El Salvador, una historia de confrontaciones e inequidades

amilcar-villanueva-actualizadaContribución por:  Amilcar Villanueva ( Sociólogo, salvadoreño, residente en Suecia)

El marco general de la realidad social y económica del país nos presenta un timido desarrollo en los índices de desarrollo humano a partir de 1990, sin embargo podemos, al mismo tiempo, constatar serios desafíos en el camino hacia una sociedad más equitativa.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el país ha avanzado en el camino de la democracia y el desarrollo humano, pero aún tiene muchos desafíos pendientes para mantener un crecimiento sostenido de su economía y lograr oportunidades equitativas en salud, educación y participación política real y efectiva para su población.

Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2014, El Salvador es uno de los  países de América Latina que más aumentó el valor del Índice de desarrollo Humano entre 1990 y 2014.
El avance se evidencia en importantes logros como la reducción de la tasa de analfabetismo de personas de 10 años o más años, que descendió de 28% en 1992 a 13% en 2013.
Asimismo, aumentó la tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años de edad; subió el porcentaje de estudiantes que inician el primer grado y finalizan el sexto; aumentó la tasa neta de matrícula y la escolaridad promedio, sin embargo este crecimiento en la taza de escolaridad es frenado por la deserción escolar debido a la violencia que sufre el país.
En el área de salud y nutrición se redujeron significativamente la tasa de mortalidad infantil y la desnutrición entre niños menores de cinco años.
El porcentaje de población con acceso a agua potable por conexión domiciliar subió 30% entre 1991 y 2013; mientras que el porcentaje de hogares en situación de déficit habitacional bajó de 55% a 29%, según datos estadísticos proporcionados por entidades gubernamentales.
Pese a estos resultados positivos, los retos que se vislumbran son todavía considerables y muy dificiles de alcanzar debido a la polarización política que sufre el país y la ausencia de acuerdos entre los actores politicos del país. Una economía con los niveles de vulnerabilidad é inestabilidad que presenta la salvadoreña, una política de dialogos y consensus, constituyen ejes indispensables, en lugar de la peligrosa polarización pero desde luego, el consenso implica negociar soluciones de nación, deponiendo intereses partidarios y anteponiendo los intereses de la nación.
Desde el estallido de la crisis financiera y económica internacional (2008) a la fecha, El Salvador registra un pobre desempeño en sus principales indicadores socioeconómicos. El Indice de Desarrollo Humano (IDH), se ha estancado, el PIB ha crecido a una tasa promedio anual de 0.5% y la pobreza de ingresos ha aumentado, regresando al observado diez años atrás.
Con niveles de déficit fiscal que superaron el 4% en los últimos tres años, la deuda pública aumentó al 63% del PIB y las finanzas públicas se encuentran en una trayectoria de insostenibilidad, con un alto riesgo de que el gobierno caiga en una situación de insolvencia, agravada la posibilidad de una solución cortoplacista, por la misma polarización política entre el partido de gobierno y su mayor oponente, el partido Arena.
En un contexto de lento crecimiento de la economía, la generación de trabajo decente sigue siendo un gran desafío. De cada cien personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), 7 se consideran totalmente  desempleadas y 44 subempleadas, consideradas activas en el sector informal de la economía (con ingresos inferiores al salario mínimo vigente y sin ninguna seguridad social).
Únicamente la quinta parte de la fuerza laboral cuenta con trabajo decente y solamente el 28% de la Población Economicamente Activa (PEA), es cotizante para recibir una pensión.

La mayoría de la población salvadoreña es joven, con un 63.7% de personas menores de 30 años de edad. Las mujeres constituyen el 52.8% de la población.
En los últimos 30 años, cada año unos 60,000 salvadoreños (1% de la población) se han visto obligados a emigrar del país y vivir en otro país, en busca de seguridad y mejores oportunidades. Se estima que alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior, la mayor parte de ellos (85%) en Estados Unidos.

En este context general el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2017, presenta un monto de $4,957.8 millones, $97 millones más que el de 2016, que ascendió a $4,860 millones. El presupuesto estará distribuido de la siguiente manera: $58.2 millones para la Asamblea Legislativa (aprobado ayer en sesión plenaria); $267.6 millones solicitados por el Órgano Judicial; $49.9 millones para la Corte de Cuentas; y $2,878.2 millones para el Órgano Ejecutivo (Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Salud y Obras Públicas).

Cáceres, Ministro de Hacienda salvadoreño, enfatizó que el proyecto incluye una restricción de $79.3 millones en bienes y servicios, es decir 17.6 % menos. Esto implica, revisando las partidas contenidad en el presupuesto que para 2017 se destinará a desarrollo social o desarrollo humano, se reducirá en $129.6 millones con respecto a la misma área de gestión durante 2016, según detalla el proyecto del presupuesto general de la nación presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea

El presupuesto para Educación, por ejemplo, será de $941.9 millones, con una baja de $300,000 con respecto a 2016.
Para Salud el presupuesto es de $624.8 millones, cifra que se reduce en $3 millones en comparación con la de este año 2016

Organismos internacionales como el Banco Mundial y las entidades del Sistema de Naciones Unidas insisten en la necesidad de aumentar la inversión en salud y educación para mejorar los indicadores de desarrollo humano de las poblaciones, y las perspectivas de crecimiento y desarrollo de los mismos países.
Los gastos recomendados en ambas áreas son un equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el caso de educación en El Salvador, el presupuesto actual equivale al 3.7 % del PIB. En salud, la proporción es tan solo del 2.5 %.

Existen centrales factores politicos que detienen y sabotean todo intento de desarrollo humano en El Salvador y los cuales deben urgentemente superarse y estos son, la corrupción institucional que no solo consume los recursos económicos de la nación sino que crea apatía, escepticismo y absoluta desconfianza en el pueblo; la polarización política entre el partido de gobierno, el mismo gobierno y el partido Arena, que vuelve imposible é inviable toda posibilidad de dialogo y entendimiento en beneficio de los intereses del pueblo y la nación; la inseguridad generalizada generada por grupos dedicados al crimen y la ausencia y objetivos concretos y específicos en los planes de gobiernos y consecuentemente en los proyectos de desarrollo de y para la nación a mediano y largo plazo.

Un proyecto nacional de desarrollo humano con altas dósis de equidad debe contemplar un dialogo y consenso nacional, cese a la corrupción institucionalizada, reorientar recursos en la inversión en educación, salud, vivienda y empleo digno, control sobre el crimen  organizado y mayor transparencia y honestidad en los gobernantes.