El Salvador, ¿seguro?

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 Verónica Reyna

El Plan El Salvador Seguro se ha convertido en la bandera a conveniencia del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. Luego de la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en septiembre de 2014 a través de un decreto presidencial, el Consejo hizo malabares de corte y pegue de distintas estrategias y acciones propuestas anteriormente por todos los posibles actores políticos, sociales y económicos que han querido abonar a la pregunta: ¿cómo se resuelve el problema de violencia y criminalidad en El Salvador? La tarea no era fácil. La posición teórica que se retomara y los costos económicos y políticos de tomar una vía y no otra, implicaban un equilibrio complejo dentro de un tema escabroso y frecuentemente manipulable. Pero, con ello encima, el Consejo logró armar un plan que, entre otras cosas, busca llevar a lo operativo una Política Nacional de Justicia y Seguridad, que retoma en buena parte apuestas del primer gobierno del FMLN, y busca desarrollar distintas estrategias y acciones que pretenden acercarse a las causas del problema de violencia.

En enero de 2015, el presidente de la república asumió el Plan El Salvador Seguro y se comprometió a su implementación con el apoyo del Consejo. Hasta ahí, bien. Parecía que el FMLN nuevamente daba pasos hacia la lógica del diálogo y la construcción conjunta de propuestas que llevaran acciones a lo local, a la gente, y que además buscaran fortalecer temas que habían sido abandonados de manera sistemática: priorizar la prevención de la violencia y del delito (según el Plan, más de un 80% de los fondos que se destinarían a este eje de trabajo); atención integral a las víctimas de la violencia (recordando una población históricamente abandonada y creando una ley y un sistema nacional de atención a víctimas de la violencia); fortalecimiento las capacidades de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (en la investigación científica del delito y fortaleciendo los mecanismos internos de combate a la corrupción y los vínculos con el crimen organizado) y el Órgano de Justicia (reducir la mora judicial y brindar medidas abiertas ante delitos menores); incrementar acciones de rehabilitación y reinserción de personas en conflicto con la ley (incluyendo programas de inserción social y laboral y ordenamiento del sistema penitenciario) y el fortalecimiento institucional (contando con un sistema único de información criminal y articulando las distintas instituciones para el combate del delito).

Todas estas acciones (124) se indicaban urgentes en el Plan El Salvador Seguro. La estrategia de implementar acciones a corto, mediano y largo plazo, se basa en una evidente lógica que recomendaba ir despacio y con paciencia. El Plan, con todo y sus innumerables críticas, parecía ser una apuesta distinta a los ya desgastados planesmanoduristas. Recordaba al inicio de la política de seguridad de Funes, convertida después en un sinnúmero de estrategias difusas y en la suma de intereses inmediatistas, lejanos al fortalecimiento del Estado. En ese Plan no cabían militares, ni incremento de penas, ni dispare cuando quiera en defensa propia.

Sin embargo, Sánchez Cerén viró en dirección contraria y, mientras con una mano presentaba a la Policía Comunitaria, con la otra creaba Fuerzas Especiales de Reacción, dando un papel central a la Fuerza Armada en su estrategia de seguridad. Se unificó un discurso gubernamental que llamaba al combate directo entre PNC/FAES y pandillas, se animó al uso del arma de fuego en defensa propia y se exoneró de antemano a cualquier policía o militar que le tomara la palabra; aprovechó el mal uso del término terrorista y se olvidó de las causas estructurales de la violencia y la criminalidad enfocándose, como ARENA desde 2003, en el enemigo común: las pandillas. Fue así que en 2015 El Salvador cerró con 6,656 homicidios.

En 2016 Sánchez Cerén le puso nombre a su “nueva” estrategia: “medidas extraordinarias de seguridad”. Las medidas se centraron en las pandillas, en su operatividad dentro de las cárceles y su red de apoyo externo. Pero olvidó, convenientemente, un elemento: la corrupción interna dentro del sistema penitenciario. La Asamblea Legislativa aprobó de inmediato las medidas. “Prefiero un marero muerto que un policía, un soldado o un honrado muerto”, agregó el diputado Guillermo Gallegos, de GANA. El incremento de penas y la creación de nuevos delitos vino después.

