EL SALVADOR. ¿Más “ojo por ojo” o reconciliación?

Johana Peña

Hace unos días los sacerdotes de la compañía de Jesús de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, le dieron un gran ejemplo a toda la población salvadoreña, con un acto de perdón para alcanzar la justicia; la solicitud de conmutación de pena a favor del coronel Guillermo Benavides, para que su sentencia de 30 años de prisión por su participación en la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, catalogada como un crimen de lesa humanidad, se reduzca sustancialmente.

Sin duda, un gesto de perdón pocas veces visto en este país que tanta sangre vio correr para la guerra civil, una solicitud de esta naturaleza sorprende y marca el camino a seguir. Camino que fue obstaculizado deliberadamente con la Ley de Amnistía que evito la reconciliación real desde la perspectiva de la justicia transicional, que puede ser un instrumento para permitir que la decisión de las víctimas a perdonar, incida favorablemente en la situación jurídica del responsable de algún hecho de violación a los derechos humanos.

Por su puesto, como los sacerdotes aclaraban en un comunicado, esta acción no se debe de entender como la renuncia al derecho a la justicia y la reparación, así como la lucha contra la impunidad en relación a las grabes violaciones a los derechos humanos; sino como un acto de perdón para llegar a la paz. Por su puesto que es necesario el reconocimiento del delito y el castigo, por ello, los jesuitas solicitan que se mantengan los registros policiales y penitenciarios en el caso de Benavides, como responsable de los asesinatos por un lapso no menor de diez años, a partir de la fecha en que se conceda la conmutación.

Este proceso sin duda, debió de haberse realizado hace mucho tiempo, después de firmado los Acuerdos de Paz, para asegurar la reconstrucción de una sociedad dividida y herida. Ya que se les negó a las víctimas y a sus familiares la oportunidad de esclarecer lo sucedido durante doce largos años de guerra, con la derogación de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que sería sustituida el 20 de marzo de 1993 por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.

Ley que procuró la no persecución penal de los autores de los delitos que circunscribió, para según los legisladores de esa época, la paz y la “estabilidad política”, pero llevando de encuentro la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, escondiendo los escombros dejados por la guerra debajo de la mesa.

Un ejemplo es sin duda el llamado “caso Jesuita”, que fue orquestado por miembros del ejército salvadoreño, que obedeciendo órdenes del alto mando de la organización castrense, dieron muerte a seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, José Joaquín López López y Amando López Quintana así como dos de sus colaboradoras que se encontraban ahí: Celina y Julia Elba Ramos, conmocionando a todo el país por la crueldad y saña, una noche de 1989.

El caso fue ventilado en 1992 con una condena de 30 años para Benavides y otros cuatro militares más, los cuales quedaron en libertad gracias a la Ley de Amnistía, 14 meses después de haber realizado el juicio. En febrero del año 2016, fueron capturados nuevamente por su vinculación en el caso, luego que un juez español los requiriera en una solicitud de extradición; pero en pleno la Corte Suprema de Justicia  por unanimidad decidió no extraditarlos y ordenó dejarlos en libertad, esta decisión seguía marcando el camino de la impunidad que llevaba el país.

Sin embargo, con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la nefasta Ley de Amnistía por ser inconstitucional, ya que es contraria al derecho de acceso a la justicia y la reparación de víctimas de crímenes, impidiendo el incumplimiento de las obligaciones estatales de investigación y enjuiciamiento las violaciones cometidas en la guerra civil, generó que Benavides volviera a la situación jurídica de condenado.

Después de una lucha de años de impunidad,  actualmente los sacerdotes jesuitas en el comunicado, mencionaron que como víctimas y como cristianos, siempre han manifestado disposición al perdón, que exige el conocimiento y reconocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades, la reparación y el propósito de no repetición.

Recordemos que el conflicto armado entre la extinta guerrilla, ahora partido político en el poder, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el Ejército salvadoreño dejó al menos 75,000 muertos, 10,000 desaparecidos y 12,000 lisiados. Por ello, por cada una de estas personas es necesario el derecho a la verdad y sobre todo, la obligación de los victimarios de pedir perdón, para que las víctimas y sus familiares logren perdonar, sino no, no habrá una verdadera reconciliación nacional.