¿Amar a la gente?

Es cierto que el asedio de la criminalidad tiene a los pobladores en un grado crítico de desesperación, que a cualquiera hace pensar que la única salida para esta delicada situación, es armarse y eliminar a los agresores a puro machete y bala. Pero cuidado, la criminalidad no se encuentra amarrada esperando que los lleguen a matar. No solo eso, los criminales tienen experiencia en cometer cualquier acto que lesione a sus víctimas, sin que por ello les remuerda la conciencia, y la gente honrada, supuestamente, se va a defender con las armas que se le entreguen. Tengo mis dudas, primero si saben usarlas, y segundo, si tendrán el valor de usarlas contra una persona, aunque sea el criminal que les quiere arrebatar sus bienes o la vida, suya o de sus seres queridos.

La iglesia Católica, (que en opinión de muchos no debería inmiscuirse en estos temas, porque su acción es en otros campos) o por lo menos su máximo representante ha expresado su negativa a acompañar esta propuesta, ya que la violencia no se resuelve con mas violencia. Por el contrario, el diputado presidente del Órgano Legislativo, no sólo ha tomado la iniciativa para elevarla a categoría de ley – aunque ya ha aceptado haber colaborado económicamente con una comunidad en el departamento de La Paz- cree fervientemente que la solución del país es precisamente armar a las comunidades civiles para que ejerciten su derecho a la legítima defensa.

La población debe conocer que el derecho a la legítima defensa es una opción justificable que concede el derecho procesal penal, que hay que probar ante un juez. No solo basta decir que ejerció el derecho a legítima y por eso eliminó a determinado individuo. Por su parte, el director de Policía tiene sus legítimas reservas a este proceder que se puede convertir en una modalidad antojadiza, y provocar una reacción entre los participantes de semejante conducta.

El director de la PNC, con buen criterio ha expresado que en caso de aprobarse por las autoridades la propuesta, esta debería estar completamente regulada, y los integrantes, debidamente entrenados, para evitar desgracias que se podrían omitir para evitar duelos innecesarios en la familia salvadoreña.

Un arma no es un juguete, y la vida real no es una película donde todo va a salir bien. Además de todo lo expresado, hace falta recalcar que autorizar tan delicada y peligrosa respuesta para solucionar el problema delincuencial, significará el reconocimiento de que el estado ha fallado en cumplir uno de sus fines primordiales, y lo haría caer en un estado fallido, con sus consecuencias a nivel internacional.

Es indudable que en esta situación que abate a todo el territorio nacional, en unos lugares mas que en otros, y a todo nivel social como lo demuestra el plan JAQUE, que descubrió estructuras de todo nivel social, alguien, o algunos, dejaron que el mal creciera mas rápido que la contraparte, y aparentemente le esté ganando la carrera. Exfuncionarios que pretendieron descollar con el tema de los derechos humanos, cargan sobre sus hombros una gran responsabilidad, en su fanatismo por defender a quienes, efectivamente, deben de gozar derechos humanos, pero descuidando al infinito los de las víctimas de aquellos.

En este tema, también es necesario considerar que las comunidades armadas, en cualquier momento pueden sentirse fortalecidas, y revertir su finalidad social en interés propio y con ello volverse contrarios a la finalidad que los ha creado. Lo dicho no es remoto, como lo vemos que ha ocurrido con agentes de policía que han cambiado su misión por valores delincuenciales, seducidos por carteles de la droga, o pandilleros. Delicado tema este, que debe ser analizado por criminólogos, sociólogos y especialistas.