El gobierno de la periferia

 Virginia Lémus

Sé que envejezco a paso galopante porque recuerdo cuando se fundó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Era 1996, el recuerdo de Selena todavía hacía llorar a la gente decente y el país olía aún a pólvora. ANTEL todavía existía. El Burger King operaba como food truck en la Texaco de Los Héroes y éramos, por tanto, un país menos gordo y sin onion rings. Como diría el Querido y Eterno Líder del Mundo Libre, SAD!

Nadie hablaba de feministas en aquel entonces. El tan establecido género colocha de ONG todavía era sui generis: organizaciones como CEMUJER, Las Dignas o Las Mélidas tenían muy poco tiempo de haberse fundado y respondían entonces a necesidades posconflicto: la adjudicación de tierras, la capacitación y acceso a la educación de las mujeres excombatientes. Nadie hablaba ─aún─ de femicidios, de salud sexual y reproductiva. Éramos otro país.

No hay en realidad un motivo válido para nunca haber hablado de “asuntos de género” en El Salvador. Uso las comillas porque llamar así a problemas como la salud sexual y reproductiva, el acceso a la educación, la paridad laboral y de financiamiento para microempresarias, la violencia intrafamiliar, las custodias de menores de edad y la participación en la toma de decisiones políticas fueran un asunto que solo afecta a las mujeres y no lo que en verdad son: un asunto de nación es absurdo.

Un país que trata a sus mujeres como un grupo de interés y no el principal segmento de su población es uno que se condena a sí mismo a la pobreza y al subdesarrollo perpetuos. Sin embargo, es lo que han hecho la mayoría de Estados-Nación desde su fundación y El Salvador se adhiere a dicha tradición con particular fe y alegría.

Los primeros movimientos a favor de los derechos igualitarios para mujeres vinieron por la vía del sufragio: éramos entonces un país joven, apenas superábamos el centenario y llevábamos poco más de cincuenta años administrando nuestro país independientemente de uniones federales o sometimiento colonial. Entonces tenía sentido apostar por el voto: la democracia nos resultaba algo demasiado nuevo como para notar sus enormes problemas y apostar por la participación política era en 1929, como lo es ahora, urgente y necesario. Prudencia Ayala se postuló a la presidencia cuando nosotras ni siquiera éramos ciudadanas de este país construido, como otros, para gobernar para una idea de ciudadano en particular: el propietario. El hombre propietario.

La historia del estatuto ciudadano, como el de persona, es una bastante fascinante y perversa pero que corresponde a una evaluación de Filosofía Moderna y no a un textín en un blog. No todos los nacidos en un país son ciudadanos ni pueden serlo: esta categoría se reserva para aquellos que según el Estado cumplen con los requisitos para tomar decisiones sobre la cosa pública. Las mujeres pueden participar de una ciudadanía nominal desde 1950, año en que se concede el sufragio femenino en El Salvador. Digo que es una ciudadanía nominal porque a pesar de que legalmente no haya prohibiciones para que una mujer ejerza el voto, tenga títulos de propiedad a su nombre o asentar con su propio apellido a los hijos no-reconocidos por quien los engendró, la toma de decisiones sobre la cosa pública sigue sin tener por centro a las mujeres y a las desigualdades a las que debe enfrentarse para poder acceder a la palestra política. Para ser ciudadana.

Cuando empecé a estudiar Derecho pocas cosas me resultaron tan chocantes como la existencia del ISDEMU mismo: ¿por qué El Salvador considera al 52% de su población como un grupo de interés? Muy a pesar de mi propio conflicto con la idea del grupo de interés (poblaciones “vulnerables” como niñez y adolescencia, gente LGBT o tercera edad), no tiene sentido crear política pública y legislar para un 52% de la población considerándole algo marginal, pequeño y que debe ser “protegido”.

