EL SALVADOR. ¿CRIMINALES DE GUERRA ANTE LA JUSTICIA ?

Aldo Álvarez

Recientemente se ha informado que al menos 20 exmiembros de la Fuerza Armada serán intimados por el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, acusados de participar en la llamada “Masacre de El Mozote” y donde fallecieron cerca de mil personas en diciembre de 1981. Según ha trascendido, tales intimaciones se llevarán a cabo a finales de este mes, y concurrirán en grupos de diez imputados cada día, donde se les van a leer sus derechos y se les hará saber los delitos que se les imputan.

Entre los delitos que se les imputan a los militares acusados están: Asesinato, robo agravado, violación agravada, actos terroristas, privación de libertad y actos preparatorios de terrorismo. Acusaciones que son posibles debido a que en agosto del año pasado la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.

En dicha masacre se asesinaron a hombres, mujeres, niños y ancianos en los cantones La Joya y Cerro Pando, así como en los caseríos La Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo.

En actual contexto de cosas, la denuncia correspondiente fue presentada por personas vinculadas a organizaciones que históricamente han velado por el respeto a los Derechos Humanos y por la justicia reparativa a las víctimas de crímenes de guerra originados en el conflicto armado. Asimismo la actuación de la Sala de lo Constitucional, al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, se limitó a hacer su trabajo como estrictamente lo manda nuestra Constitución, esto es, valorar si las disposiciones de tal ley violentaban de alguna manera el texto y/o el espíritu interpretativo de la Carta Magna, y lo hizo muy bien con apego a principios de ponderación, proporcionalidad, adecuación, idoneidad, justicia retributiva, restaurativa y hasta con menciones de la llamada Justicia transicional.

Asimismo la Sala analizó si los derechos constitucionales de los familiares de las víctimas -cuya tutela judicial efectiva se le solicitó al Juez constitucional- habían sido vulnerados ¿Qué otra cosa podría haber hecho la Sala, si es precisamente ese el papel de un Juez Constitucional justo e imparcial? ¿Qué otra cosa podía hacer la Sala sino valorar en base a la prueba y argumentos presentados, si en realidad existió violación Constitucional -y normativa internacional invocada- en la aprobación de la Ley de Amnistía, como en efecto la encontró, y por ello procedió en su momento a dictar sentencia de mérito correspondiente.

¿Qué otra cosa podía haber hecho un Tribunal Constitucional, que por primera vez ha demostrado sobradamente que sus actuaciones están desprovistas de cuestiones “metajurídicas” o “extrajurídicas”? Da por ello pena ajena ver como algunos personajes políticos llamaron en su momento a la Sala a “desechar” o “desestimar” la demanda que se presentó contra dicha ley espuria, sobre la base que con la Ley de Amnistía se “cerraron heridas” de la guerra, que con ella se pudo transitar hacia la paz, que derogarla implicaría “reabrir viejas heridas”, etc., mismos personajes que en otros contextos “apoyaron” la institucionalidad del país, y apoyaron el hecho que la Sala ahora actúe en forma independiente y sin consideraciones “políticas estrictas” -como sí ocurrió por ejemplo durante los períodos de Salas anteriores.

Por ello, a la Sala no le quedó otro camino que hacer valoraciones estrictamente jurídico-Constitucionales en ese caso. Pero hay que tener claridad que la inmensa mayoría de estos políticos sabían bien que la Ley de Amnistía, en la forma como en su momento se aprobó, ERA INCONSTITUCIONAL, y adoleció de ello desde un inicio, nació mal, entre otras razones, porque se aprobó a favor de quienes la estaban aprobando, de ese gobierno, esto es, se autoamnistiaron, sólo por poner un ejemplo, y ellos lo sabían muy bien.

Pero la tal ley de amnistía violaba también normativa elemental del Derecho Internacional, pues no existe en forma absoluta la extinción de responsabilidad penal que una Ley de Amnistía puede proveer -como ley nacional que es-, pues no son amnistiables, bajo ningún punto de vista por ejemplo los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad, ya que ellos pertenecen al coro de crímenes internacionales que son imperdonables por ley nacional alguna, confieren jurisdicción universal para su procesamiento y no prescriben jamás. Ergo, una ley de amnistía que viole el llamado Jus Cogens internacional, carece de valor y es inaplicable. Y precisamente estas valoraciones de orden constitucional, jurisprudencial, de Derecho Comparado, de doctrina y del Derecho Internacional, son las que hizo la Sala, y por ello encontró y declaró como inconstitucional la Ley de Amnistía. Ahora falta ver si se hará justicia.