Diputados piden investigar al OIE por espionaje

Enero 23 2018.  Los seguimientos a periodistas y políticos realizados por agentes del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) deben ser investigados por una comisión de la Asamblea, dicen diputados de oposición. El ministro de Justicia respalda que se investigue a los cuerpos de inteligencia del Estado, pero el FMLN, que una vez pidió auditar al OIE, ahora dice que solo hay “especulaciones”.

Gabriel Labrador. El Faro.Net . Diputados de las comisiones de Seguridad y de Defensa de la Asamblea Legislativa investigarán el trabajo del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y pedirán explicaciones a las autoridades, a través de una comisión especial en la Asamblea, por los seguimientos realizados a periodistas, políticos y funcionarios públicos considerados como opositores por el gobierno del FMLN.

Los diputados de Gana, Guillermo Gallegos y Juan Carlos Mendoza, junto a Mauricio Ernesto Vargas y Óscar Cabrera Candray, ambos de Arena, sostienen que la Asamblea debe interpelar a los responsables del aparato de inteligencia del Estado, luego de que este periódico revelara que agentes del OIE vigilan a políticos para chantajearlos y a periodistas como un medio para llegar a sus fuentes. En el caso de los periodistas de El Faro, se ha logrado comprobar que los seguimientos han sido constantes desde 2011 hasta 2017. Un quinto diputado, Antonio Almendáriz, del PCN, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que su apoyo dependería de las pruebas que se adjunten en una eventual pieza de correspondencia en la Asamblea.

Ernesto Vargas, excomisionado presidencial para la negociación de los Acuerdos de Paz de 1992, se ha comprometido a pedir esa interpelación. Vargas fue miembro de la comisión que debatió y escribió los Acuerdos, que desarticularon los cuerpos de seguridad de las dictaduras militares, y ordenaron un giro al trabajo de la inteligencia del Estado, otrora utilizada para perseguir a los opositores políticos.

“Sí, voy a pedir la interpelación. Estamos viendo con los abogados cuál sería la persona a ser citada”, dice el diputado.

Según Almendáriz, esta interpelación no solo podría realizarse a través de la Comisión de Seguridad; la Constitución ordena a los diputados a crear comisiones especiales o interpeladoras para los funcionarios encargados de la seguridad y la inteligencia del Estado. La Asamblea Legislativa puede recomendar al presidente de la República, máximo responsable de las instituciones de inteligencia, la remoción de las autoridades del OIE si se determina que hay razones justificadas. La recomendación de los diputados es de caracter vinculante cuando recae sobre funcionarios del gabinete de seguridad. La Constitución ordena monitorear el trabajo del OIE, sobre todo si hay sospechas de violaciones a los derechos humanos en sus acciones. Esa facultad fue introducida gracias a los Acuerdos de paz y se mantiene vigente, aunque a la fecha nunca ha sido utilizada.

“No siempre lo que publica El Faro es de mi agrado, pero aquí hay libertad de expresión y es prohibido, totalmente prohibido, que las autoridades usen la inteligencia del Estado para fines que exceden sus funciones”, dice Vargas.

En sintonía con Vargas, el diputado Almendáriz señala que no es correcto el uso de la inteligencia del Estado para vigilar periodistas y descubrir sus fuentes. “Esa no es misión de la OIE, eso sería un abuso. De comprobarse el mal uso, estaríamos de acuerdo en apoyar la iniciativa”, dijo.

El diputado Cabrera Candray cree que hay por lo menos dos comisiones que podrían interpelar de inmediato al director del OIE, Edgardo Lizama: la comisión de seguridad y combate a la narcoactividad o la comisión de defensa nacional. “A la comisión sí tiene que llegar cuando se le solicite [el director del OIE]. A mí me gustaría que cualquiera de las dos comisiones lo llamaran para ver qué se pueda hacer para mejorar la inteligencia del Estado y que no sirva para acosar a nadie”, dijo Candray.

