El TPS en la mira tras la anulación de DACA

Julio Marenco

La anulación del beneficio a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es la movida más cruel y cobarde de la Administración Trump hasta el momento. Los cerca de 800 mil jóvenes que se ampararon al programa han confiando en que, al dar toda su información, sus huellas digitales, su lugar de residencia y toda su historia de vida al gobierno podrían obtener una eventual residencia permanente. Si el gobierno quiere deportarlos puede ir por ellos fácilmente. Los tiene fichados en todo sentido. Por eso, la decisión de anular el DACA supone un acto de extrema crueldad y dureza de parte de la administración Trump. La decisión no es sorprendente, es más bien la culminación de una serie de eventos, comenzando por las declaraciones del presidente tras las manifestaciones racistas en Charlottesville, Virginia, y el atentado terrorista de un supremacista blanco que arremetió con su automóvil contra una protesta en contra del racismo. Luego vino el perdón presidencial para el alguacil Joe Arpaio, condenado por violaciones a los derechos civiles de inmigrantes indocumentados bajo su supervisión en estado fronterizo de Arizona. Así, la anulación de DACA es otro paso de una escalada de odio, racismo y xenofobia proveniente desde la autoridad más alta del país.

El Fiscal General Jeff Sessions, conocido por su récord antimigrante y racista primero como fiscal y luego como Senador por el estado de Alabama, ha anunciado que a partir de este 5 de septiembre no se recibirán nuevas solicitudes para DACA y que las peticiones de renovación no serán recibidas más allá del 5 de marzo de 2018. De acuerdo a estimaciones del Instituto CATO, un centro de estudios de orientación liberal, cerca de 600 mil de los 800 mil jóvenes amparados al DACA perderán la oportunidad de renovar el beneficio después de la fecha de corte de marzo de 2018. Esto es porque los beneficiarios solo pueden solicitar una renovación durante los 90 días anteriores a la expiración de su beneficio. Para la gran mayoría de ellos, esa ventana de solicitud queda fuera de acá hasta marzo de 2018, los beneficios les desaparecerán automáticamente al culminar su fecha de vigencia. Se estima que al comenzar a expirar los beneficios el próximo año, alrededor de 1,400 de estos jóvenes se quedarán sin empleo cada día en un efecto dominó no solo humanitario, sino también económico. Los restantes 200 mil beneficiarios que pueden renovar sus solicitudes en los próximos seis meses entrarán en una cuenta regresiva de dos años hasta que sus beneficios expiren también en 2020.

Cerca de 400 altos ejecutivos de compañías como Facebook, Microsoft, Apple, Google o Amazon le urgieron a Trump mantener DACA por razones tanto humanitarias como económicas. Pero Trump está cada vez más divorciado de la comunidad empresarial tras el rechazo contundente de ese colectivo a su apoyo a las recientes protestas racistas de Charlottesville.

Con su estocada, Trump le ha tirado ahora la pelota al Congreso que, si quiere, puede dar una solución permanente a los jóvenes amparados al DACA. Pero recordemos cómo hemos llegado a donde estamos. En diciembre de 2010, el Congreso intentaba a toda prisa aprobar una serie de medidas antes del cambio de la legislatura a inicios de enero. El Dream Act, una ley que proveería a grandes rasgos los mismos beneficios que DACA, pero de manera permanente, fracasó en el Senado por escasos votos, luego de que varios senadores demócratas en estados vulnerables a su reelección negaron su apoyo, esto después de la paliza electoral que el partido demócrata sufrió en las elecciones legislativas del mismo año. Fue la última vez que el Dream Act tuvo una oportunidad real de convertirse en realidad en el Congreso. En 2012 el presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva que creó el DACA. Los beneficiarios tendrían que haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir la mayoría de edad y carecer de antecedentes penales. El proceso para obtener DACA es riguroso, prácticamente el mismo que para obtener la residencia permanente y les permitió a cerca del 91% de sus beneficiarios obtener un empleo, estudiar en la universidad y vivir sin miedo a la deportación. Para acceder, los jóvenes tenían que demostrar que estaban en Estados Unidos, que eran menores de 31 años antes del 15 de junio de 2012, y que llegaron a EUA antes de cumplir 16 años, además de estar inscritos en una institución educativa y carecer de antecedentes penales.

El gesto de Trump de tirarle la pelota al Congreso es en sí mismo un sofisma tramposo, en un Washington en el que nada se da por seguro y en el que precisamente la errática conducta de Trump no hace sino infligir más incertidumbre en los procesos políticos.

Ahora mismo hay tres proyectos legislativos con apoyo bipartidista que podrían dar soluciones extendidas o permanentes en algunos casos, a los jóvenes amparados al DACA. Pero con una facción republicana rebelde y envalentonada por el racismo xenófobo de Trump, y dispuesta a avergonzar a sus líderes con derrotas como el fracaso en derogar la ley de cuidado asequible de la salud (el Obamacare), a los líderes republicanos no le quedaría de otra que pactar con el partido demócrata para aprobar una solución en el tema migratorio, lo cual sería una doble derrota moral para su ya endeble liderazgo. La Casa Blanca también ha apuntado a que podría presionar con toda su fuerza para que un proyecto en ese sentido incluya los fondos necesarios para construir el muro en la frontera con México, su gran promesa de campaña. Así entonces, el panorama de una solución legislativa es tan incierto ahora como el futuro de la mayoría de los jóvenes soñadores.

Lo peor del caso es que Trump viene por más. El estatus de protección temporal (TPS, con vigencia hasta marzo de 2018) que ha albergado a cerca de 200 mil salvadoreños es el siguiente blanco en la mira de la agenda antimigrante de la Casa Blanca. Si el corazón no se le arrugó en lo mínimo para anular los sueños de 800 mil jóvenes con un futuro promisorio, 200 mil adultos bajo un programa temporal que lleva ya 16 años no serán nada para un presidente que intenta mantener a toda costa el apoyo de su rabiosa facción republicana que ve en los inmigrantes el origen de todos sus males.

*Julio Marenco es periodista y consultor de comunicaciones. Reside en Washington DC desde hace diez años, en donde ha cubierto la Casa Blanca y el Congreso.