El Calabozo: El retorno de una denuncia 26 años después

Valeria Guzmán. Séptimo Sentido * 7s.laprensagrafica.com. El Calabozo. Esta es la zona cercana al cantón Amatitán Abajo donde se ha construido un monumento para honrar a las víctimas de la masacre.
 
Amado Carrillo. Él denunció la masacre por primera vez en 1992. Sostiene ante los tribunales que su esposa y sus cuatro hijos fueron asesinados el 22 de agosto de 1982.
Amado Carrillo es un campesino de 78 años, de barba y cabello entrecano, del cantón Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta mañana de enero cuenta que se siente un poco mal, que tiene calentura. El malestar se le nota en el cuerpo, pero ha esperado este día durante más de 20 años, así que ha ignorado la fiebre y ha decidido presentarse a un terreno cercano a la zona conocida como El Calabozo.
 
A unos metros del río, Amado se encuentra con el juez de Primera Instancia de San Sebastián. El juez lo presenta como la persona que “nos va a ayudar a identificar el lugar de los hechos”.
 
Así, a las 11 de la mañana y bajo el sol se inicia una caminata en la que la vereda se vuelve estrecha para una hilera de 30 personas. El grupo está conformado por víctimas y familiares, vecinos, periodistas, defensores de derechos humanos y peritos de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Este día Amado y otros dos testigos han sido llamados a identificar los lugares en los que, de acuerdo con su denuncia interpuesta en 1992, ocurrió la masacre conocida como El Calabozo.
 
En agosto de 1982, cientos de familias del municipio de San Esteban Catarina fueron desplazadas forzosamente de sus hogares. Los residentes de la zona afirman que caminaban durante las noches para huir de los bombardeos militares que se realizaban durante esos días en contra de la guerrilla y la población civil. Hasta que en la mañana del 22 de agosto, cuando los campesinos descansaban a la orilla del río Amatitán, al menos 200 personas desarmadas fueron emboscadas por militares. La operación militar fue nombrada Teniente Coronel Mario Azenón Palma.
 
A los pocos minutos de haber iniciado la caminata para realizar la inspección, se llega al río. Frente a este se ha construido un monumento con los nombres de personas que murieron en la masacre. El monumento está compuesto por unas placas y unas paredes pequeñas para protegerlas.
 
Las placas se colocaron en el lugar en el que Amado perdió a su esposa y a cuatro hijos cuyas edades iban desde los 14 meses hasta los 14 años. La mayoría de los presentes en este trámite desconoce el paradero de las osamentas de sus familiares. Ellos cuentan que a varios cadáveres se los llevó la corriente del río porque cuando sucedió la masacre era invierno y llovía torrencialmente; otros, fueron comidos por animales.
 
En un espacio entre el río y el monumento a las víctimas, el juez comienza a interrogar a Amado. La entrevista no dura más de cinco minutos.
 
—Necesito que me cuente, enseñándome los lugares posibles que usted recuerde, por favor –le indica el juez a Amado.
—Lo que yo recuerdo no se olvida en la memoria. Aquí fue un lugar difícil, donde el Batallón Atlacatl de allá empezó a disparar –dice y señala a unos 10 metros de distancia, del otro lado del río.
 
El denunciante asegura que cuando fueron atacados, ya llevaban varios días huyendo de la represión militar en la zona. Cuando el juez le pregunta qué hacía tanta gente agrupada al lado del río, Amado se limita a contestar que “únicamente esperándola”. El juez se muestra confundido y vuelve a preguntar:
 
—Déjeme entender. Estas personas tenían tres días de estar aquí, ¿pero qué estaban haciendo? Usted me dice esperando, ¿esperando qué?
—Esperando la muerte –responde Amado– porque los perseguían a los niños y ancianos.
 