“El tema de la comunidad de inteligencia es de investigar, no acosar, en ese sentido, si se está abusando la autoridad, creo que sería bueno hacer las consultas necesarias y sentar en el banquillo de los acusados al que esté sobrepasando sus funciones”, agregó el diputado de Gana, Juan Carlos Mendoza.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, también se sumó al coro de legisladores que creen conveniente hacer una revisión del trabajo del OIE.

“Lo ideal es que la Asamblea pueda manifestarse o tomar alguna acción para que este tipo de situaciones, que se han venido dando en todos los gobiernos, ya no se repitan”, dijo.

Pese a que los hechos confirmados por El Faro narran seguimientos físicos realizados por agentes de campo del OIE, el diputado Gallegos insistió en introducir el tema de las escuchas telefónicas a la discusión. “Me parece que es constitutivo de falta o delito el utilizar medios del Estado para poder escuchar o interceptar llamadas sin autorización como lo establece la Ley de intervención telefónica, a políticos, periodistas o cualquier otra persona”, dijo. El Faro intentó pedirle aclaraciones sobre este punto, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En el reportaje, periodistas de Revista Factum también denuncian que agentes del OIE han estado detrás de hostigamientos digitales al medio a través de redes sociales, luego de que revelaran, en agosto de 2016, la existencia de un grupo de exterminio en las filas de la Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES).

El OIE, sin embargo, ya ha sido señalado por estar detras de escuchas telefónicas. En el año 2000, El Diario de Hoy (EDH) publicó una investigación sobre intervención de llamadas telefónicas en contra de empresarios, políticos y periodistas a través de una terminal fantasma enlazada con las terminales de la compañía TELECOM. La intercepción de las llamadas se realizaba a través del código B9 (empleado para las líneas intervenidas). La mirada de la Comisión de Seguridad de la Asamblea apuntó hacia el OIE luego de una denuncia del empresario Jorge Zedán (entonces dueño de SALTEL, competencia de TELECOM), pero también de declaraciones comprometedoras de exfuncionarios del segundo gobierno de Arena, quienes aseguraron que esa terminal se encontraba en Casa Presidencial. El caso no pasó a más.

Que los datos de inteligencia se usen con fines políticos rompe con la Constitución y con el mandato de los Acuerdos de 1992 que traspasó el aparato de inteligencia del Estado del control militar a control civil y se extinguió así la Dirección Nacional de Inteligencia que se había caracterizado por proveer información para la persecución política de los considerados enemigos del Estado. La nueva doctrina del OIE quedó plasmada en los Acuerdos de Chapultepec de 1992: “El régimen legal, la formación del personal, las líneas organizativas, las directrices operativas y, en general, la doctrina del OIE se enmarcarán centro de los principios democráticos; de la noción de la Inteligencia de Estado como una función de éste para el bien común, ajena a toda consideración política, ideológica o de posición social o a cualquier discriminación; y del estricto respeto a los derechos humanos”, reza el apartado 7 del capítulo 1 sobre la Fuerza Armada.

El OIE, creado en 1992, se supone, tendría plena observancia de las garantías constitucionales, entre ellas, el de la “intimidad personal y familiar” de la que habla el artículo 2 de la Constitución. El artículo 3 de la Ley de OIE también establece que el organismo “es un ente de carácter civil, profesional y apolítico al servicio de la sociedad y el Estado”.

Y el reglamento, en su artículo 2, ordena un apego irrestricto a los derechos humanos: “Para el cumplimiento de sus competencias, el OIE estará sujeto a lo establecido en la Constitución, Ley del OIE, y demás legislación que resultare aplicable con irrestricto respeto a los derechos humanos”.

En el caso de seguimientos a periodistas de El Faro, este medio ha interpuesto una denuncia ante la PDDH por un evento ocurrrido en 2016, en el que un grupo de sujetos, que se presentaron como “policías”, tomaron fotografías a miembros del equipo en una conferencia de la PNC.

