El corrupto se ríe y usted paga

 

Francisco Sorto Rivas

Como ya se ha mencionado en diferentes artículos de opinión, la corrupción representa el abuso que hacen algunas personas que detentan cargos públicos, al momento de asignar recursos colectivos que les han sido confiados, en administración; pero bajo criterios distintos al bien común como debería suceder, sino que a partir de sus propios intereses.

Ese tipo de conductas ocasiona enormes costos económicos a la sociedad. Según el Foro Económico Mundial, hacer negocios en países en desarrollo se ve encarecido en un 25 % a consecuencia de la corrupción; sin embargo, dichos costos superan aquellos relacionados con ejecutar obras innecesarias o de calidad deficiente, que responden a motivaciones ajenas a la solución de problemas sociales prioritarios.

Naturalmente que los sobrecostos drenan las arcas del Estado, pero además, privando a la sociedad de la prestación de servicios esenciales para la población menos favorecida (pobres); esto resulta evidente cuando deben pagarse sobornos para acceder a “servicios públicos”. Como las familias más pobres carecen de los medios económicos para pagar por ese acceso, quedan marginados permanentemente de los servicios de salud, educación, etcétera.

Por esta razón, la mortalidad infantil –en los tramos de menores ingresos– es el doble en los países con corrupción, en contraposición con otros menos corruptos, aunque con desarrollo económico equivalente; lo mismo sucede con la deserción escolar; en los países con corrupción, este fenómeno es cinco veces mayor, en comparación con los menos corruptos.

Según algunos analistas internacionales, el costo de la corrupción representa el 5 % del PIB mundial. Ahora bien, por encontrarse El Salvador entre la media planetaria en materia de corrupción –según Transparencia Internacional–, en el año 2015 se habrían drenado de la economía real $1,300 millones por concepto de corrupción.

Dicho valor representaría el 27 % del Presupuesto General de la Nación de ese año ($4,823 millones) y 1.7 veces el monto destinado a inversión pública ($755 millones).

En un evento reciente donde se examinaron los costos de la corrupción –en El Salvador–, auspiciado por CoST El Salvador y la UTEC, los participantes señalaban como causas principales del fenómeno a la avaricia y a la deficiencia de controles institucionales para combatirla; recomendaban, además, adoptar acciones ejemplarizantes para elevar el riesgo percibido por los funcionarios públicos, de ser descubiertos, procesados y sancionados, en caso de abusar de sus cargos para enriquecerse desviando fondos públicos; los participantes consideraban que las medidas ejemplarizantes contribuirían a combatir el problema.

Por otro lado, uno de los participantes mencionó que, si al costo relacionado con la corrupción se le agregaba un estimado de $1,200 millones anuales que el fisco deja de percibir, a consecuencia de la evasión y elusión, el Estado contaría con recursos suficientes para reforzar el presupuesto del ministerio público para combatir la corrupción, rompiendo con ello el círculo vicioso del fenómeno.

De igual manera, una participante agregó que la avaricia de algunos funcionarios y empleados públicos, por tratarse de hábitos que permean al colectivo imaginario, requieren de acciones también en el ámbito educativo, como parte de un enfoque integral para combatirla y anular así el germen de los referidos patrones conductuales.

La impresión general que tenían los participantes, particularmente los abogados que asistieron, fue que una de las áreas de mejora prioritarias para el país, a fin de contrarrestar la corrupción, estaba en el ámbito judicial, inclusive a nivel de CSJ; concretamente se referían ellos a la depuración de jueces. De no hacerse eso, decían, algunos jueces podrían dinamitar cualquier plan concebido para erradicar la corrupción, perpetuando con ello la impunidad, el saqueo a la Hacienda Pública y la inequidad social.