Drogadicción impune

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BENJAMÍN CUÉLLAR

“Corrupción es una palabra común en la actual América. Es la ley que rige donde no se obedece otra ley. Y está minando este país. Los legisladores honrados de cualquier ciudad pueden contarse con los dedos de las manos”. ¿Un luchador contra esa lacra social y política emitió esas categóricas afirmaciones? No. Fueron brindadas al periodista Cornelius Vanderbilt Jr. por el gran mafioso de la época, año 1931, conocido como Al Capone. Este criminal precisó que en Chicago solo bastaba una mano para hacer esa cuenta; no era necesario el par. Y acá, en El Salvador del siglo veintiuno, ¿bastará con dos o tres dedos?

“La virtud, el honor, la verdad y la ley –continuó Capone– han desaparecido de nuestras vidas. Somos de lo más listos. Nos gusta ser capaces de ‘sacar adelante las cosas’. Y si no podemos ganarnos la vida con una profesión honrada, de algún modo tendremos que hacerlo”. ¡Qué lindeza! Pero siguieron las exquisiteces de este prohombre del “bajo mundo” estadounidense, pronunciadas hace casi el centenar de años.

“Las personas que no tienen respeto a nada –añadió– temen al miedo. Y es sobre el miedo, sobre lo que yo he construido mi organización. Los que trabajan para conmigo no tienen miedo a nada. Los que trabajan para mí tienen confianza; no tanto por su paga, como porque saben que pasaría con ellos si esa confianza se quebrase. El gobierno de Estados Unidos blande un buen garrote ante quienes violan la ley y les dice que irán a la cárcel si la violan. Los que violan la ley se ríen y tienen buenos abogados. Algunos de los menos hábiles cargan con la culpa”.

Ostentación pura y dura; mescolanza de sentido común, cinismo a chorros, singular inteligencia, picardía descarada, lógica original y una buena dosis de perversidad. ¿Cuantos “patrones del mal” de similar o peor calaña, diestros y siniestros, con discursos y recursos parecidos se han regodeado históricamente con el patrimonio salvadoreño? ¿Cuantos distinguidos, finos y educados “señores de los cielos” lo han esquilmado hasta arrodillarlo ante la muerte, tanto lenta como violenta? ¿Cuántos? ¿Pocos, muchos?

¡Quién sabe! Nunca se habían investigado ni corruptos ni corruptores; cuando hasta hace poco se hizo, no se hizo en serio sino en medio de la eterna changoneta electorera en la que vive sumido este magullado terruño. De ahí la enorme dificultad para saber y entender el tamaño del fenómeno. En tal escenario, no resulta inapropiado y menos contraproducente insistirle a la gente que existe una relación directa entre corrupción y derechos humanos. La primera influye de manera clara, contundente y negativa en los segundos; los maltrata, estimula su depreciación y profundiza la precariedad en que se encuentran.

Es inaceptable la indecencia de quienes ‒desde la corrupción de bagatela o de “altos vuelos”‒ le chupan la sangre al fisco para su beneficio personal o en función de intereses arribistas, mercantilistas y partidistas, entre otros. Eso camina de la mano con la impunidad, pues acá ni siquiera se blande el garrote; mucho menos se golpea con todo. Por eso en este pobre país, esos delincuentes no se ríen… ¡Se carcajean!

Pobre país; pero, también, país pobre. Lo dicen todos los indicadores reales, no los maquillados. El Presupuesto General de la Nación ‒¿se puede llamar “nación” a esto que tenemos?‒ no alcanza para solventar necesidades vitales de las mayorías populares y de la población cuya calidad de vida va a la baja. A esta gente que debió ser la más favorecida por las políticas públicas después de la guerra, le taladraron la esperanza de vivir dignamente ‒con trabajo y seguridad‒ al robarle los dineros que debieron invertir en favor del bien común.

La referida muerte violenta se pasea campante a lo largo y ancho del territorio nacional, que no es tan grande y por tanto la vuelve más visible, y junto a otras expresiones criminales le costaron al país más de cuatro mil millones de dólares en el 2014; cuatro mil millones que debieron gastarse en seguridad privada, atención hospitalaria y otros rubros. Este fue el costo de la violencia ese año y su monto creció en el 2015 con toda seguridad, ya que solo en relativo a los homicidios y feminicidios se pasó ‒más o menos‒ de 3,900 a 6,650  víctimas fatales.

Esa millonada de plata equivale al 16% del Producto Interno Bruto, si el monto oficial publicado fue real; también a la suma de todas las remesas que llegaron al país, a la recaudación total de impuestos, a dos veces la factura petrolera y a la mitad de los depósitos bancarios durante ese año.

Igual, representaron el doble de todo lo que el fisco dejó de percibir en el 2015 al sumar la evasión de la renta, la apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado ‒el pesado IVA‒ y el contrabando. De haber ingresado a las arcas estatales esos dos mil millones de dólares que no lo hicieron, en números redondos estaría casi del todo financiado el Plan “El Salvador seguro” y ‒por ende‒ disminuiría el costo de la violencia.

Pero no. Esos delitos que no son perseguidos con la contundencia debida, fueron y son cometidos por personas jurídicas en su mayoría. Así, pues, al pueblo salvadoreño lo han saqueado empresarios inescrupulosos, presidentes sinvergüenzas, funcionarios de cualquier color y otros especímenes que deberían estar en la cárcel, preparando su viaje al infierno. Porque la corrupción y sus consecuencias en detrimento de la calidad de vida de las mayorías populares, no son más que crímenes contra la humanidad aunque las legislaciones no lo estimen así; también son pecaminosas.

Francisco compara la corrupción con la drogadicción. “Se comienza con poco: una pequeña suma de aquí, un soborno allá. Y entre esta y aquella, lentamente se pierde la libertad”. Produce “dependencia y genera pobreza, explotación, sufrimiento”. Pero cuando “buscamos seguir la lógica evangélica de la integridad, de la transparencia, (…) de la fraternidad, nos convertimos en artesanos de justicia”. Eso acaba de afirmar el tan querido Sumo Pontífice.