Desencanto, pugnas, más de lo mismo, arranca la campaña…

Roberto Cañas

Es oficial. El Tribunal Supremo Electoral, la mañana del 4 de octubre, convocó para las elecciones de alcaldes, diputados y concejos municipales, que se desarrollarán el domingo 4 de marzo de 2018.

A cuatro meses del evento electoral, el nombre que tienen las elecciones es apatía, lo dicen reiteradamente las encuestas. En el ambiente electoral se respiran aires de una muy probable baja participación el primer domingo de marzo de 2018.

Es comprensible, el escepticismo ciudadano, sobre la utilidad de los próximos comicios, la percepción de las personas es que la política y los políticos no les resuelven sus problemas: al consultar a los salvadoreños sobre la situación del país con el actual Gobierno, el 56.7 % opina que está peor desde la llegada de la administración Sánchez Cerén.

Las personas se dan cuenta todos los días que la política no les da de comer, su economía no mejora, no hay empleo y todo está caro y por otro lado la delincuencia y la inseguridad del país no disminuyen. Ciertamente el absentismo y el voto desencantado son la reacción ante la falta de capacidad de la clase política de resolver los problemas nacionales.

Caracterizar el estado actual del proceso electoral es importante, pues hay razones de sobra para pensar que hay problemas serios que amenazan el buen desempeño de las próximas elecciones.

Para empezar hay un tema no resuelto, es el tema del financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales. La relación del dinero y la política no es transparente y tampoco es sana, pues quien financia a políticos, después pide favores.

Esta es hora que el Tribunal Supremo Electoral no tiene una unidad de fiscalización que pueda controlar la situación del financiamiento privado. Las reglas no se cumplen y no se publicita: ni quien dio el dinero, ni cuánto se entregó a  los candidatos, ni hay manera de obligarlos a que rindan cuentas sobre en qué gastaron el dinero que recibieron.

El financiamiento privado electoral, es un agujero negro. Los partidos políticos gastan en las campañas mucho más de lo que declaran y no hay mayor control sobre el origen de los fondos. No se sabe cuánto cuestan las campañas electorales, cuánto gastan en ellas los partidos políticos ni quién las financia. Este es el crudo diagnóstico de la financiación electoral a cuatro meses de los comicios legislativos y municipales del próximo 4 de marzo 2018.

Otra de las grandes interrogantes que existen en relación al próximo evento electoral es la integración de los organismos electorales temporales, más concretamente las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Hoy existe una “ciudadanización”: los miembros de las JRV no deben ser parte de los partidos políticos, pero son los mismos institutos políticos los que proponen los candidatos, hoy, los militantes se convirtieron en “no partidarios”.

En las Juntas Receptoras de Votos y en el conteo de los sufragios se definen las elecciones. Al inicio de octubre no se sabe ¿dónde están?, ¿ni quiénes serán? los miembros de las JRV que deben ser capacitados por el Tribunal Supremo Electoral, pero sucede que no hay presupuesto para instruirlos; por allí se habla de una “Aula Virtual” donde aprenderán.

La incertidumbre es la palabra que mejor explica lo que pasa. La verdadera realidad es que no hay pisto para la logística electoral, no hay recursos para financiar ni el transporte, ni la comida de los integrantes de las juntas receptoras de votos, nadie sabe si estos ciudadanos tendrán la mística para levantarse a las tres de la mañana para prepararse para la jornada electoral ni si aguantarán este súper agotador día de las elecciones.

Por otro lado, no hay garantías de transparencia en el escrutinio: el conteo de los votos será manual. No habrá tecnología para contar votos en 12 departamentos. No debemos olvidar que en los comicios de diputados y alcaldes de 2015 en San Salvador se tuvo que esperar un mes para conocer los resultados finales. Es complicado el conteo de los votos en nuestro querido país.

Ante todo esto la gran tentación para muchos es anular el voto, pero en nuestra legislación los votos nulos, de abstención, e impugnados, no tienen ningún efecto para definir los escaños legislativos. Efecto jurídico tienen únicamente, para anular las elecciones cuando los votos nulos y abstenciones superen la totalidad de los votos válidos.

Caracterizadas así las cosas en el tema electoral solo queda recordarle a los ciudadanos la frase de Platón: ”El precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los hombres peores”.