¿El Gordo Max? otra postal de la sociedad salvadoreña actual

Mario Beltrán

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a cuatro personas entre ellas al reconocido comunicador Max González, conocido como “Gordo Max”, acusado de delitos Remuneración de Actos Sexuales con Menores de Edad. La FGR además ordenó un allanamiento en la casa de los imputados en busca de más indicios.

1-El delito de Remuneración de actos sexuales con menores de edad se trata, según el artículo 169 del Código Penal, de pagar o prometer pagar con dinero u otra ventaja  a una persona menor de 18 años para que ejecute actos sexuales o eróticos. La pena conlleva de tres a ocho años de prisión.

2-El caso salió a la luz pública en 2014 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a cerca de 15 personas según medios locales, por los delitos de trata de persona agravada. Una red que buscaba a mujeres jóvenes con la falsa promesa de emplearlas como modelos o edecanes, pero eran vendidas sexualmente.

3-La red cobraba distintos precios por los servicios sexuales de las adolescentes y las ganancias eran mayores cuando vendían la virginidad de las jovencitas. Las víctimas eran citadas en estacionamientos de gasolineras o centros comerciales y entregadas a los clientes.

4-Según la FGR el popular presentador era posiblemente uno de los clientes de estos servicios. La FGR asegura que los capturados tenían relación directa con red de tratantes y habrían pagado por los servicios sexuales de menores de edad.

5- La FGR reveló que al momento de la captura de los ocho sujetos en 2015, la administración del exfiscal General, Luis Martínez, imputó a Max González pero luego le dio la figura de testigo. Esa decisión ya es investigada por la FGR que dirige Douglas Meléndez.

Al respecto, instituciones que velan por los derechos de las mujeres y de las niñas, coinciden en que esta captura es un desafío para la justicia en vista del poder mediático de uno de los detenidos y expresan su voto de confianza a las investigaciones fiscales.

“Esta captura implica el buen funcionamiento de la justicia. Cuando hay personas con poder o influencias, la justicia no siempre actúa de manera similar como cuando hay una persona que no tiene mayor poder. Ojalá que este caso no termine como otros. Este caso es una doble prueba a la justicia para que actúe de la debida manera y que el proceso sea exhaustivo”, dijo Vilma Vaquerano, directora de la Organización de Mujeres Salvadoreña por la Paz (ORMUSA).

Vaquerano hace un llamado a proteger la integridad psicológica y física de las víctimas y sus familias para no exponerlas y que sean nuevamente victimizadas.

Igual postura expresa Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer “CEMUJER”, quien asegura que esta captura demuestra avances en los casos contra los delitos de tratas de personas que habían quedado olvidados al interior de la FGR.

“Tiene que ver mucho con situaciones de tráfico de influencias. Cada vez que en este tipo de delitos están involucradas personas que tienen algún nivel de relación con los círculos del poder político, militar, económico o mediático, se mueve mucho el dejar engavetadas las investigaciones y dejarlas a medias”, sostiene Guirola, quien además advierte a la familia salvadoreña para que conozcan las formas de operar de estas personas que gozan de aceptación pública.

Ambas organizaciones en pro de los derechos de la mujer esperan que este caso sea ejemplarizante y se realicen exhaustivas investigaciones para terminar con la impunidad en este tipo de delitos.

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