Contra el desacato de la Sala

 

Ricardo Paniagua

En el sitio web de Rebelión, Luis Francisco López Guzmán ha publicado una columna llamada ‘Un llamado al desacato’. A continuación y brevemente, examinaré la esencia de sus argumentos para ofrecer al lector algunas razones para reconocer una tesis ulterior que se sobrepone a la corriente de opinión del Gobierno salvadoreño que intenta desprestigiar a la Sala de lo Constitucional.

López Guzmán inicia su columna utilizando una falacia ad hominem para desvirtuar el rol de la Sala de lo Constitucional en la opinión pública salvadoreña. Luego refiere que el papel de la Sala radica en la defensa de la ideología burguesa y el orden económico capitalista. De hecho, la construcción total de sus ideas para criticar el rol de la Sala gira en la anterior noción que exige argumentaciones de mayor calibre, pero encontramos contradicciones que reflejan el sacrificio de mínimas y serias lecturas por la exaltación ideológica-partidaria.

Así pues, es académicamente impracticable referir que ‘la elección de Edward Sidney Blanco Reyes, Florentín Meléndez Padilla, José Belarmino Jaime y Rodolfo Ernesto González Bonilla en (…) 2009 para magistrados (…) constituye el nacimiento de la trinchera que defenderá el interés capitalista’. ¿No recordará López Guzmán que las distintas reuniones para la selección de tales magistrados tuvo lugar en Casa Presidencial y sería de visto bueno inclusive por la fracción legislativa del FMLN y del entonces presidente Mauricio Funes?

Más adelante el abogado salubrista nuevamente arremete contra las ‘fuerzas conservadoras’ que eligieron a los magistrados descuidando los hechos sucedidos en ese año que empezó a dar de qué hablar la actual Sala como la declaratoria ‘inconstitucional al fuero del que gozaban los editores o jefes o directores de medios de comunicación por la publicación de expresiones que constituyeran delitos contra el honor o contra la imagen’ o la tan deleznable partida secreta de la Presidencia de la República que presumiblemente Antonio Saca corrompió según el partido ARENA y para la cual Schafik Hándal y Gerson Martínez interpondrían un fallido recurso de inconstitucionalidad.

Otro par de objetivos de los magistrados que le agrega López Guzmán son ‘ahogar económicamente [a] los gobiernos afines al FMLN y desacreditar

hasta cambiar el régimen político electoral’. Sostener pues que ‘los magistrados intentan ahogar económicamente a los gobiernos afines al FMLN’ no es propio de alguien que haya estudiado filosofía, puesto que en tal enunciado, encontramos más de dos inexactitudes: (a) este no es un gobierno afín al Frente, es el Gobierno del Frente Farabundo Martí…; (b) se declaró inconstitucional la forma en que se votó por los $900 millones de dólares en el parlamento y no la medida como tal (cualquiera que tenga un par de horas de tiempo lo podrá leer en la sentencia sin dificultades de entenderlo) (c) la Sala declaró improcedentes dos recursos presentados por ARENA para el recuentos de votos en la elección que daría como ganador a Salvador Sánchez Cerén, ¡pero según López Guzmán es un objetivo que tiene la Sala en agenda el cambio de partido político en el Ejecutivo!

Es una suerte que a pesar de que la administración central haya endosado muestras de apoyo a los miembros organizados del FMLN a protestar contra la Sala (como si se trataran de dos entidades distintas), no se sienta lo suficientemente valiente para desacatar formalmente las producciones jurídicas de la Sala de lo Constitucional, como anhela y concluye López Guzmán.

Después de todo, López Guzmán y muchos otros intelectuales, no consiguen descifrar un comportamiento común del FMLN gobernante: se exalta en producir discursivas usuales del vocabulario histórico de izquierdas, pero en el quehacer gubernamental administra una economía de mercado y protege los intereses de sus grupos empresariales e ideológicos más importantes afanándose en vender la quimera que gobierna por el ‘buen vivir’ de todos y crea enemigos culpables de la mediocridad administrativa gubernamental.