 
Más de 200. De acuerdo con los listados de familiares de víctimas de la masacre, los muertos y desaparecidos fueron entre 200 y 250 personas incluyendo a niños, mujeres y ancianos.
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UNA DENUNCIA INTERPUESTA EN 1992
 
Amado termina de brindar su declaración y el juez y peritos se dedican a escuchar el testimonio de otras dos personas. Este trámite no es una reconstrucción de los hechos, pero sirve para identificar los lugares donde ocurrió la masacre.
 
Si el caso avanza y se logra abrir un juicio, estos puntos serán importantes para determinar la veracidad o falsedad de los testimonios de los denunciantes. Por ello, los peritos se dedican a tomar nota de los espacios que los sobrevivientes les indican.
 
A partir de la declaración de Amado se identifican tres lugares. Del lado del monumento en honor de las víctimas quedó definido el lugar en el que los campesinos se encontraban antes de ser asesinados. Después se identificó el lugar desde el que se cree que militares dispararon contra los campesinos. Por último, un terreno cercano al río que se encuentra a varios metros de altura quedó establecido como el escondite en el que Amado se puso a salvo y desde el cual escuchó cómo mataron a su familia.
 
La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.
 
La tercera persona que declara cuenta que él va a mostrar la tumba de sus familiares. Esta se encuentra al otro lado del río. Él asegura que ahí está enterrada “una parte de huesitos de mi familia. Una parte de los huesitos porque los zopes ya habían venido al lugar y era invierno”.
 
Cuando los tres testigos terminan de dar sus declaraciones, se procede a tomar fotografías de los sitios mencionados por ellos. El juez le comenta a los peritos: “Hay un indicio claro de que ocurrió el evento que han denunciado”.
 
Esta afirmación informal del juez llega más de un cuarto de siglo después de la denuncia de Amado. Él cuenta que un día por la tarde, después de que se firmaron los Acuerdos de Paz, unos amigos se acercaron a él para preguntarle si se animaba a ir al juzgado de San Sebastián a denunciar la masacre. Ya había pasado una década desde que había perdido a su familia, pero Amado no estaba seguro de que esa fuera una decisión segura. “Nos encontramos un poco pensativos porque no era fácil lo que había sucedido”, acepta.
 
De acuerdo con documentación oficial, la denuncia se interpuso en julio de 1992 y en ese año también se ordenó una primera inspección del lugar. Esas diligencias estuvieron a cargo de otro juez. En esa inspección se determinó que debido a las características del lugar era difícil encontrar vestigios de lo denunciado.
 
La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.
El caso no avanzó y en 1999 fue archivado. Pero en 2006, el abogado David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y acusador particular, presentó una denuncia contra altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador “por la comisión de los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de la libertad en perjuicio de miles de personas de San Esteban Catarina”.
 
Morales solicitó el desarchivo del proceso penal, pero el tribunal de San Sebastián declaró que el desarchivo no podía proceder debido a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1993. Esos hechos quedaron registrados así en la documentación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
 
Tras la negativa de los tribunales locales para reactivar el caso, los denunciantes solicitaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y en noviembre de 2016, este organismo resolvió que “durante casi 24 años la actividad investigativa ha sido nula” y determinó que esa inactividad “implicó una desprotección para los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las víctimas”.
 
 
Nuevas generaciones. Ledy Rosales y Dayana Rosales son bisnieta y tataranieta de Cornelio Rosales, un anciano de 86 años que fue señalado como “extremista” para las fechas de la masacre de El Calabozo.
Además, la sala valoró que el argumento de la aplicación de la Ley de Amnistía no era válido porque al momento en el que el tribunal se negó a desarchivar el caso “la jurisprudencia constitucional ya había establecido que dicho beneficio no era aplicable en aquellos casos en los que se impidiera la protección y la garantía de los derechos de las víctimas o sus familiares; es decir, aquellos delitos cuya investigación persiguiera la reparación de un derecho fundamental”.
Como resultado del amparo, se ordenó que “esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad”. Por ese motivo, el tribunal de Primera Instancia de San Sebastián se vio obligado a retomar las labores de indagación.
 
