¿A quién defienden estos periodistas? ¿A los mareros?

Laura Aguirre
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,
porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

(Martin Niemöller)

El Faro y Revista Factum han sido amenazados por publicar investigaciones que demuestran las reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas por algunos miembros de la PNC involucrados en ejecuciones de supuestos pandilleros. Como en otras ocasiones, las amenazas han llegado respaldadas por muchísimos comentarios en las redes sociales que acusan virulentamente a los periodistas de defender a las pandillas y aplauden a los policías por actuar al margen de ley.

En los comentarios de odio hacia los pandilleros, se trasluce también el hartazgo de vivir entre tanta violencia. Es evidente la necesidad de poner punto final a la agónica situación que gran parte de nuestra población vive bajo el yugo de las maras. El clamor por soluciones efectivas y rápidas desbordan las redes.

Con este contexto, las preguntas son válidas: ¿A favor de quiénes están realmente estos periodistas? ¿Por qué denuncian a la policía cuando sus acciones son contra delincuentes? ¿Para qué carajos la PNC tiene que respetar también los derechos del pandillero que tanto daño hace?

Si seguimos la lógica de los comentarios, el respeto a la ley y a los derechos humanos es un obstáculo para el combate de las pandillas. Muchos están convencidos que ignorar el derecho de todo aquel que sea o parezca marero permite un mejor trabajo policial. Entre menos control tenga la policía, y más libertad para ajusticiar a pandilleros, más rápida y efectiva será la reducción de la violencia e inseguridad. Además, al pandillero delincuente no hay necesidad de respetarle ningún derecho. Es que no es igual a “nosotros”. Si desaparece, si se le “elimina”, es por el bien común y se acaba el problema.

Estas ecuaciones son muy tentadoras, nos prometen una solución simple a un problema complejo, pero también son falsas, contrarias a los objetivos de la policía y sus efectos, como un boomerang, se estrellan contra nosotros mismos.

Lo que hasta ahora demuestra nuestra realidad y los números que reflejan la violencia es que el énfasis en estrategias represivas y de combate frontal no funcionan para eliminar a las pandillas y tampoco derivan en seguridad y paz. Si así fuera hace ratos deberíamos ser el país más pacífico del mundo. Sin embargo, seguimos siendo uno de los países con las tasas más altas de homicidios y con un fenómeno de violencia cada vez más complejo. Solo hay que ver cómo en unos años nuestros gobiernos de derechas e izquierdas lograron que un fenómeno de violencia caracterizado por el conflicto entre dos pandillas se convirtiera en uno entre pandillas contra nuestra PNC. Solo en unos años la PNC, uno de los orgullosos resultados de los Acuerdos de Paz, se ha convertido en una institución que solapa la violación a derechos humanos, no solo de pandilleros, sino de todo aquel que a ojos de algunos policías se les parezca.

Denunciar los abusos de poder y demandar a nuestras autoridades el respeto a la ley y a los derechos que nuestra constitución reconoce para TODOS, no tiene nada que ver con defender a delincuentes. Como cualquier otro individuo que haya cometido crímenes, los pandilleros tienen que ser perseguidos, procesados y castigados, pero siguiendo lo que nuestro Estado de derecho manda. Que la policía y todo el sistema de justicia se apegue SIEMPRE a la ley es la única garantía que TODOS tenemos de que nuestro derecho de acceso a la justicia se respete. Pero si consentimos que esos límites desaparezcan para algunos, aunque sean los más malos y odiados, entonces estamos consintiendo que se esfumen para cualquiera, también para nosotros y los nuestros.

¿Entonces, a quién defienden los periodistas al denunciar los abusos de poder de la PNC? Al Estado de derecho, a la policía, a usted y a mí. Las amenazas, insultos y odio hacia ellos derivan en detrimento de ese Estado de derecho y al final en detrimento nuestro. Por la larga historia de autoritarismo y represión que arrastramos, esta debería ser ya una lección aprendida por El Salvador y, en lugar de vilipendiar a los periodistas, deberíamos exigir con voz fuerte y clara el respeto estricto a la ley.

*Laura Aguirre es Doctora en sociología por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.