Agua y realidad en El Salvador ¿A alguien le importa?

Alonso Castillo Robles

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

Uno de los recursos naturales que más ha descuidado el Estado salvadoreño (Art. 117 Cn.) es, precisamente, el recurso hídrico, que siempre ha sido abundante en nuestro territorio tropical. En 1972 expertos israelitas asesores de CONAPLAN recomendaron planificar este recurso, a fin que El Salvador contara, a mediano plazo, con 220 distritos de riego y con reservorios de agua en toda la República. Aseguraban que en Israel anualmente caía sólo el 30 % de agua lluvia comparada con la que recibíamos en nuestro país; y con ese mínimo porcentaje ya eran el mayor exportador de tomates y flores hacia Europa Occidental.

Ocurrió en nuestro país “democrático” que, en los subsiguientes años, las fuerzas políticas polarizadas debilitaron muy conscientemente la planificación que se estaba aplicando, al parecer por motivos ideológicos contrapuestos. Para 1979, la planificación nacional dejó de existir.

Ahora, en 2017, el nuevo tipo de “politización” da la impresión que aboga por un interés nacional orientado al mejor aprovechamiento de nuestros recursos hídricos, pero ignora la previa planificación para el desarrollo sostenible. Veamos algunas interrogantes esenciales: ¿Puede el Estado salvadoreño proteger los recursos naturales sin ningún tipo de planificación para el desarrollo económico y social?, ¿Puede el Estado salvadoreño proteger el recurso hídrico para el uso equitativo de la población, únicamente con la entrada en vigencia de una Ley del Agua, sin planificación técnica?, ¿Puede “protegerse” el agua, sin resguardar el suelo, la flora y la fauna?, ¿Puede preservar el recurso agua, sin descontaminar los suelos de agroquímicos y de la basura de las ciudades?

Sabemos que en la Ley del Medio Ambiente, se incorporan disposiciones pertinentes desde su entrada en vigencia, en 1998, pero por ningún lado se observa una planificación de mediano y largo plazo para la gestión ambiental, con enfoque de cambio climático. Es relevante abordar el tema a partir del conocimiento de la realidad ambiental, iniciando con el diagnóstico de los requerimientos y dificultades de la población salvadoreña, y del conocimiento in situ de las necesidades medio ambientales, frente al consumo actual del agua contaminada, además, de las consecuencias de la insalubridad, tales como la insuficiencia renal y diferentes tipos cancerígenos (Art. 55 Cn.).

Es imperativo que se implemente la planificación nacional para el desarrollo sostenible, sin la cual el país no tiene futuro de prosperidad y se agravan las necesidades de la población. Las acciones públicas y privadas para la protección de los mantos acuíferos es una tarea gigantesca, que debe ser programada para el corto, mediano y largo plazo; se vuelve necesario, en el contexto de planes efectivos, promover la participación ciudadana en las instituciones de formación académica y en la práctica ciudadana, para la protección y mejora de los recursos naturales, en periodos meticulosamente establecidos.

Es valioso observar que pese a lo consignado en la Constitución de 1983, los recursos naturales, en especial el agua, continúan deteriorándose por lo limitado de la gestión estatal y privada. Algunos políticos afirman que El Salvador viene ejecutando proyectos ambientales, como parte de la vivencia de la democracia política, lo que parece ser propaganda electoral. La realidad presenta una recesión peor que la de hace 30 años, enfocada en la calidad de vida de la población respecto a la disponibilidad escasa del agua no contaminada para consumo humano y para riego en la producción agropecuaria (alimentación sana).

La democracia electoral actual debe mejorarse y avanzar hacia una auténtica democracia política, incluyente del elemento socio económico. El artículo 5 de la Ley del Medio Ambiente prescribe: “… el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones venideras”.

El cortoplacismo imperante no permite el desarrollo sostenible como ordena la Carta Magna. Dicho término aparentemente carece de significado jurídico y político en nuestro medio, cuando se olvidan las condicionantes para el desarrollo económico, la democracia política, la equidad y el equilibrio ecológico, las cuales están ausentes de la realidad nacional.