¡Coherencia, por Dios!

Benjamín Cuéllar (*)

SAN SALVADOR - Si la moralidad, la honradez y la ética salen sobrando para las dirigencias de los partidos políticos y las “deidades” que ocupan los cargos más altos en el aparato estatal salvadoreño, resulta inútil –salvo contadas excepciones– pedirles al menos coherencia. Ésta, definida en el diccionario como la actitud lógica y consecuente con una posición anterior, podría convertirse en la clave para salir del trance en que hoy mantienen al país quienes presumen ser sus dirigentes desde hace más de dos décadas; también podría ser decisiva para encontrar el rumbo perdido desde entonces, cuando arrancó una “transición” al vacío y no hacia lo que se planteó en los acuerdos que solo sirvieron para terminar la guerra entre los ejércitos gubernamental y guerrillero.

Fruto de arduas negociaciones, dichos acuerdos comenzaron a firmarse para la región en Esquipulas hace veinticinco años; continuaron para lo nacional en Ginebra el 4 de abril de 1990 y en San José el 26 de julio del mismo año, hasta llegar a Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Con el suscrito en tierra chapina el 7 de agosto de 1987, se pretendía instaurar en Centroamérica una paz firme y duradera sobre la base de la reconciliación nacional, el cese de hostilidades, la democratización y el desarrollo para “alcanzar sociedades más igualitarias y libres de la miseria”, entre otros asuntos.

Con el aprobado en la capital suiza se buscaba en lo inmediato el fin de los combates y –como parte del proceso de paz– la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la unificación social. Los compromisos aceptados en la metrópoli tica por las partes, Gobierno y guerrilla de entonces, tenían que ver con los derechos humanos y la creación de la misión de observación internacional. Tras otros acuerdos en México –donde se pactaron cambios constitucionales– y en Nueva York, se firmó el final y más conocido de todos: el de Chapultepec.

En conjunto, con las reformas al estamento militar, la desaparición de los cuerpos de seguridad existentes, la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) así como las modificaciones en la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, se pretendió un cambio estructural radical. Se trataba de desmontar los instrumentos estatales represivos y terroristas, responsables de graves violaciones de derechos humanos, y crear o recrear las instituciones del sistema de justicia para superar la impunidad.

Pero la mala conducción del país en la posguerra, tiene al ejército realizando desde hace un buen rato tareas de seguridad pública que no le competen e incurriendo de nuevo en violaciones de derechos humanos; independientemente de que ahora sean menos y no respondan a una política de Estado, así se empieza y después ya no hay retorno. Además, ese fatal manejo del país ha logrado que desde años la PNC no goce de buena salud interna y sea mal percibida por la población que la ve incapaz de enfrentar la delincuencia y responsable de atropellos en su perjuicio; también ha conseguido que la PDDH no tenga el peso suficiente para ser considerada conciencia moral del país, pese a los esfuerzos de algunos de sus titulares. Finalmente, las entidades encargadas de investigar los delitos y castigar a sus responsables han sido manoseadas a más no poder.

Por esa falta de coherencia con los compromisos de fondo que adquirieron tanto el FMLN como ARENA al firmar los citados acuerdos, no es casual que ocurra lo que está ocurriendo ahora pese a que el escenario actual estaba idealmente montado para que el primero de esos partidos reivindicara lo que reclamó –en boca de su hoy candidato presidencial por confirmar– hace seis años: no burlarse de la voluntad popular, al elegir un tercio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante una misma legislatura. ARENA, por su parte, podía ser fiel a sus últimas posiciones dizque en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Y las condiciones aún están, ya que ninguno tiene los votos para imponer sus magistrados de CSJ y su Fiscal General de la República. De ser coherentes, podrían acordar la elección de lo mejor entre lo mejor.

Pero no. Y es que no les interesa el país sino sus intereses muy particulares que son –a final de cuentas– los mismos: controlar las instituciones claves para que cada bando visible y sus bandas más o menos invisibles, pero que son los poderes reales, se garanticen privilegios de todo tipo entre los cuales destacan el descaro para hacer lo que quieran y la impunidad para cubrir sus perversidades.

Coherente con sus principios que lo llevaron a ser negociador y firmante de los llamados “acuerdos de paz”, aunque ésta no se haya conseguido para toda la gente, Roberto Cañas habla de la “novela nacional” de turno. Esa tragicomedia solo ha arrojado “cohetes soplados”. Nada más que eso son los últimos “resultados” anunciados por Mauricio Funes, hoy más “inflado”con el apoyo de sus desprestigiados colegas Porfirio Lobo y Otto Pérez Molina, quien asegura no haber tomado partido en esta crisis pero dice que el Órgano Judicial no tiene presidente; para ello, desautoriza a Florentín Meléndez sin que le corresponda y pasando por encima de la Ley Orgánica Judicial.

Del noveno capítulo de esa “novela nacional” destaca, además, el rechazo de ARENA a reformar la Carta Magna para dejar literalmente establecido lo que la Sala de lo Constitucional ya resolvió justamente: que una legislatura solo puede elegir una vez a un tercio de la CSJ. ¿Será que piensa hacer lo mismo que en el 2006, si llega a tener otra vez “la sartén por el mango”? Cierto que tal reforma sobra pues el artículo 86 constitucional dispone que los funcionarios del Gobierno “no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”; pero bien dicen que “lo que no mata, engorda”.

El FMLN y sus comparsas no se quedan atrás, al negarse a retirar la demanda irracional e ilegal que presentaron en la calamitosa Corte Centroamericana de Justicia. O sino, es de suponer que desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, gastando nuestros impuestos en una machacona publicidad televisiva para hacernos ver –entre otras necedades– que pueden nombrar y remover cuando quieran a magistrados de la CSJ. ¿Cuánto cuesta eso que se suma a otros despilfarros como los banquetes y demás?

A esos embaucadores de la política doméstica –“sepulcros blanqueados” similares– debe endosarse la culpa de que el país siga violento e inseguro, sin condiciones para superar la miseria y despegar en su desarrollo incluyente, con instituciones secuestradas por poderes siniestros y con un pronóstico reservado en cuanto al logro de una paz social real. Es hora ya de despertar, entonces, pues un pueblo dormido siempre será vendido al mejor postor. Si esos grupos que están “arriba y afuera” del dolor de la gente son como son, la coherencia entre la indignación y la acción hay que fomentarla, organizarla y desatarla “abajo y adentro”.

PD: A propósito, ¿qué ondas con el traslado de cuatro policías que procedieron como debían al capturar a un “seguridad” de Sigfrido Reyes, al cual se le fue un balazo en el aeropuerto el pasado domingo 29 de julio mientras esperaba al “hombre”?