Al respecto, la procuradora Raquel de Caballero respondió que “ahora se supone que estamos en paz, en democracia. Si hay instituciones que están actuando al margen de la ley, tiene que reformularse esto”, dijo. Al preguntarle si investigaría a fondo al OIE, De Caballero mencionó que estaba haciendo un análisis con su equipo de trabajo y que si “lo consideraba pertinente” haría una “investigación exhaustiva” al respecto.

“Cualquier decisión que tome cualquier institución del Estado debe ser con irrestricto respeto a los derechos humanos. Y en un organismo de inteligencia, con mayor razón”, dijo la procuradora. Su adjunto en la PDDH, Gerardo Alegría, condenó los hechos publicados: ”El OIE no puede perseguir periodistas para investigar sus fuentes, ni investigar la vida privada de los políticos opositores, eso no es legal”, dijo Alegría, el martes 16 de enero, en una entrevista con El Faro Radio. “Los funcionarios del OIE no están exentos a responsabilidades legales, ahí entra el papel de la FGR para investigar”, agregó Alegría.

En septiembre de 2017, la Fiscalía abrió una investigación en contra del OIE luego de que este periódico revelara el audio de una conversación grabada en la que un dirigente del partido FMLN confirmaba que el uso del OIE para el espionaje de adversarios políticos es una realidad también en el actual gobierno. En dicha conversación Miguel Sáenz Varela, miembro del Consejo Nacional del FMLN, explicaba a sus interlocutores que gracias a las agencias de inteligencia estatal podía presionar a otros funcionarios, y se refería específicamente al presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Rogelio Rivas, a quien consideraba cercano a la órbita del alcalde capitalino Nayib Bukele, entonces en relación tensa con su partido y expulsado finalmente en octubre.

A raíz de la publicación de las declaraciones de Sáenz Varela, Arena interpuso un aviso ante la FGR para que esta emprenda una investigación sobre el uso que el Gobierno da al OIE y a las personas e instituciones adscritas a la comunidad de inteligencia. El diputado Cabrera Candray reclama el estancamiento del caso: “El presidente no ha dicho nada, ni el jefe del OIE, ni la Policía ni el Ejército. Eso es un vacío porque quiere decir que si un periodista se vuelve incómodo, lo pueden acosar con cosas que nada tienen que ver con la seguridad del Estado”.

Ministro de Justicia: “La inteligencia del Estado no está exenta del control”

Para hacer un diagrama del funcionamiento del OIE, El Faro habló con dos exdirectores y un exsubdirector del Organismo, dos exagentes y a un agente activo; también con un agente del Centro de Inteligencia Policial, un asesor presidencial en asuntos de inteligencia durante la administración de Mauricio Funes, un ejecutivo de la presidencia que en algún momento coordinó trabajo con el Organismo y con un policía ya retirado que hizo operaciones conjuntas con el OIE.

Las fuentes señalan que en el actual gobierno se ha creado una oficina que tiene acceso a información de las cuatro oficinas de inteligencia del país (OIE, Inteligencia Militar, Policial y Centros Penales) y hace análisis conjunto de esa información. La oficina depende del Ministro de Seguridad, y los agentes lo llaman “el CAI”. Según un agente activo del OIE, “CAI” significa Centro de Análisis de Información.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dice que las labores de inteligencia a su cargo están sometidas permanentemente al escrutinio público y al control de otras instituciones del Estado para que estas determinen si en su accionar ha existido violación a derechos humanos.

Ramírez Landaverde, el máximo funcionario responsable de la Subdirección de Inteligencia Policial y de la inteligencia instalada en el sistema penitenciaria, dijo, en un primero momento, que no podía pronunciarse sobre las irregularidades señaladas en el reportaje de El Faro porque estas dependían del presidente Sánchez Cerén. Sin embargo, Ramírez declaró que corresponde a la Fiscalía General de la República, la Inspectoría de la Policía Nacional Civil (PNC) y la PDDH determinar si las oficinas de inteligencia del Estado violan el mandato constitucional de recabar inteligencia para el Estado sin violar los derechos a la intimidad y privacidad.

