ANÁLISIS. Cinco interesantes sentencias recientes de la Sala de lo Constitucional.

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

Reseñamos conceptos de cinco interesantes sentencias recientes de la Sala de lo Constitucional.

1-) Inconstitucionalidad 22-2011, de 15 de febrero de 2017. Esta decisión versa sobre el NASCITURUS. Las disposiciones controladas en este caso fueron los arts. 72 inc. 1° y 72 del Código Civil. En el fallo de la decisión, la Sala constató -por ser inconstitucionales- la derogatoria de ambos preceptos sólo en cuanto contienen expresiones que condicionan la existencia legal del concebido al hecho del nacimiento. Para el tribunal, el ser humano desde la concepción y hasta antes del nacimiento, es sujeto de derecho o tiene personalidad jurídica. Una consecuencia de esto es su innegable titularidad de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, con la correlativa obligación del Estado de garantizar su protección; pero se aclaró que este derecho no es absoluto. También determinó que la diferencia entre las personas nacidas y las que están por nacer está influida por la gradualidad o progresividad del desarrollo vital, por lo que no desmerece la protección de la vida humana prenatal ni reduce en abstracto la obligación estatal en dicho sentido, pero sí puede justificar valoraciones diferenciadas de protección o de los derechos en conflicto, en su caso, a partir de las fases o estadios de dicho desarrollo.

2-) Inconstitucionalidades 136-2014/141-2014 Acumuladas, de 15 de febrero de 2017. Se refiere a LA PUBLICIDAD DE LOS DEUDORES DEL FISCO. Aquí fueron impugnados los arts. 277 y 277-A del Código Tributario (CT). La Sala de lo Constitucional sostuvo en la sentencia que dichas disposiciones legales no eran inconstitucionales. Para el tribunal, el contenido del art. 277 CT está relacionado con información estrictamente tributaria, que se origina dentro de un ámbito público y su difusión se corresponde con otros intereses constitucionales, como el derecho de acceso a la información pública. Por su parte, en lo atinente al art. 277-A CT, se consideró que admitía una interpretación conforme a los derechos a la autodeterminación informativa y al honor, básicamente, porque los extractos de los proveídos que deben publicarse se refieren a decisiones sobre incumplimiento de obligaciones tributarias que han adquirido firmeza.

3-) Inconstitucionalidades 13-2014/60-2014 Acumuladas, de 15 de febrero de 2017. Se abordó la SUSPENSIÓN DE LOS EMBARGOS A PRODUCTORES DEL CAFÉ CON CRÉDITOS PROVENIENTES DE FICAFE y FEC. El tribunal determinó en el fallo que las disposiciones que se impugnaron no violaban la Constitución. Las razones que se adujeron fueron que, por una parte, el derecho a la protección jurisdiccional no había sido infringido ya que la suspensión de embargos y de acciones ejecutivas que regulan dichas disposiciones no anulan o suprimen el mencionado derecho, sino que únicamente postergan o demoran la oportunidad para su ejercicio; y, por otra parte, la suspensión de pagos y de acciones ejecutivas limitan el ejercicio de los derechos a la libre contratación y libre empresa, pero no en forma desproporcionada e inconstitucional.

4-) Inconstitucionalidad 44-2011. Cuyo tópico fue LA PRESUNCIÓN LEGAL DE PATERNIDAD en los casos en que el demandado se opone a aportar la prueba necesaria para establecerla. La Sala sostuvo que dicha presunción no violaba los derechos a la protección y de defensa, pues en el proceso el demandado cuenta con la oportunidad de presentar su argumentación y puede controvertir los hechos alegados en su contra. La relevancia de esta sentencia está en que desarrolló pormenorizadamente el derecho a la prueba, el principio de aportación, las cargas probatorias tradicionales y dinámicas, así como el fundamento constitucional de estas últimas.

5-) Por último, está la Inconstitucionalidad 8-2016, de 19 de diciembre de 2016. EL TRIBUNAL DE INGRESOS Y ASCENSOS DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL declaró inaplicable ciertas disposiciones que incorporaban a los Inspectores de algunas Promociones, al Quinto Curso de Ascenso al Grado de Inspector Jefe; pero la Sala declaró no ha lugar el inicio del proceso de inconstitucionalidad requerido por ese tribunal. En esta decisión se sostuvo que sólo los funcionarios cuyas decisiones reúnen la nota de imperatividad inmutable pueden ejercer el control difuso. Y las decisiones del referido tribunal de la PNC no cumplen esta condición, por lo que constitucionalmente no está habilitado para declarar inaplicabilidades.