Acusan formalmente a exfiscal por Divulgación de material reservado

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes el requerimiento formal ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador en contra del exfiscal general Luis Martínez por el delito de Divulgación de Material Reservado, por lo que Martínez volverá a someterse a una nueva audiencia.

El delito se suma a los de Omisión de Investigación y Fraude Procesal por el que el Juzgado Séptimo de Paz estableció ayer libertad condicional para Martínez y ocho involucrados más en una red de corrupción de la justicia. No obstante por este nuevo requerimiento, Luis Martínez aún no puede recuperar su libertad condicional.

La nueva acusación contra el exfiscal general se refiere a la divulgación de llamadas telefónicas intervenidas al sacerdote Antonio Rodríguez, conocido popularmente como el “padre Toño”, quien el pasado 26 de agosto, demandó al exfiscal por dicha divulgación de lo que él llama divulgación de llamadas íntimas.

En agosto de 2014 el exfiscal general Luis Martínez, reveló llamadas privadas del sacerdote para obtener su confesión, acusándole de Tráfico de influencias, por introducir ilícitos a centros penales y agrupaciones ilícitas.

Ante ello, en septiembre de ese mismo año fue condenado a dos años de prisión aunque la misma FGR pidió su libertad con la condición de no visitar centros penales ni contactar a miembros de pandillas. Además se le permitió cumplir su pena en libertad dentro o fuera del país.

De acuerdo a la Ley de Intervención de Telecomunicaciones, el delito de divulgación de material reservado tiene una pena carcelaria de seis meses a ocho años de prisión.

“El que revele, divulgue o utilice en forma indebida la información obtenida en el curso de una intervención de comunicaciones autorizada, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. El que por culpa cometiese la revelación, divulgación o utilización de la información obtenida mediante una intervención de las telecomunicaciones será sancionado con prisión de seis a un año”, dice el artículo 34 de dicha ley.

La audiencia iniciará este 30 de agosto para determinar si de este caso también obtiene medidas sustitutivas o permanece en prisión preventiva.