial se retira del CES hasta que se acaten fallos

Por Roberto Flores

SAN SALVADOR- El presidente Funes aseguró que la forma en que la ANEP se retiró del Consejo Económico y Social (CES), tras tildar al gobierno de golpista por no acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, rebasa el límite de lo tolerable.

 

“Lamentamos la posición que ha adoptado la principal gremial empresarial, la ANEP, porque en mi opinión ha pasado el límite de lo tolerable en la medida en que, de una forma inescrupulosa, acusa a este gobierno de golpista, y de haber fraguado un golpe institucional al órgano judicial”, declaró el presidente.

 

Unos días atrás la ANEP anunció a través de un comunicado que se retiraba del CES, pues “no podía participar en una mesa de diálogo dirigida por un gobierno que atenta contra la democracia y utiliza la fuerza pública” para permitir la instalación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrados en abril, en la antigua legislatura.

 

Con su salida de la principal instancia de discusión de las políticas económicas y sociales del país (el CES), los empresarios en la ANEP buscan presionar por el cumplimiento de un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró que la elección de los cinco magistrados riñe con la Constitución.

 

El mandatario atacó la actitud tomada por la gremial empresarial, asegurando que “podría pasar que después la ANEP decida salirse de las juntas directivas de las instituciones autónomas de las cuales forma parte, en un claro afán de bloquear el funcionamiento del gobierno central”.

 

La ANEP aseguró que denunciaría a nivel internacional “la participación del gobierno de El Salvador en el golpe de Estado al órgano judicial”.

 

Funes salió al paso de ambos señalamientos y negó tener vínculos en el conflicto que mantiene enfrentados a diputados y magistrados desde hace varias semanas, aunque reiteró que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) tiene jurisdicción para conocer la disputa.

 

“El gobierno no participa del conflicto, no es un enfrentamiento entre alguno partidos de la Asamblea Legislativa, del presidente de la República, versus el órgano judicial como erróneamente lo han planteado algunos sectores”, dijo el jefe de Estado.

 

Pese a ello, Funes sostiene que la CCJ sí tiene competencia para conocer la disputa entre el órgano legislativo y el órgano judicial, tal y como lo aseguran diputados que eligieron a los magistrados en cuestión, quienes han solicitado la intervención de ese organismo. La ANEP, por su parte, asegura que la CCJ no tiene jurisdicción para resolver el conflicto.

 

Tras criticar la salida de CES anunciada por los empresarios, el presidente volvió a marcar la diferencias entre su postura y la de ANEP.

 

“LA CCJ tiene jurisdicción para conocer de este caso en virtud del mandato que tiene, y que se deriva del estatuto de Tegucigalpa, que fue firmado por el entonces presidente Alfredo Cristiani”, dijo el mandatario.

 

Funes señaló que no es la primera vez que la ANEP se retira del CES como medida de presión: cuando se sometió a discusión del CES la reforma fiscal de 2011 la gremial empresarial también se retiró, negándose a discutir el tema en una mesa en la que –decían– el gobierno tiene el control.

 

Los empresarios, por su parte, mantienen su postura de no participar en ese foro de discusión hasta que “se respete el orden institucional”, que implicaría, según dicen, acatar los fallos que declararon inconstitucional el nombramiento de los cinco magistrados elegidos en abril.

 

“Policía no intervino porque no se le solicitó”

Sobre los señalamientos de Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional, quien aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC) no intervino para impedir que las puertas de la Corte fueran forzadas por miembros del sindicato del órgano de justicia, el presidente dijo que nadie solicitó la intervención de la PNC, razón por la cual esta no actuó.

 

“Si el jefe de seguridad (de la CSJ) nos hubiera comunicado que sus propias fuerzas no bastaban para mantener controlada la situación, entonces la PNC tenía que intervenir; pero en ningún momento recibimos una comunicación en ese sentido”, sostuvo el presidente.

 

El lunes pasado el magistrado Ovidio Bonilla, elegido en abril para sustituir a Belarmino Jaime (hasta ese lunes presidente de la CSJ), se instaló en su cargo respaldado por miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial, quienes cambiaros las chapas de la puerta del presidente de la CSJ para que se instalara Bonilla.

 

Funes aseguró que la PNC fue advertida sobre  el forzamiento de las puertas hasta que los miembros del sindicato ya se habían retirado. “La intervención de la policía para supuestamente detener en flagrancia no habría tenido sentido porque las chapas ya habían sido violentadas”, dijo.

 

El mandatario negó además los señalamientos de de ANEP, quien asegura que la PNC estaba acuerpando a los sindicalistas que respaldaban la instalación del magistrado, uno de los que han sido declarados inconstitucionales tras el fallo de la CSJ.

 

Según el presidente, la presencia de los cuerpos de seguridad en esa ocasión sirvió para garantizar que la situación no se saliera de control.