ARENA y otros beneficiados por Charlaix

 ContraPunto.com Sábado 15 2016 . Charlaix argumenta que lo hizo bajo la figura de colaborador del Presidente de la República para el manejo de los gastos reservados y secretos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Pleno estableció que existen indicios suficientes de enriquecimiento ilícito del exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, por lo que ordenó se inicie el respectivo juicio en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, la inmovilización de cuentas bancarias, la anotación preventiva de bienes inmuebles y la restricción de transferencia de propiedad de una serie de acciones en distintas sociedades, informó la CSJ este viernes de manera oficial.

La CSJ determinó, ante los hallazgos realizados por la Sección de Probidad a partir de un análisis de lo declarado por el exfuncionario y los datos que constan en los informes rendidos por distintas entidades públicas y privadas, la existencia de irregularidades e indicios que presumen enriquecimiento ilícito por un monto no justificado de $18,767,445.84. Además existen pagos a créditos hipotecarios y pagos de tarjetas de crédito cuyo origen de los fondos con los que se realizaron no se logró aclarar.

De acuerdo a la notificación oficial emitida por la CSJ, además del mismo Charlaix hubo otras personas naturales y jurídicas quienes también recibieron cheques provenientes de cuentas institucionales de la Presidencia de la República.

“Conforme a la investigación realizada por la Sección de Probidad se estableció que de cuentas bancarias institucionales de la Presidencia de la República se libraban cheques a nombre de personas naturales y jurídicas, los cuales en su mayoría eran depositados en cuentas personales del señor Charlaix Urquilla”, expresa el comunicado oficial de la CSJ.

De acuerdo con la CSJ, en particular, se libraron cheques a favor del expresidente Elías Antonio Saca por la cantidad de $15, 056,249.00; del mismo señor Charlaix se emitieron cheques por la cantidad de $5, 878,686.23.

Por otro lado, de los mismos fondos públicos se entregaron otras cantidades de dinero a favor de las siguientes personas: Pablo Gómez $1,983,421; Julio Roberto Zamora Bolaños, $1,166,665; Francisco Rodríguez, $570,515; Julio Rank, $497,406.36; José Antonio Salaverría Borja, $49,443.62; Cesar Reyes Dheming, $87,571.98; César Funes, $45,000; también se emitieron cheques a personas jurídicas, entre ellas, al partido ARENA por $400,000 y diversas empresas de publicidad.

 

Asimismo, la CSJ expresa que en su defensa, Charlaix argumentó que los depósitos en las cuentas particulares provenientes de fondos públicos se realizaron al amparo de un acuerdo emitido por el presidente Saca mediante el cual lo nombraba como “colaborador del Presidente de la República, para el manejo de los gastos reservados y secretos y que abarcan todas aquellas actividades relativas a la inteligencia del Estado”.

Además sostuvo que dicho nombramiento se basó en el “reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”,

Charlaix habría manifestado que el uso de estos fondos se constituyen como secreto de Estado y que sus actuaciones fueron constitucionalmente válidas ya que los criterios de control sobre las partidas para gastos imprevistos fueron emitidos por la Sala de lo Constitucional después de su gestión.

No obstante, la CSJ asegura que solicitó información a la Presidencia de la República, quienes respondieron que en los registros de dicha institución no consta la existencia de los mencionados documentos; por otro lado, según informe remitido por la Gerente del Diario Oficial, tampoco aparece que dicho reglamento haya sido publicado.

Por lo anterior, la CSJ determinó el juicio civil contra Charlaix y manifiesta que carece de sustento jurídico alguno la transferencia de fondos estatales a cuentas personales de un funcionario, ya que contraría los ideales de transparencia y permite un manejo discrecional de fondos públicos.

Además la CSJ consideró que es preciso informar a la Fiscalía General de la República el resultado de la investigación con el objeto de que analice la existencia de hechos delictivos, no sólo por parte del señor Charlaix Urquilla, sino también de aquellas personas naturales y jurídicas destinatarias de los fondos públicos, así como los funcionarios que facilitaron o autorizaron la erogación de tales cantidades.

La resolución fue firmada por los 15 magistrados en pleno de la CSJ.