Si en estas averiguaciones se considera que hay suficientes indicios para llevar el caso a juicio, este seguiría una modalidad parecida a la del juicio de la masacre de El Mozote, donde se aplican las leyes vigentes de la época en la que ocurrió la matanza. En el caso de El Calabozo, se utilizaría el Código Penal y Procesal Penal de 1973. Esa es la razón por la que el juez de Primera Instancia está presente en la inspección de lugares, pues el Código de 1973 lo reconoce como juez-investigador. Es decir que en esta etapa las averiguaciones están encabezadas por él y no por la Fiscalía General de la República.
 
El juez se acerca al río y las personas que han dado su declaración se colocan en los lugares donde quedaron los cadáveres de sus familiares para servir de referencia en las fotografías que se anexarán al caso. Amado camina un poco y se para justo donde él recuerda haber visto a los primeros soldados del Batallón Atlacatl listos para dispararle a la gente. A Amado aún le falta ser fotografiado en el tercer lugar que ayudó a identificar, pero su cuerpo no es tan ágil como lo era cuando ocurrió la masacre, y caminar hasta arriba de una cuesta, donde permaneció escondido en 1982, ahora es un reto. Antes de seguir, se sienta en un borde de cemento, respira despacio y admite lo evidente: “Algo mal me siento”.
 
El juez le explica que lo van a esperar, pero Amado se desespera al sentirse observado y saber que el trámite se demora por él. Se levanta de inmediato y empieza a caminar cuesta arriba.
 
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SOBREVIVIR A LA MASACRE
 
Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.
 
Amado se pone la mano izquierda sobre la frente y baja la mirada mientras cuenta que un par de días después volvió a la zona de la matanza: “¡Ay!, a ver aquello. Gran desorden, los hombres que habían quedado los pusieron bocabajo… encima, como formando picardía… y cortaron ramas y les dieron fuego”. Cuando habla de los cadáveres, sus ojos se mueven por el suelo como buscándolos entre la tierra del suelo.
 
Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.
Tras la masacre algunos de los sobrevivientes se incorporaron a las filas de la guerrilla. Uno de ellos es Marcial Bolaños, el actual alcalde de San Esteban Catarina. Él asegura que tenía 16 años cuando se salvó porque otra persona lo ayudó a enterrarse y le colocó piedras y hojas encima para que no fuera detectado. El narra que su padre también sobrevivió porque fue dado por muerto. “Mi papá sobrevivió con la misma sangre de Edgardo y de Elsa, mis hermanos, porque con esa misma sangre se le cubrió el rostro”, cuenta desde la oficina municipal. Él dice que se incorporó a la guerrilla después porque “¿qué más quedaba? Era más la irritación de la sangre”.
 
Bolaños se encarga de resaltar que la muerte de su madre y hermanos fue lo que lo impulsó a unirse a la guerrilla. Él no acepta el argumento de la época que decía que las personas que murieron en El Calabozo eran guerrilleras. “Imagínese usted, la última hermana que yo andaba chineando tenía ocho meses, ¿qué combatiente era ella? La otra hermana tenía tres, la otra cinco, el otro tenía siete años. ¿Qué guerrilleros iban a ser?”, pregunta exaltado.
 
Los hechos de El Calabozo están incluidos dentro del informe de la Comisión de la Verdad en el apartado de “Masacres de campesinos por la Fuerza Armada”. Los otros casos que acompañan esta sección son la masacre del Sumpul y la de El Mozote. El informe estableció que “el Gobierno informó al público que había sido un éxito que se había dado muerte a numerosos guerrilleros”, pero la comisión concluyó que existen pruebas suficientes de que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños que habían apresado sin resistencia”.
 
