ENCUESTA IUDOP: Gobierno, diputados y empresarios, los más reprobados.

Mi Gente Informa

Enero 10 de 2016. La encuesta de evaluación del 2016,  realizada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA,entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del mismo año, con una muestra nacional de 1,262 revela que siguen prevaleciendo las percepciones negativas  sobre el estado del país  y sus gobernantes e instituciones.

Si bien se han reducido las apreciaciones negativas sobre la situación de seguridad, esta sigue siendo el mayor reclamo de la población y la mayor fuente de preocupación pública. En el ámbito económico, aunque han crecido en algunos puntos los que pronostican un mejor desempeño de la economía en 2017, se han incrementado las preocupaciones sobre aspectos vinculados a la economía nacional como el desempleo. De hecho, los principales factores que están incidiendo en la percepción sobre la situación general del país son las apreciaciones sobre la marcha de la economía nacional y sobre la situación delincuencial. Los datos muestran que la gente parece estarse abstrayendo más del entorno político y priorizando los ámbitos de su agenda vital. A diferencia de hace un año, los juicios sobre el trabajo gubernamental no parecen pesar de manera decisiva en la percepción sobre la situación general del país, pese al progresivo deterioro que siguen experimentando con el paso del tiempo. De hecho, la mejoría en las percepciones de la seguridad no parecen traducirse en una mayor aprobación del Gobierno, como solía ocurrir con otras gestiones gubernamentales. Más bien, parece ser que la reducción de las opiniones negativas sobre la seguridad son transferidas de forma directa a las instituciones aplicadoras de la ley como la PNC y la Fiscalía General, quienes han visto fortalecida su imagen pública en el último año. Esto, si bien es positivo, en tanto estas instituciones han gozado de poca credibilidad frente a la ciudadanía, representa el riesgo de legitimar actuaciones al margen de la ley, especialmente cuando no existe un sistema de controles internos y externos que pongan límite a abusos y arbitrariedades. El creciente aumento de abusos y actuaciones extralegales por parte de instituciones como la PNC en un contexto de crisis de seguridad, debería propiciar el establecimiento de mecanismos de control ciudadano e institucional de actuaciones por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que ponen en riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y el respeto a la legalidad.

 

Los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2016 Al finalizar el año 2016, predomina entre la opinión pública salvadoreña una valoración crítica sobre la situación del país, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). El sondeo, cursado con el objetivo de conocer las percepciones de los ciudadanos sobre la situación del país durante el 2016, se llevó a cabo entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del mismo año, con una muestra nacional de 1,262 entrevistas a personas adultas, la cual es representativa de toda la población salvadoreña de 18 años y más que vive en el país. Esta encuesta tiene un error muestral de más o menos 2.8% y un 95% de confianza. El estudio revela que el 71.2% de los consultados cree que la migración de salvadoreños hacia el exterior aumentó durante el 2016, el 21.2% opina que está igual, mientras que el 5.9% de los entrevistados piensa que la migración internacional disminuyó. En la misma línea, el 40.3% de la población afirmó que desearía migrar hacia otro país el próximo año. El porcentaje de personas que expresa su deseo de migrar al extranjero es el más alto registrado en las encuestas de evaluación de año cursadas por la UCA en la última década. Sobre este mismo tema, el sondeo muestra que el 17.2% de los consultados aseguró que alguien de su grupo familiar se vio obligado a migrar hacia otro país debido a amenazas o a algún hecho de violencia en el transcurso de 2016.

Al solicitar a los salvadoreños que evaluaran el estado general del país en comparación con el año anterior, el sondeo muestra que 6 de cada 10 ciudadanos piensan que la situación general del país empeoró, 3 de cada 10 creen que está igual que hace un año, mientras que solo el 7.8% dijo que el país mejoró durante 2016. Los que aseguran que el país está peor lo atribuyen principalmente al aumento de la delincuencia, a la mala gestión del Gobierno y al crecimiento del desempleo. Por el contrario, los que sostienen que el país está mejor, se refieren principalmente a mejoras en la seguridad, a la buena gestión del Gobierno y a los programas sociales. Es importante destacar que si bien prevalece un balance desfavorable de la situación general del país al finalizar el 2016, se han reducido las opiniones que sostienen que el país empeoró en comparación a las registradas en el 2015 (67.5%). Una de las variables que está incidiendo de forma significativa en la evaluación del estado general del país es la percepción sobre la situación delincuencial. El 63% de los entrevistados considera que la delincuencia aumentó respecto al año anterior, el 25% dijo que se mantuvo igual y solo el 12% piensa que la criminalidad disminuyó. Si bien se reporta una significativa reducción de los que creen que el crimen aumentó respecto a hace un año (en 2015 el 82.5% opinó que aumentó), la situación delincuencial sigue siendo el mayor reclamo de la población. A la vez, el 23.4% declaró haber sido víctima directa de un hecho delincuencial en el 2016. Sin embargo, prevalecen las opiniones favorables sobre la efectividad de la policía en la lucha delincuencial durante el año que recién finalizó. El 63.1% de los consultados opina que la PNC ha sido más efectiva en el combate delincuencial, el 19.5% cree que ha sido menos efectiva y el 16.1% dijo que ha sido igualmente efectiva que el año anterior. De igual manera, se registra una