Como contraste, esto no ocurre solamente en El Salvador: es un reflejo de la noción misma del Estado-Nación y de la desigualdad de género como motor del capitalismo: todas las labores de cuido y mantenimiento del hogar están relegadas a las mujeres para que el hombre pueda dedicarse a producir. Incorporar a las mujeres al campo laboral, aunque tiene beneficios fiscales, va en detrimento de la vida “moral” de la nación debido al “abandono” de los hijos. Este argumento absurdo y risible sigue siendo replicado hasta el cansancio para justificar los índices de violencia social: los pandilleros lo son porque no tuvieron nana que los criara ni les “enseñara valores”.

En la sumisión de las mujeres descansa el estatuto moral de la nación: crían “hombres de bien”. También depende de ellas el futuro económico del país: de su sacrificio (did you mean explotación Google voy a tener suerte) pende la educación de los hijos ─a costa de la de las hijas, que pueden quedarse a moler y a limpiar─ que serán “ciudadanos productivos”. Si tanto depende de ellas, de nosotras, ¿por qué no gobernar para que esto sea posible?

Pero revisando la Política Nacional de Mujeres, por cuyo cumplimiento vela el ISDEMU en coordinación con otras instancias, cosas tan vitales como la participación pública, el acceso a la educación y a servicios integrales de salud para mujeres siguen pensándose como un apéndice de políticas públicas previamente formuladas y no con ellas como centro. Pensar en estos términos no solo es impráctico sino caro: llenar a puro huevo una cuota de 30% de mujeres para las candidaturas no garantiza que se seleccione a las personas más capaces para ello. Intentar paliar la tremenda disparidad económica de las mujeres del área rural con subsidios y canastas básicas en lugar de analizar las raíces de su desempleo o subempleo para poder revertirlas es caro, insostenible y paternalista.

¿Para quién se gobierna en El Salvador, entonces? ¿Se procura el bienestar, la subsistencia y la vida de qué tipo de ciudadanos?

Gobernar con las mujeres al centro y no en la periferia tendría efectos como los siguientes:

  1. La formulación de un Código de Trabajo o políticas de generación de empleo que tengan a la mujer como destinataria beneficiaría también al otro 48% de la población: un sueldo digno con acceso a guardería y centros de lactancia no solo reduce la carga económica impuesta en la cabeza de hogar al permitir un segundo ingreso, sino que beneficia también a padres solteros o cuidadores menores de edad que no se verán en la necesidad de abandonar sus propios estudios para ejercer labores de cuido.
  2. Tener acceso a una educación sexual plena y laica no solo impacta a las decisiones reproductivas de las mujeres ─porque la discusión en torno al aborto parece sugerir que los hombres no participan para nada y el esperma aparece dentro de una por don divino─, sino que tendría grandes efectos a largo plazo en las actitudes homo y transfóbicas de la sociedad, la reducción en los casos de VIH y la masificación del uso de prácticas sexuales seguras.
  3. La creación de programas de financiamiento para MYPES y compra de terrenos o vivienda a favor de mujeres solteras ayudaría a estabilizar la situación familiar de personas sistemáticamente excluidas de servicios bancarios tradicionales.

Empero, aunque estoy convencida de que quienes trabajan en ISDEMU y demás dependencias que velan por la periférica y nominal ciudadanía de las mujeres hacen su trabajo de la mejor forma posible, al Estado solo le interesa poner a las mujeres al centro del asistencialismo postraumático: solo se gobierna para las mujeres cuando estas han sufrido violencia sexual. Esto, aunque necesario, es inútil: la violencia sexual no surge de la nada: es resultado de todo un aparato que nos ve como objetos, como cosa periférica, como un algo al margen del ser pleno, completo y autosuficiente que es el hombre en la sociedad capitalista. No podemos estar al centro únicamente cuando somos víctimas: debemos estarlo en cada política pública, en cada decisión nacional para constituirnos ya no una cosa con vulva y facultad de votar, sino ciudadanas. Personas. Parte esencial del país.