La voluntad del pueblo

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Jorge Barreiro

MONTEVIDEO - Después de recibir elogios de intelectuales y prensa de gran parte del mundo (y de cautivar a una parte de nuestra juventud) por su propuesta de legalizar la producción y el consumo de marihuana, el presidente Mujica ha emprendido una de sus proverbiales marchas atrás. Lo que esta vez resulta preocupante, muy preocupante, es el motivo invocado para emprender esa marcha atrás: la oposición del pueblo a la iniciativa.

Mujica nos viene a decir que cuando habla el pueblo (aunque sea a través de un simple sondeo de opinión), sus representantes, el sistema político entero, incluido él mismo, deben callar. La tesis repetida ahora por Mujica de que los políticos son servidores de la ciudadanía y que su deber consiste en respetar la voz del pueblo puede resultar encantadora (¿la democracia no es acaso el gobierno del pueblo?) pero equivale a un disparo de misil contra la línea de flotación de la política.

No me referiré, pues, al incierto proyecto de legalizar el uso de marihuana, asunto sobre el que he escrito aquí mismo, sino a las implicaciones de seguir a rajatabla el principio Vox populi, vox dei.

La objeción más extendida que se le ha formulado a este enésimo movimiento pendular del presidente es que una encuesta de opinión no es un mecanismo fiable para conocer la “voluntad del pueblo”. Y efectivamente no lo es. Si pudiéramos confiar en ellas, ya no haría falta organizar elecciones. En cualquier caso, me parece un reparo menor frente a otro que raramente se menciona y que en política debería ser decisivo: cuando se responde a una encuesta de opinión nadie está obligado a justificar sus preferencias, nadie debe fundar su opción por A o por B en razones de justicia o en cualesquiera otras; puedo preferir A o B por capricho, interés o prejuicios. Pero a diferencia de lo que ocurre en el mercado, donde uno sí puede elegir una prenda de ropa o un menú sin tener que darle explicaciones a nadie, en política se echa en falta esa exposición de argumentos. Las decisiones políticas son de una entidad diferente a las decisiones de consumo. A la hora de deliberar para tomar decisiones que afectarán a todos no se puede decir, y raramente se dice, ‘prefiero esto porque sí’, ‘porque me gusta’ o ‘porque nos conviene a mí y a los míos’. Una política que abreve en las tradiciones republicanas, que esté preocupada no sólo por tomar decisiones, sino por tomar decisiones justas, no debería limitarse a contar las preferencias, como hace Mujica, sino que debería sopesarlas, como recomendaba Séneca.

Según el razonamiento demoscópico de Mujica, cuentan lo mismo las preferencias fundadas en caprichos que en buenas razones. Y si el mismo no suscitó la indignación que a mí me suscitó se debe, creo yo, a lo asumida que tenemos la idea de la democracia como mero procedimiento para tomar decisiones (con la consiguiente y peligrosa posibilidad de que si encontramos un procedimiento más eficaz y ágil para ello, perfectamente podríamos prescindir de la democracia).

Para la democracia concebida como procedimiento para tomar decisiones, para la democracia cuenta-votos (o peor, cuenta-resultados-de-sondeos) no hay preferencias más valiosas que otras, todas cuentan por igual. La aspiración a que la sociedad garantice a cada ciudadano un televisor plasma, por poner un ejemplo, sería tan atendible como la de acceder al agua potable. Y si la mayoría se pronuncia (en un referéndum o en un sondeo) a favor de dedicar los recursos públicos a lo primero, esa decisión se convierte en sagrada. Esta versión de la democracia no parece estar preocupada porque se tomen las mejores decisiones (por ejemplo, las más justas o las que garanticen un mayor autogobierno de la vida de cada uno), sino por respetar a rajatabla el criterio de la mayoría que, no se olvide, entre otras cosas lleva implícita la posibilidad de la opresión de las minorías, cuyos votos, por definición, siempre cuentan menos.

La segunda objeción que se me ocurre formular al endiosamiento de las preferencias de la mayoría que hace el presidente es que ellas se formarían en el ámbito privado y serían inmodificables en el sentido de que los ciudadanos concurrirían a la arena pública únicamente a hacerlas valer. En esta versión (muy liberal por cierto) de la democracia, las preferencias se parecen demasiado a los gustos o a los intereses particulares. Las preferencias, en suma, serían prepolíticas, no serían susceptibles de argumentarse o defenderse públicamente según criterios de justicia. Mucho menos de modificarse a la luz de buenas razones. Sólo corresponde someterse respetuosamente a ellas.

No existe ninguna fórmula institucional mágica que garantice que una comunidad política tomará siempre las decisiones más sabias y justas. Pero para conservar la esperanza (o la ficción) de tal posibilidad, decididamente es necesario tener una concepción algo más exigente de la democracia que la que se limita a contar votos, o encargar encuestas de opinión, y a rendirle pleitesía a las preferencias de la mayoría. Es necesario deliberar. Y deliberar lleva implícita la convicción de que se puede modificar el punto de vista inicial, que se puede pasar del ‘yo prefiero esto’ o ‘me interesa aquello’ a un ‘queremos un mundo en que tal o cual cosa sea posible’. Por eso, cuando hay que tomar decisiones que afectan a todos, los partidarios de la democracia deliberativa ponen énfasis en las propuestas, el intercambio de argumentos y justificaciones para avalarlas, mientras que el defensor de la democracia como mero procedimiento se preocupa casi únicamente por la decisión final, que suele tomarse en una votación. Va de suyo que lo que hoy pasa por deliberación necesita unas cuentas correcciones, como ocurre en el Parlamento, donde apenas se consuma una pantomima deliberativa en la que los protagonistas no intentan persuadirse mutuamente de nada (y nadie está dispuesto a dejarse persuadir), sino una puesta en escena de un “diálogo” imposible con la vista puesta en hacerle daño al adversario y conquistar los favores de un tercero ausente, el electorado.