General y un importante apoyo de los ciudadanos al esfuerzo de persecución de graves casos de corrupción realizado por esta institución. Al pedir a la población que evaluara el trabajo del actual Fiscal General en sus primeros meses, el 69.3% lo califica de bueno o muy bueno, el 13.1% lo considera malo o muy malo, mientras que el 12.8% lo valora como regular. A la vez, el 75.1% de los consultados considera que debe apoyarse algo o mucho a la Fiscalía en la persecución y el enjuiciamiento de funcionarios y ex funcionarios señalados por actos de corrupción, mientras que el 24.9% dijo que debe apoyarse poco o nada la persecución de estos casos. Si bien la imagen pública de entidades claves en la combate del delito parece haber mejorado, existen señalamientos de abusos a la corporación policial. El 35.7% de la población afirmó haber visto a un policía maltratar físicamente a otras personas en 2016, el 11.5% aseguró haber sufrido personalmente maltrato verbal por parte de un elemento policial y el 4% dijo haber sido víctima de maltrato físico por parte de un policía. Esto nos remite a la idea de que en un Estado de Derecho no puede buscarse mejorar la seguridad, comprometiendo el respeto a las garantías y los derechos de los ciudadanos. La encuesta de la UCA revela además que predomina el escepticismo entre los ciudadanos respecto a los resultados de las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el Gobierno. El 68.1% de los consultados cree que los controles aplicados en las cárceles están reduciendo en poco o en nada la delincuencia, el 64.3% piensa que con estas medidas se está recuperando poco o nada los territorios controlados por pandillas y el 61.1% considera que estos planes están reduciendo poco o nada la delincuencia originada por las pandillas. Estos datos sugieren que la mejora en la percepción de la seguridad no está necesariamente asociada a la aplicación de las llamadas medidas excepcionales.

 

Situación económica

En el ámbito económico, las percepciones dominantes se dividen entre la continuidad y el deterioro. Respecto a la economía nacional, las opiniones se reparten en mitades: el 50.3% de los consultados cree que ésta sigue igual, mientras el 45.8% asegura que la economía nacional empeoró en 2016. Solo para una pequeña minoría (3.9%) la economía del país mejoró en el año que recién finalizó. En lo que concierne a la economía familiar, el 61.7% aseguró que está igual que el año anterior, el 26.6% dijo que empeoró, mientras que el 11.7% aseguró que su economía doméstica mejoró en 2016. Respecto a las perspectivas de la economía nacional para el 2017, la mitad de los ciudadanos (50.8%) pronostica un empeoramiento de la economía del país; una cuarta parte (25.5%) piensa que seguirá igual, mientras que solo el 16.4% cree que la economía nacional mejorará. El 7.3% no respondió. Si bien el pesimismo respecto al futuro de la economía del país se ha reducido, la preocupación por los temas económicos ha crecido respecto al año anterior. En lo referente a las medidas que debería adoptar el Estado para lidiar con la crisis financiera, la población apunta principalmente a sugerir recortes de gastos innecesarios en el aparato del Estado (32.9%), a la reducción de los salarios de los funcionarios públicos (29.5%) y a aumentar los impuestos a los ricos (25.3%). La gestión de Gobierno en 2016 Los ciudadanos calificaron el desempeño del Gobierno de Sánchez Cerén durante 2016 con una nota promedio de 5.10 (en una escala de 0 a 10). Este promedio es el más bajo registrado en las evaluaciones realizadas por el Iudop al actual Gobierno (en noviembre de 2015 fue de 5.18 y en junio fue de 5.32). La evaluación desfavorable sobre la gestión de Gobierno se expresa además cuando se consulta a la gente sobre la manera en que está gobernando el presidente. El 56.4% opina que el presidente está gobernando mal al país, mientras que solo un 20.8% considera que Sánchez Cerén está gobernando bien. El 21.7% dijo que el presidente gobierna ni bien, ni mal al país. El 1.1% no opinó al respecto. Siempre en relación a la gestión gubernamental, al consultar a la gente sobre qué tanto el presidente está cumpliendo su promesa de construir un país más seguro, 3 de cada 4 entrevistados (73.3%) aseguran que el presidente no ha cumplido esta promesa, mientras que el 15% cree que la ha cumplido. El 11.7% dijo que solo la ha cumplido en parte. En la misma línea, al preguntar sobre el cumplimiento de la promesa del presidente Sánchez Cerén de construir un país más educado, 6 de cada 10 creen que el presidente no ha cumplido esa promesa, mientras que 3 de cada 10 consideran que el mandatario ha cumplido con su promesa de hacer de El Salvador un país más educado. El 10% de los consultados cree que el presidente ha cumplido esta promesa en parte. Confianza en las instituciones y en algunos actores nacionales en 2016 La UCA consultó además sobre la confianza que la población otorga a diversas instituciones de la vida nacional. Los resultados revelan que las instituciones en las que más confían los salvadoreños son las las Iglesias evangélicas y la Iglesia Católica. Les siguen, la Fuerza Armada, la PNC y las alcaldías. En contraste, el grupo de instituciones a las que la población le adjudica los más bajos niveles de confianza está constituido por el Gobierno central, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, los empresarios, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Es importante señalar que de todas las instituciones por las que se consultó, las que registraron un mayor crecimiento en sus niveles de confianza pública respecto al año anterior fueron las Iglesias evangélicas, seguidas de la PNC y la FGR, mientras que los que reportaron la mayor reducción en sus niveles de confianza fueron los medios de comunicación, los empresarios y el Gobierno central. Figura 12. Otras opiniones La encuesta también indagó las opiniones de los ciudadanos sobre las acusaciones de corrupción en contra de dos ex presidentes de la República. Al preguntar a la población si la investigación de los ex presidentes Funes y Saca obedece a una persecusión política de la derecha o a que hay suficiente evidencia para acusarlos de actos de corrupción, el 61.6% cree que hay suficiente información para sustentar esas acusaciones, mientras que el 29.3% asegura que se trata una persecusión política orquestada por la derecha. El 9.1% no respondió.