EL SALVADOR. Radiografía de un sistema educativo en ruinas

Óscar Luna

Estudiar en El Salvador es una hazaña. Según datos oficiales, solo cuatro de cada 10 niños que entran a la escuela en primer grado llega hasta al bachillerato; y solo la mitad de esos cuatro entrará a la Universidad. Menos del 10 % de los salvadoreños que estudian hoy logrará obtener un título universitario.

El que lo haga, habrá atravesado probablemente, lo dicen los estudios y estadísticas, años de riesgo físico en uno de los países más violentos del mundo, clases en aulas deficientes, carencia de bibliotecas o laboratorios, métodos de enseñanza obsoletos y en muchos casos alimentación insuficiente.

Un análisis de 20 indicadores en las 5,136 escuelas públicas del país, donde se concentra un 84 % del alumnado nacional, no deja lugar a dudas: en datos brutos, la infraestructura de algunas escuelas públicas no satisface en muchos casos ni las necesidades más básicas de quienes las habitan, e imposibilita el buen aprendizaje.

Según datos del censo 2016, 18 centros educativos no tienen ninguna forma de abastecimiento de agua, 128 escuelas no tienen ningún tipo de instalación eléctrica y hay cinco que no tienen ni agua ni luz: el Centro Escolar cantón los Anizales, en Salcoatitán, Sonsonate; el Centro Escolar profesor Alberto Masferrer, en Quezaltepeque y el del cantón El Escalón, en San José Villanueva, ambos de La Libertad; el Centro Escolar cantón Soledad, en Meanguera, Morazán; y el del caserío Platanares, en el cantón Azacualpa de San Fernando, también en Morazán.

Son casos extremos en un mapa general de limitaciones. Casos como el de la escuela El Barillo, en Zaragoza, con una única letrina para 343 alumnos, es retrato vivo de cómo la precariedad y la pobreza de la mayor parte del país tiene su espejo en la educación y llena de realidad las cifras: solo 1,077 escuelas públicas tienen sanitarios conectados a alcantarillas y 2,994 tienen baños conectados a una fosa séptica; solo el 21 % de centros los educativos tiene biblioteca; solo el 29 % tiene un centro de cómputo o aula informática. Se da el caso de un centro educativo en Jicalapa que imparte el bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software, pero no tiene internet; como el 70 % de escuelas públicas a nivel nacional.

A pesar de los constantes compromisos públicos de respaldo e inversión en educación, el sistema escolar no supera sus problemas estructurales y parece no haber logrado tampoco, en los últimos 20 años, avances sustanciales en calidad. La tasa de escolarización han aumentado y la educación es obligatoria hasta noveno grado, pero en El Salvador los años promedio de escolaridad no llegan a los 10 que los organismos internacionales consideran necesarios para que alguien pueda salir de la pobreza; y solo el 20% de los maestros tiene una licenciatura.

En palabras de Carolina Rovira, Coordinadora de la Fundación para la Educación Superior (FES) de la ESEN y Coordinadora Académica entre 2012 y 2016 del Informe sobre Desarrollo Humano, quienes van a la escuela en El Salvador “obtienen muy poco” y esta “no cumple con su promesa de brindar herramientas para la movilidad social y el desarrollo humano”.

El peso de la Paes

Cada año, unas siglas convertidas ya en palabra de uso corriente ponen en cifra ese estancamiento: la Paes, la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media, se ha convertido en la cinta métrica de nuestro bajo crecimiento en materia educativa.

El pasado 15 de noviembre el Ministerio de Educación dio a conocer la nota promedio de este año: 5.36, la más alta desde 2008 pero muy lejos del 6 necesario para simplemente aprobar. De hecho, en los 20 años de existencia de la prueba solo tres veces se ha superado esa barrera: en las ediciones iniciales de 1997 (6.1) y 1998 (6.4), y en 2008 (6.2). En el sector público, que reune al 84 % de los estudiantes del país, el promedio de este año fue todavía más bajo: 5.03.

La Paes es un test que pretende evaluar a los alumnos de educación media, tanto en conocimiento como en conceptos, en las cuatro grandes asignaturas: matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales. Ya son 20 años desde que el Ministerio de Educación realiza la prueba de forma continua, con la intención, por ley, de “medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes que permita establecer su rendimiento, y la eficacia en las diferentes áreas de atención curricular”.

Según Óscar Picardo, investigador y director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG, la Paes es “un instrumento educativo de Estado ¡el único quizás!”, y ha servido para tener “fotografías del estado de la educación”.

