Caminata para una mejor Ley General de Aguas

En el marco de la conmemoración del día mundial del medio ambiente, el colectivo conformado por comunidades, iglesias, organizaciones, centros escolares, y articulaciones juveniles que defienden la vida, el agua y la comida, se reunieron para exigir una mejor Ley General de Aguas.

Escrito por: Vladimir Martínez

Celebrando el centenario de Monseñor Romero recordándolo como signo de lucha por la vida y sustentabilidad de las personas y los seres vivientes, los participantes defendieron la vida, el agua y la comida con su marcha. Enfatizaron que el agua no puede ser considerada como un bien de mercado, sino como un derecho humano.

Fray Domingo Solís, director de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación  (JPIC), comentó acerca de la realidad de nuestro país: “Vemos a bien que la Asamblea Legislativa inserte en su agenda el tema de la Ley General de Agua, como un derecho humano, como un bien común y no como un articulo de venta y de ganancias. Es justo repetir que la destrucción de la creación es una expresión del capitalismo voraz en nuestro país y en nuestros países vecinos, empobrecidos, explotados por la destrucción y los intereses de las grandes empresas y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras”.

La marcha comenzó en el Parque Cuscatlán y continuó sobre la 25ª Avenida sur norte, Blbd. Tutunichapa, calle Intercomunicador, Diagonal Universitaria, Alameda Juan Pablo II, 13ª avenida norte, finalizando en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa para entregar un documento que expresa sus demandas para la nueva Ley, aprovechando que es día de plenaria.

Fray Solís expresó las demandas en específico: “Después de 17 años de realizar la caminata ecológica, creemos necesario que la asamblea legislativa considere una justa e integral legislación sobre el derecho al agua y es por eso que demandamos una ley de agua con los siguientes criterios: Que se respete el derecho al agua y su saneamiento; que se prohíba la privatización del agua subterránea y superficial; que sea legislada como un bien social y no económico, por lo tanto nos oponemos a cualquier negociación de propuesta de ley que contraríe este criterio; asegurar la participación de las comunidades en la toma de decisiones, para velar por la gestión integral y sustentable del agua como de su saneamiento.”