 
Alonso Rosales. El hijo de Cornelio Rosales asegura que su padre no fue guerrillero y que por lo tanto, se encontraba desarmado cuando fue capturado por soldados en 1982
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CUANDO UN CORTE DE CABELLO SIGNIFICA LIBERTAD
 
 
Amatitán. El río ha sido símbolo de vida. Ahí se divierten y hacen oficio los lugareños. En 1932 el agua del río se tiñó de rojo y arrastró los cadáveres de la masacre de El Calabozo, San Vicente.
Los días 23 y 24 de agosto de 1982, la prensa nacional retomó la versión oficial de los hechos y publicó textos relacionados con los acontecimientos que se vivieron en los cantones de San Esteban Catarina. Los titulares fueron: “Subversivos se entregan en San Vicente” y “FMLN sufre gran número de bajas”. Una nota de la época fue acompañada de una fotografía en la que se observa a siete campesinos capturados. En la fotografía resaltan un niño de 11 años sin camisa y un par de ancianos de más de 80 años descalzos. En la noticia se les identificó como “extremistas” y “terroristas”.
 
La figura que más sobresale en la fotografía, porque está al centro y por su altura, es la de Cornelio Rosales Rodríguez, un hombre de 83 años. Él mira hacia el frente con el ceño fruncido, tiene el cabello blanco despeinado y viste una camisa clara de botones.
 
Casi 36 años después de que se tomó esa fotografía, en esta tarde del último día de enero, una figura idéntica a la de Cornelio Rosales sobresale en la misa del cantón Amatitán Arriba. Es Alonso Rosales, hijo de Cornelio, un hombre de mirada clara y voz triste. Su caballo lo espera amarrado afuera de la iglesia. Cuando la misa de las 2 de la tarde termina, Alonso sale del templo y se sorprende cuando se le muestra la foto de su padre capturado. “Sí, es mi papá”, acepta.
 
Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.
Alonso tiene 72 años y cuenta que salvó su vida en dicho operativo porque en lugar de tomar el camino hacia El Calabozo, su familia y él caminaron hacia otra zona conocida como Tortuguero. Pero al “salir a la calle del Tortuguero ahí estaban los soldados y empezaron a tirar luces de bengala, y ahí se me quedó mi papá perdido; y ahí lo capturaron”.
 
El recorte del periódico sostiene que el terrorista Cornelio Rosales tenía 83 años cuando fue capturado, pero Alonso cree que su padre tenía al menos tres años más. “Yo de mi papá volví a saber a los seis meses. A mi papá se lo llevaron al cuartel de San Vicente”.
 
Alonso asegura que a su padre lo detuvieron porque “los soldados decían que era guerrillero… un viejito de 86 años, ¿qué guerrillero iba a ser?” La carta de libertad para Cornelio vino meses después, cuando en el cuartel le iban a cortar el pelo. Ahí, mientras a Cornelio Rosales le hacían un corte, un peluquero que trabajaba para el ejército lo reconoció. Eran parientes lejanos y eso sirvió para poder recuperar la libertad.
 
“En el cuartel de San Vicente trabajaba un yerno de una sobrina de mi papá. Y ese yerno era peluquero. Así fue como lo sacaron de ahí a mi papá”, cuenta Alonso. Cuando se reencontraron hablaron sobre el trato que recibió mientras estaba detenido y “quizás cayó bien el viejito, porque era bien pasivo. No lo torturaron”, reconoce Alonso. Hablar de su papá lo emociona. Conversa pocos minutos fuera de la iglesia y luego se sube en su caballo rumbo a su casa.
 
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LOS RETOS DE UN CASO SIN CADÁVERES
 
 
Marcial Bolaños. El alcalde de San Esteban Catarina asegura que es sobreviviente de la masacre. Él cree que la justicia le ha dado una “respuesta confusa” a las víctimas y familiares.
“Al agua se le respeta”, dice el juez encargado de las primeras diligencias de este caso reactivado. La gente de Amatitán bien lo sabe. Este mismo río que ahora no es profundo y se observa de caudal reducido es el que se llevó los restos de sus familiares y vecinos en aquel invierno de 1982.
 