El Faro ha considerado importante complementar esa fotografía con una herramienta que sistematiza los resultados de Paes junto a otros 19 indicadores de las 5,136 escuelas públicas del país, y permite hacer cruces entre variables para su mejor análisis. Además, acompañan esta publicación especial una serie de piezas audiovisuales sobre la realidad de escuelas de diferentes puntos del país y textos de análisis y opinión firmados por especialistas en educación que han estudiado o trabajan de diferente forma en nuestro sistema educativo.

Problemas de raíz

La precariedad del sistema se evidencia, literalmente, desde sus cimientos: según datos del Ministerio de Educación solo 3,620 centros educativos públicos del país se levantan en terrenos propiedad del Ministerio, que a su vez no puede por ley invertir en infraestructura en escuelas que no estén en suelo de su propiedad. Esto hace que, en principio, casi el 30 % de nuestros centros estén condenados legalmente al abandono de sus instalaciones y dependan, para hacer mejoras, de proyectos con otras instituciones públicas, apoyo de organismos internacionales, de empresas privadas o incluso de fondos aportados por los vecinos o los familiares de los alumnos.

Este año el Ejecutivo entregó 119 títulos de propiedad más a escuelas, pero aún quedan a la espera 1,397 centros educativos. Según el viceministro de educación, Francisco Castaneda, en 2017 se invirtieron $30 millones de dólares en infraestructura.

La inversión en otros frentes del sistema educativo tampoco permite grandes avances. En El Salvador existen 1,320 escuelas que tienen un presupuesto de funcionamiento de entre $1500 y $1590 dólares al año. Un monto que se divide en dos desembolsos, que según los propios directores casi nunca se hace a tiempo.

Gerson Varela, director del Instituto Nacional de Perquín, cuenta: “Un instituto nacional, ¿sobrevivirá con $750 dólares al año para funcionamiento?, eso me dieron el año pasado. Y porque realmente, sobraron de otros rubros pude hacer los pagos correspondientes. Tengo que pagar agua, vigilancia, tengo que pagar otras cosas”, dice. “Hoy me han prometido que sí, que el año pasado es porque fue más crítico, que hoy sí, que va a haber más. De hecho, creo que ya me depositaron $1,500, pero no sigue siendo suficiente eso”. El Instituto Nacional de Perquín tiene 156 alumnos; es decir que el Estado invierte $9.61 dólares por estudiante al año en ese centro.

En 2013, El Faro publicó la historia del centro escolar El Cedro, que funcionó con un primer desembolso de $31.50 dólares por cinco meses. Según datos oficiales, este centro educativo recibió en 2016 un total de $9,178.32 dólares para operaciones y funcionamiento.

En el cantón Las Anonas, en Torola, Morazán, alumnos y maestros tienen que bajar por lo menos 20 minutos a pie por una quebrada para llegar a un centro educativo de dos aulas, divididas por un pliego de tela negra porque el tiempo se comió la madera que las separaba. Hasta la fecha, el Mined no ha atendido la petición de reconstruir esa división.

Los expertos se preguntan si la Paes está sirviendo para orientar mejor la inversión: “Ninguna prueba, por sí misma, va a medir la calidad educativa de un sistema. Sin embargo sí debe mostrar resultados en áreas específicas y debería permitir su análisis para tomar decisiones”, dice Zoila Recinos, directora de programas educativos de Contextos. “En esta segunda parte es en la que se pone en duda la capacidad del actual sistema educativo salvadoreño para entender los resultados y hacer algo productivo al respecto. Lejos de ello, las apuestas de inversión han obedecido a otras lógicas, desvinculadas de los resultados de la Paes”.

Otro de los problemas de raíz es la larga tradición de analfabetismo en el país. En 2016, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 587,136 personas mayores de 10 años no sabían leer ni escribir. Sobre todo en zonas rurales, los hijos de hogares no alfabetizados enfrentan mayores obstáculos al llegar a la escuela.

Maestros y directores señalan problemas de este tipo que arrancan en la educación primaria pero hablan de jóvenes que llegan al bachillerato sin habilidades de lectura comprensiva o casos incluso en los que los estudiantes llegan al instituto sin apenas saber leer. El director de la escuela El Barillo, Luis Violantes, cuenta que tuvo en alguna ocasión que enseñar a sus profesores a escribir en la pizarra.

El desafío, en todo caso, no es el mismo para todos. No solo los promedios de Paes dibujan una frontera clara entre los centros de educación pública (5.03) y aquellos que son privados (6.16). El índice de repetición de curso en educación media y básica en El Salvador fue en 2016 del 4.65 %, un promedio aceptable si tenemos en cuenta que según el “Tercer estudio regional comparativo y explicativo” (Terce) hecho por la UNESCO registraba en 2015 una tasa de repitencia del 4.95 % en América Latina.