Un político que devuelve la papeleta a los ciudadanos es, para empezar, un político que cumple muy mal la tarea para la que fue elegido. Hablo de los políticos que ante la primera controversia seria no se les ocurre otra cosa que convocar a un plebiscito y ahora a contratar un sondeo. Puede entenderse que ante una situación de bloqueo prolongado se convoque un plebiscito o referéndum, pero no que ese recurso se convierta en una rutina. Entre otras cosas, porque a pesar de tener una mayor dignidad democrática que una encuesta, en los plebiscitos también se escamotea la deliberación y por lo general suelen reducirse a antinomias simplificadas, a un sí o un no, a un ‘a favor’ o ‘en contra’.

Un político que empieza y termina con un “yo me atengo a lo que prefiera la mayoría” es una desgracia. Es un político que no tiene ideas propias, que es incapaz de defender con argumentos y vigor una propuesta en la arena pública e intentar persuadir a sus interlocutores, que somos todos los ciudadanos (y por eso mismo aceptar argumentos que la refuten). ¿Al presidente le parece que la legalización de la marihuana es cosa justa y razonable? No lo sabemos. Se atiene a lo que diga el pueblo. Y si le parece algo, ¿por qué no lo defiende públicamente? Después de todo, sería su mayor contribución a una democracia deliberativa.

Hoy es el estatus legal del consumo de marihuana el que debe ser decidido por el humor de la mayoría, ayer fue la Ley de Caducidad y mañana quién sabe. Si esta penosa deriva de la política se consolidara, bien podríamos prescindir de los partidos políticos y sus programas, del Parlamento, de la exposición de argumentos, de la deliberación pública y de la política en sentido estricto. Bastará con encargar un buen sondeo de opinión. Nuestro sistema institucional, nuestra democracia en términos generales está lejos de encarnar los ideales republicanos de deliberación y participación. Es más, se ha anquilosado, está llena de rutinas y, lo que es peor, en no pocas ocasiones ha sido secuestrada por intereses particulares. Pero aun en su peor versión, ese sistema es preferible al gobierno demoscópico o a la toma de decisiones determinada por el humor de la mayoría siempre cambiante y antojadiza que reflejan los sondeos.

He dejado para el final el mayor reparo que se le puede formular a la simpática pretensión de ser un siervo de la voluntad del pueblo: me refiero a la tentación del populismo, en la que a ratos solemos caer todos a causa de la extendida aversión a “los políticos”. No digo que Mujica o el gobierno del Frente Amplio sean populistas. Digo que la decisión de ampararse en esa voluntad para dar marcha atrás con un proyecto de ley es típicamente populista.

Mi objeción está dirigida al corazón mismo de la idea de pueblo como sujeto político, a la pretensión de que existe un pueblo “en estado natural” cuya sabiduría y auténtica voluntad deberían rastraerse más allá de las engañosas mediaciones de la política. Un pueblo puro y desinteresado en oposición a una representación política que opaca y falsea, un pueblo depositario del bien y la justicia, en oposición a unos políticos interesados únicamente en sí mismos.

Pero ese pueblo deificado y sacralizado no existe. Ese pueblo al que Mujica nos invita a seguir al margen de lo que diga o haga, es inhallable. O lo es únicamente en el burdo remedo de un sondeo. El pueblo único, con una voz única, es una ficción. El pueblo es plural, tanto en intereses como en opiniones, a pesar de que los populistas pretendan que un líder carismático, que establece con las masas una relación directa, sin mediaciones, es capaz de interpretar el sentir y el latir de la multitud e identificar, por ende, esa voluntad popular única e indivisible.

No me parece que la mejor alternativa a las versiones más extremas del liberalismo político que sostienen que no somos más que una agregación de individuos (y que pretender lo contrario nos conduce al totalitarismo) sea el dogma populista con su pueblo “evidente”, inmediatamente disponible, al que le basta con tener un buen enemigo para reconocerse como tal. Lejos de unos y otros está la idea de una comunidad política de ciudadanos, que por supuesto puede tomar, y toma, decisiones que afectan a todos, que puede aspirar a definir algo parecido al bien común o ponerse de acuerdo respecto de la justicia de una propuesta o aspiración. Pero hay que tener en cuenta que ninguna de esas posibilidades está disponible en una plaza pública ocupada por la multitud ni en el resultado de un sondeo o plebiscito. Exigen reflexión, deliberación, mediación y arbitraje, quehaceres que son propios de la política democrática, que está a años luz de cualquier idea esencialista de la voluntad general, que es cambiante, que no está definitivamente encarnada en ningún partido, clase o causa.

(*) Periodista uruguayo y colaborador de ContraPunto