¿A qué juega el gobierno?

Bessy Ríos

El Salvador recibió el año recién pasado una excelente noticia, siendo que el despacho estadounidense contratado por la Fiscalía General de la República, Foley Hoag, había ganado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), a la empresa minera Oceana Gold/Pacific Rim, una demanda millonaria que nos interpusieron en dicha sede porque no les permitimos hacer explotación minera en nuestro país.

Pensé que aquí tendríamos un estallido de júbilo, sobre todo de los funcionarios del actual gobierno, puesto que gran parte de su discurso se realiza sobre el hecho de reivindicar la soberanía alimentaria, el respeto a los recursos hídricos, la apuesta estratégica a las energías renovables.

Lo cierto es que casi pasó desapercibida la noticia, por un par de notas periodísticas, pocos funcionarios se pronunciaron, ni siquiera el Ministerio de Economía subió el laudo arbitral de tan importante victoria, puesto que fue en ese ministerio que se dio el permiso de exploración a dicha empresa, argumento que después utilizaron para demandar al país, pues resulta ilógico que te dejen explorar y cuando encontrás oro, no te dejen explotar. Quedó demostrado que la empresa no le dio cumplimiento a los requisitos de ley y así quedó consignado en el laudo arbitral.-

Tuve la oportunidad de conocer de cerca al caso, por mi amistad con el Abogado Luis Parada a quien le tengo mucho cariño y quien coordinó a todo el equipo de abogados para defender a nuestro país, tanto acá en El Salvador como en Washington.

Hace unos días nos reunimos con motivo de su visita al país, fuimos a tomar un café junto a su esposa Brenda, en esa ocasión él me comentó que necesitaba reunirse con personas del gobierno o de los diferentes partidos políticos, puesto que hace ya dos años y meses que se le debe al despacho, más de dos millones de dólares, no solo del caso Oceana Gold/Pac Rim sino también de otro caso, -para quienes no saben este despacho nos ha defendido en cuatro ocasiones ante disputas millonarias ganándolas todas, ahorrando al país casi $1,700 millones-.

Si uno tiene ese nivel de eficiencia lo mínimo que esperaría es estar celebrando el triunfo, pero en ese caso Luis no puede celebrar ni su despacho, lamentablemente ante a falta de pago, se ha tenido que desarticular el equipo que llevó esas defensas, entre ellos varios salvadoreños; es triste que esta situación se esté dando y más todavía que los funcionarios de este gobierno no se hubieran dado el tiempo de recibir al abogado Parada, quien anduvo pidiéndoles reunión para buscar la mejor manera de salir de esta situación.

En el gobierno central ni le contestaron llamada, ni correos electrónicos, desde el Secretario Jurídico de la Presidencia no digamos el resto de funcionarios; el ministro de Hacienda, pese a que se le pidió la cita –que lo hice yo- y habernos dicho inicialmente que sí, cuando llegamos al ministerio fuimos sacados, pues nadie nos recibiría ese día –sí, leyó bien, nos sacaron-. Los diputados del partido FMLN, a pesar que se los buscó –y lo hice en persona- nadie quiso recibirlo; en ARENA, de la misma forma: solo una diputada le había dado una cita y al llegar a la Asamblea Legislativa le dijeron que no se encontraba, y tuvo que retirarse.

La única persona que tuvo la educación, al menos de recibirlo, fue el diputado presidente Guillermo Gallegos, quien le escuchó, pero igual, dentro de sus capacidades no puede hacer mayor cosa, pues es Hacienda quien le ha recortado el presupuesto a la Fiscalía y es esa la entidad quien por Constitución lleva la defensa de los intereses del Estado; es por ello que ellos contratan a los despachos internacionales, es decir, nadie se puede abstraer de la obligación del pago a este despacho.

Sabiendo que tienen una deuda de más de dos años, hoy se esconden y le den un trato tan grosero, lamentable, sobre todo porque es al abogado defensor a quien no reciben y se ha filtrado que con la empresa Oceana Gold/Pacific Rim se siguen reuniendo varios funcionarios de alto nivel.

No sé a qué juegan estos altos funcionarios y menos por qué se siguen reuniendo con la empresa minera, siendo que nos deben ocho millones de dólares y por orden judicial deben pagar; es decir, no es necesario que estos altos funcionarios se anden reuniendo con dicha empresa, a menos que tengan otras intenciones.