“La inteligencia del Estado no está exenta del control por parte de las instituciones”, dice Ramírez. “Podemos dar garantías de que en el área de seguridad, Policía, Dirección de Centros Penales estamos sujetos al escrutinio público y a las labores de inspección y también de la sociedad civil. Hay un servicio de inspectoría en el área de seguridad, están otras instituciones como la PDDH e incluso el Ministerio Público como tal”, añadió.

La información de inteligencia producida por el Estado debería abarcar, según la Ley Orgánica del OIE, aquella referida a la seguridad nacional, defensa del territorio y el desarrollo. La ley dice que estos datos no pueden ponerse a disposición de terceros, y descarga en el presidente de la República la responsabilidad del manejo de la institución.

El ministro Ramírez Landaverde reconoció que sería un delito si las instituciones de inteligencia se han salido de su mandato legal. “Nosotros estamos sujetos a ese control”, insistió.

El exministro de seguridad de la primera administración del FMLN, Manuel Melgar, se desmarca de un uso de la inteligencia del Estado para labores de espionaje político en su periodo, pero también en este segundo gobierno del FMLN. “En ese período le puedo asegurar, absolutamente, que el OIE no fue utilizado para dar seguimiento a políticos o a periodistas. La misión del OIE es muy clara, y está establecida en su ley orgánica y su reglamento”, señaló quien dirigió el ministerio entre junio de 2009 y noviembre de 2011. Melgar es ahora el secretario privado de la presidencia.  Cuando se le preguntó a Melgar si consideraba que la ley del OIE era ambigua y que dejaba abierta la posibilidad a cometer espionaje político y persecusión a periodistas, respondio: “Yo no sé qué es lo que se supone que han hecho [el OIE], a mí tampoco me consta que lo hayan hecho. Porque a veces alrededor de los OIE hay mucha especulación”.

Uno de los diputados del FMLN en la comisión de seguridad, Misael Mejía, cree que el reportaje de El Faro levanta especulaciones y que no hay méritos para abrir una investigación en el Legislativo. Lo que plantea marcha en sentido contrario de lo que exigió el FMLN, en el año 2000, cuando el OIE respondía al expresidente Francisco Flores, el tercero que llegó al poder bajo la bandera del partido Arena. Luego de que el Diario de Hoy revelara el caso de las escuchas telefónicas, y de que la Asamblea le prestara atención, el FMLN pidió que se montara una comisión especial que interpelara al OIE. En aquella época el FMLN era el principal partido de oposición. La Asamblea, controlada por los partidos de derecha Arena y PCN, desestimó las pretensiones del FMLN y solo emitió un recomendable al presidente Flores para que se revisara el trabajo del organismo.

—En la comisión de seguridad, diputado, nunca se ha decidido interpelar a funcionarios del OIE por seguimientos como estos.

—No conozco que en este o el anterior gobierno se haya hecho lo que usted plantea. No creo que eso haya sucedido. A veces lo que hay es una serie de especulaciones alrededor de ese tema. La ley faculta a que se maneje con toda la discrecionalidad ese organismo, como sucede en todas partes del mundo.

—¿A corto plazo hay intenciones de interpelar al OIE?

—No he oído de ningún periodista, de ningún medio, de ningún diputado o institución que haya venido a pedir eso que usted dice. Ustedes deberían investigar el intento de depurar la Policía de manera maliciosa cuando fue director Mauricio Sandoval. En su tiempo también desaparecieron algunos equipos tecnológicos.

A nivel continental, el espionaje y seguimientos a periodistas fuera de los marcos normativos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos es considerado ilegítimo, debe ser investigado y sancionado, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de 2017, la Relatoría actualizó este señalamiento tras las denuncias de espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Según la Relatoría, “la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información”.

*Con reportes de Nelson Rauda Zablah y Jimmy Alvarado.