¿Corte de Cuentas de los partidos políticos? Un alacrán sin chuzo

 

 

Jorge Castillo

En una encuesta sobre corrupción, realizada hace 13 años por el IUDOP de la UCA, solo la mitad de los salvadoreños sabía de la existencia de la Corte de Cuentas (CCR). El 60% de quienes la conocían, opinaron que promovía o encubría la corrupción. Solo un 28% de los encuestados relacionaba corrupción con falta de transparencia.

 

Para el año 2003, era poco el énfasis para que nuestros funcionarios públicos actuaran con transparencia. No habían muchas exigencias (como las que ahora vemos) para que instituciones como la CCR asumieran su rol con independencia.

Posteriormente, el estudio “Las instituciones democráticas en El Salvador. Valoración de rendimientos y plan de fortalecimiento” (FUSADES/Universidad de Salamanca, 2005)  despertó    conciencias. El capítulo 7 inicia así: “El manejo de los fondos públicos es un presupuesto fundamental de la legitimidad democrática y la eficiencia económica de los entes públicos. En El Salvador se advierte la falta de independencia de la CCR, su politización y su excesiva discrecionalidad para intervenir en determinados casos.”

La exigencia en la CCR se ha tomado bastante en serio y, a la fecha, esa institución tiene un palmarés impresionante: cuatro presidentes destituidos, más la primera demanda de inconstitucionalidad contra el actual.

Ocurre que el legislador quiso que la fiscalización gubernamental fuese desempeñada por un organismo independiente  del Órgano Ejecutivo. Esa independencia es establecida en el Art. 195 de la Cn. desarrollada en el Art. 2 de la Ley Especial que rige su actuación y reconocida por la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia.

De ninguna manera se podría concebir una CCR que dependa de los dictados de otros órganos a los que debe auditar, por tanto:

1º) Se posiciona frente al propio Órgano Legislativo: “la exigencia de sometimiento al ordenamiento jurídico, formulada en el Inc. 3º. Art. 86 Cn. no conlleva sumisión a actos del mencionado Órgano, diferentes a la producción de la Ley” (Sentencia del 16 de julio de 2002, Inc. 11-97, Considerando IV, 1 y 4).

2º) Su gestión debe ser realizada sin presiones o amenazas funcionales, administrativas o presupuestarias.

3º) Su independencia la faculta para dictar su propia reglamentación, normas técnicas y procedimientos para el ejercicio de sus funciones administrativas.

4º) Su autonomía funcional la subordina únicamente a la Constitución y a la Ley que rige su actuación.

5º) Es claro el espíritu del legislador. Al facultar a la CCR para presupuestar sus necesidades financieras y ejecutarlas, lo hizo para evitar que sobre ella se ciernan  amenazas de actores externos (ánimo político-persecutorio o anhelo de coartar, minimizar o distorsionar su función fiscalizadora) para someterla a sus designios mediante recortes presupuestarios.

La Asamblea Legislativa ha dispuesto cercenar un aspecto fundamental de la autonomía económica de la CCR: la facultad de formular su propio presupuesto. Esa facultad no es, ni capricho, ni antojo, ni ocurrencia loca, es sencillamente la capacidad de disponer de recursos propios  al margen de la intervención, directa o indirecta, de otros Órganos a los que la CCR debe auditar.

La medida legislativa es una acción política intimidatoria. Persigue sometimiento, manipulación, dominio, chantaje y/o persecución hacia el máximo ente fiscalizador del Estado salvadoreño. Busca mantener a la CCR como un “alacrán sin chuzo”.

Como lo ha sostenido la CSJ, la independencia de la CCR no es un privilegio, más bien se constituye en una garantía de la función que realiza, dado que la misma es eminentemente técnica, en cualquiera de las dos etapas que integran el proceso de fiscalización: la auditoría gubernamental  y el juicio de cuentas.

Que de 1989 hasta el día de hoy, componendas políticas hayan posibilitado que la CCR sea  conducida por funcionarios con afiliación, afinidad o vinculación material partidaria, es innegable, pero la solución no pasa por asfixiar financieramente a la CCR (como seguramente ocurrirá) sino impregnarla de más honestidad, más transparencia y más capacidad. Y  que esto ocurra de la manera más correcta, de arriba hacia abajo.