Y ese es uno de los principales retos que rodean al caso. Además de las trabas legales a las que se ha enfrentado durante 26 años, hay otros retos que se deben superar, si se quiere individualizar a los responsables de la matanza.
 
A pesar de los programas de reparación a víctimas y de las pedidas de perdón que se han hecho durante los últimos dos gobiernos del FMLN, el acceso a la información oficial sobre operativos militares durante la guerra, por tradición, ha sido denegado. Incluso en 2014, el Ministerio de la Defensa le prohibió la entrada a personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El IAIP buscaba documentos de planes militares y personas que participaron en violaciones a los derechos humanos. En abril del año pasado ese instituto aseguró que Defensa destruyó documentos relacionados con operativos militares.
 
Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.
 
A pesar de las condiciones, en esa ocasión sí se logró encontrar “restos de algunas ropas, las cuales fueron señaladas por la señora Corina Roxana Aguilar Carrillo –testigo y ofendida– como las que utilizaba su madre el día que ocurrieron los hechos”. Pero hoy, varios lustros más tarde, la posibilidad de encontrar pruebas físicas de este tipo se ven limitadas.
 
Cerca de la 1 de la tarde, la inspección se traslada hacia otra zona. La hilera de personas que acompañan a las víctimas y a los funcionarios cruza el río Amatitán. Los lugareños cruzan el río de forma grácil a diferencia de otras personas que se deslizan entre las piedras y se mojan la ropa y los zapatos. Cuando Amado Carrillo ve que la gente no encuentra forma de cruzar al río, busca un tronco grande y lo coloca sobre las piedras para que el resto de gente pueda pasar.
 
A los pocos minutos se encuentra una tumba verde con tres cruces y dos coronas propias del día de muertos; una es amarilla y la otra es blanca. La persona que ha venido a mostrar esta ubicación repite lo que contó en su declaración un par de horas antes: “Estaban todos revueltos los huesos. No le puedo decir de quién eran propiamente”.
 
Ante esto, el juez del caso le comenta al personal de Fiscalía que lo acompaña que van a tener que solicitar la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense cuando se ordene la exhumación de estas víctimas. Este equipo trabajó también en las exhumaciones que se llevaron a cabo en la zona de la masacre de El Mozote.
 
El juez habla de ADN y de identificación de las personas, pero un comentario del personal de la FGR lo hace aterrizar. Mencionan la palabra presupuesto y también se habla de trabajar con limitaciones. El optimismo se retiene.
 
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EL DERECHO A LA VERDAD
 
En los últimos años la masacre de El Calabozo ha sido reconocida estatalmente y se han realizado actos simbólicos en aras de la reparación de las víctimas. A finales de 2016, la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al sitio donde ocurrieron los asesinatos. La representante de SECULTURA en el acto aseguró que la declaratoria se hacía en cumplimiento al Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Conflicto Armado.
 
También, en agosto de 2017 el Estado salvadoreño pidió perdón a los familiares. Los actos han tenido la aprobación de los lugareños, sin embargo, en los sobrevivientes prima un aire de desconfianza cuando se habla de la puesta en marcha de la justicia en tribunales.
 
En este lugar lo que más se exige es conocer la verdad y las motivaciones de estos operativos. La Sala de lo Constitucional resolvió hace más de un año que al conocer lo sucedido en estos hechos “se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad… para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales”.
 
La idea de perdón en esta zona no es homogénea. Algunos sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas dicen que ya están listos para perdonar a quienes mataron a sus seres queridos. Otros no se sienten tan seguros de poder hacerlo. Pero en algo sí coinciden: necesitan que se haga un proceso judicial para identificar responsabilidades. Creen que eso le va a servir al país entero para poder escribir la historia de manera justa. Amado Carrillo, el campesino de barba y cabello entrecano, explica lo que busca conseguir desde hace 26 años, cuando interpuso la denuncia: “Aquí no es venganza, sino que son hechos que no se pueden quedar en el olvido”.