Pero ese porcentaje total esconde una realidad menos alegre: el promedio en el sistema público es del 5.07 %, frente a un porcentaje muchísimo menor, del 2.28 %, de alumnos que repiten curso en el sector privado. Las probabilidades de que un estudiante de escuela pública tarde más tiempo del previsto en completar sus estudios es más del doble que el de la escuela privada.

El músculo docente

Apenas algunos institutos públicos se sobreponen a las limitantes generales del sistema y logran despuntar entre los primeros puestos de la Paes, ya sea por su propia excelencia o, en algunos casos, porque han hecho del resultado en la Paes un objetivo en sí mismo y dedican buena parte del año a preparar a sus alumnos para la prueba.

Este es el caso del centros educativo de Uluazapa y del Instituto Nacional Cándida Asunción Reyes de Anamorós. Ambos se mantienen en el top 10 de instituciones públicas en nota Paes, con programas de estudio dedicados a ayudar al estudiante a aprobar la prueba: “Ya hemos tomado horas los sábados para prepararnos para la Paes”, dice la profesora de estudios sociales del Instituto Nacional de Uluazapa, Yesenia Urbina.

Óscar Picardo Joao califica a estos institutos y colegios de “más aventajados y menos éticos”, por diseñar su año lectivo enfocados en la Paes y no en los principios generales que en teoría inspiran la currícula. Pero del problema de fondo no son responsables estos centros, como señala Picardo a partir de un estudio realizado en 2008 en El Salvador por el académico chileno Ernesto Schiefelbein, las interrupciones en el calendario hacen que habitualmente nuestro sistema apenas cumpla 100 días lectivos de los 200 previstos por curso. ¿Se puede culpar a un director de escuela por tratar de dedicar esos 100 días a superar la prueba por la que el país en conjunto parece juzgar la calidad de su trabajo?

“Tenemos mora, mucha mora”, decía de la calidad de la docencia el actual ministro de Educación, Carlos Canjura, al asumir el cargo en 2014. En una entrevista con El Faro, el ministro recalcaba que la calidad de un sistema educativo “está íntimamente asociada a la calidad de sus docentes”, y de inmediato lamentaba: “La formación en los campos de las ciencias es casi inexistente”

Esa debilidad puede explicar por qué este año la nota promedio en matemáticas fue la más baja (4.80) de las cuatro disciplinas evaluadas, seguida de la de ciencias: 5.48. En sociales (5.83) y lenguaje (6.02) la nota es sustancialmente más alta.

En el sector público hay 44,593 maestros, cada uno con su área de especialización, pero no todos terminan educando en ese mismo área. Álex Benítez, hoy director del centro educativo La Pedrera, Jicalapa, cuenta que hace 10 años, cuando llegó como maestro a la escuela, tuvo que enseñar matemáticas aunque su especialidad era lenguaje. “Cada ejercicio lo estudiaba y me lo aprendía bien una noche antes, pero cuando me preguntaban algo más, o de otro ejercicio, ya no les contestaba bien”, admite.

Hay casos, como el del Instituto Nacional Licenciada Cándida Asunción Reyes, en Anamorós, que ilustran sin embargo la paradoja de desamparo y heroísmo en la que se ha convertido nuestro sistema educativo. Es casi novelesco que los alumnos de un instituto y sus familias pidan que se ponga a un centro el nombre de su directora, pero en 2015 quisieron premiar así el esfuerzo de una maestra que pasó por casas prestadas, ocupó cocheras como aulas, pidió en buses junto a sus estudiantes, y organizó bailes y conciertos para levantar un Bachillerato literalmente de la nada.

Cuando en 1995 el Ministerio autorizó a que abriera el bachillerato, la autorización no incluía las aulas para hacerlo. La tenacidad de la directora, la coordinación y ayuda de algunos vecinos, y el apoyo de instituciones privadas o de organismos públicos ajenos al Ministerio han hecho que 20 años después Anamorós tenga instalaciones para albergar a 313 alumnos, laboratorios especializados y un promedio de 7.5 en la PAES 2017.

Óscar Picardo apunta: “El docente es el factor determinante y techo de la calidad de un sistema educativo, y la única forma de mejorar la calidad es mejorar cómo los docentes enseñan. Y no se valen capacitaciones superficiales, es necesario un proceso profundo con evaluación de resultados, ¿una Paes para docentes?”.