¿Pero qué pasó con el Plan El Salvador Seguro y su Consejo? Se convirtió en un discurso con dos cabezas. El Plan se muestra cuando se habla de prevención de la violencia, cuando alguien les cuestiona el respeto a los derechos humanos al gobierno, cuando se buscan fondos de Estados Unidos, cuando se nombra nini a un joven al que se le han cerrado las puertas y se le quiere estudiado y empleado para la gran empresa privada. Las medidas extraordinarias suenan cuando la gente quiere resultados inmediatos, cuando se habla de reducción de homicidios, cuando se justifica la presencia militar para la supuesta recuperación de los territorios, cuando el populismo le gana otra vez a un gobierno.

Y sí, el populismo le ganó otra vez al gobierno.

El Plan representaba una estrategia que, tanto este gobierno como los pasados, podía llegar a tener resultados más profundos. Pero estos no son inmediatos. Llegar a incidir en las causas del problema de la violencia requiere de los gobiernos una fuerte inversión en programas sociales, activar mecanismos reales de participación social, aceptar la debilidad institucional y apostar por su fortalecimiento, tener la capacidad de no ceder ante las presiones externas, no caer en el juego del macho alfa, creer genuinamente que buscar la paz con la guerra no funciona, pero sí con el diálogo, y garantizar derechos, no restringirlos.

La violencia y la criminalidad han sido el juego de pelota con el que los gobiernos y los partidos han jugado desde siempre. En este juego, la pelota es la gente. Por un lado están las propuestas que apuntan a abordar las causas estructurales de la violencia y, por otro, los planes inmediatistas basados en el populismo barato y en los “resultados” directos. Las detenciones masivas, la fuerte presencia militar y policial, el combate frontal y armado, las penas de 300 años de cárcel, los nuevos delitos que rebalsan el Código Penal, la limpieza social aplaudida por unos y disimulada por otros, son indicadores de percepción de seguridad. De una falsa percepción de seguridad.

La Dirección de Atención a Víctimas y la Dirección de Prevención de la Violencia Social y de Cultura de Paz (PREPAZ) siguen contando con presupuestos risibles y con roles que no llegan a secundarios. Casa Presidencial niega que le corresponda brindar información sobre los fondos asignados y ejecutados en el marco del PESS[1], el Ministerio de Justicia y Seguridad tampoco puede estimar la inversión en el mismo y se remite a hablar de PREPAZ y la Dirección de Atención a Víctimas[2. Los indicadores del Plan solo han quedado como una matriz inmensa de buenas intenciones (de los cuales nunca se rinde cuenta) y las prioridades del gobierno se han concentrado en apagar fuegos y fingir tener control del problema de criminalidad. El gobierno no puede comprobar objetivamente que la disminución de los homicidios a partir de marzo de este año sea un resultado que se pueda atribuir. La disminución de delitos se cuenta a partir del registro de denuncias recibidas por la Fiscalía y la Policía, las cuales no reflejan el número real de delitos ocurridos, y nunca advierten que estas denuncias pueden bajar si no se confía en las instituciones que las reciben. Los resultados que ahora celebran, en realidad son parciales y se basan en el miedo y la desconfianza de la población.

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la UCA, ha señalado en su evaluación del segundo año de gobierno del FMLN que el 60% de la población considera que el Consejo está abonando poco o nada en materia de seguridad. El 53.2% cree que las medidas extraordinarias contribuyen poco o nada a disminuir la delincuencia. Sin embargo, el 90.5% cree que el gobierno debería de apostar por una política que incluya la prevención de la violencia, y no solo el uso de la fuerza[3]. Aunque el populismo punitivo ha ganado votos anteriormente, pareciera también que poco a poco los está perdiendo.

De cómo la sociedad responda ante las propuestas populistas dependerá el camino que el país siga teniendo en nuestro gran problema nacional: la violencia.

*Verónica Reyna es psicóloga, con experiencia en derechos de la juventud, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y derechos humanos.

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[1] El 30 de marzo de 2016 se solicitó a CAPRES, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, brindar información sobre presupuesto asignado a cada eje del Plan El Salvador Seguro (PESS) y su ejecución a la fecha, respondiendo que no era su competencia brindar dicha información y remitiendo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, según resolución 43-2016 del 25 de abril de 2016.

[2] El 29 de marzo de 2016 se solicitó al MJSP brindar información sobre presupuesto y ejecución del PESS, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública; sin embargo, el mismo advirtió que no contaba con dicha información y que solo le era posible brindar los datos relacionados a presupuesto y ejecución del mismo de PREPAZ y la Dirección de Atención a Víctimas, de acuerdo a la resolución 23-2016 y nota aclaratoria de Edgardo Amaya, del MJSP, con fecha del 20 de mayo de 2016.