Otro de los desafíos que enfrentan los profesores está ligado a las aulas multigrado. En el foro “Los desafíos de la escuela multigrado en El Salvador”, organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Ministerio de Educación este mismo año, y en el que participó Rocío Alvarado Cruz, directora de la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad de Costa Rica, se presentó la enseñanza multigrado como “una respuesta válida al derecho de acceso a la educación de la población, que ofrece la cercanía de la escuela a los estudiantes y a la familia; el aprendizaje colaborativo, cooperativo y entre pares; mayor autonomía en el aprendizaje; y la convivencia interedades, todos aprenden de todos”.

Según el observatorio del Mined, 2,604 centros escolares del país, más de la mitad del total, tienen solo entre uno y cinco docentes, y 3,487 tienen aulas multigrado. Esto significa que en el 67.95 % de las escuelas o institutos del área pública niños de distintos grados reciben clases en una sola aula.

Betty Vigil es la directora y maestra del Centro escolar Caserío el Chagüitón, en La Unión, e imparte clases simultáneamente, en un solo aula, a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Los datos del observatorio del Mined dicen que solo docentes de 827 centros educativos con multigrado han sido capacitados para dar clases en ese sistema. Betty no ha sido capacitada.

Una generación de sobrevivientes

Más de 79 mil estudiantes, según datos del Mined, abandonaron en 2016 este sistema educativo de barreras y carencias. Supone una reducción drástica respecto a la cifra de 2015 (87,112), debido a un cambio de metodología que el ministro Canjura explicó así, en su momento, frente a la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa:

“En cuanto a deserción creo que hay un uso abusivo de los datos. (…) No es que neguemos el tema, porque es obvio que no se puede negar, pero quisiera destacar un dato que lo hemos venido rastreando en todo el año: nosotros estamos llevando mes a mes la asistencia en el sistema educativo y lo que nosotros hemos encontrado es que la cantidad de estudiantes que han dejado el sistema educativo no pasa de 35 mil estudiantes. Claro, no hay ninguna duda tampoco que un porcentaje alto de esa deserción tiene causas debido a la violencia que vive el país, pero están lejos, esos datos, de ser los que se publican en la prensa nacional. (…) Yo diría que sin dudar del impacto que tiene la violencia en la escuela, alarmar al triple o al cuádruple, como lo hace la prensa nacional, me parece que es irresponsable”.

Este 2017, según el viceministro de educación, Francisco Castaneda, solo 14 mil estudiantes del sector público desertaron. “Ha sido muy satisfactorio porque se está cerrando con la tasa de deserción más baja en la historia del país”, dijo.

Al abordar estos factores externos, Zoila Recinos reflexiona al mismo tiempo sobre su impacto en los resultados de la Paes y sobre el valor que damos a esa nota como medición del talento de nuestros jóvenes: “El miedo es una de las emociones menos amigables para propiciar aprendizajes. En estas condiciones asisten a clases muchos de los “bachilleres aplazados” que escondemos detrás de la nota de PAES”, dice. “Deberíamos pues medir, y aplaudir, su nivel de resiliencia diaria para regresar a la escuela aun sabiendo que no aprenderán mucho y que lo que aprendan les servirá de poco.”

Habla de un sistema en el que tanto los indicadores numéricos como la vida en las aulas cuentan al fin y al cabo la historia de una educación cuyos resultados descansan, por limitantes del sistema o condenas propias del país, en el coraje individual de los profesores y los alumnos.
Desde maestros como el de la colonia Las Cañas, de Ilopango, que en 2013, en plena tregua con las pandillas, pagaba de su bolsillo y el de sus compañeros docentes el alquiler de una casa para poder dar clase de bachillerato a los estudiantes que no podían legar a su escuela por estar su casa en territorio controlado por una pandilla contraria a la que reina en el instituto. Hasta alumnas como Magali, que después de ser violada tuvo que callar y compartir aula y patios con sus violadores, tan aterrorizada y sometida a la pandilla como sus maestros.
Pasando por casos modélicos, pero difícilmente replicables a escala nacional, como el del centro educativo de desarrollo integral Amún Shea, en Perquín, Morazán, que está irradiando su experiencia educativa a otras escuelas públicas del norte de Morazán. Y que con un modelo educativo experimental avalado por el Ministerio ha logrado, con su primera promoción de bachilleres, una nota promedio de 7.88 en la Paes.
Carolina Rovira reclama una apuesta más decidida por el sistema educativo público y concluye así: “La escuela pública agoniza por la apatía de la sociedad y la desidia de los gobiernos. Si quisiéramos un país diferente —productivo, innovador y en paz— no me cabe duda de que el lugar privilegiado para construirlo es la escuela pública.”
Una escuela en la que 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, después de gobiernos de distinto signo político y constantes compromisos en discursos y gruesos documentos, los alumnos, profesores y directores se someten a diario a pruebas mucho más complicadas que la Paes.