February  The Washington Post.   26, 2016
Un acuerdo bilateral firmado por Estados Unidos y El Salvador en enero de 2010 revela que el país centroamericano ha recibido dinero del gobierno federal como compensación por documentar y recibir en la base aeroportuaria de Comalapa a los miles de salvadoreños que son deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Adunas, ICE.

Un documento de 15 páginas desclasificado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a petición de un medio de comunicación salvadoreño desde Washington, revela una información que el gobierno salvadoreño consideraba “clasificada” de la que había negado dar explicaciones.

El Memorando de Entendimiento se negoció entre DHS y ICE con la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Seguridad salvadoreños. Una enmienda al documento realizada el 23 de abril de 2010, refleja que Estados Unidos aceptó pagar $41.03 por cada salvadoreño deportado.

La administración del expresidente Mauricio Funes y su titular Hugo Martínez, convencieron a la administración del presidente Barack Obama para que les compensara por tramitar documentación y recibir a los deportados en su país.

Desde que entró en vigencia ese acuerdo han sido deportados más de 128.165 salvadoreños, según los registros que maneja DHS – ICE. Para tener un conteo exacto: 2010 cerró con 20.361, en el 2011 retornaron 17.408, el año siguiente 19.694, para el 2013 la tendencia siguió al alza con 21.602 y 2014 alcanzó una cifra record de 27.180 deportados; en 2015 volvió a presentarse una baja con 21.920; justo antes que transcendiera que Estados Unidos reforzaría desde enero reciente las deportaciones de Centroamericanos.

“Una vez al mes, ICE contará el total de la documentos de viaje (pasaportes provisionales) que se emitieron en el mes anterior y estará en disposición de hacer la transferencia de las cuotas por procesamiento de cada documento de viaje expedido en el sistema eTD (electronic Travel Document) de ICE”, refiere el numeral 3 del memorando.

El escrito integro al que tuvo acceso este periódico, luego de solicitarlo bajo Freedom of Information Act, (FOIA, Ley de Libertad de Información, por sus siglas en inglés), muestra que no ha sido vedados datos en ninguna de sus partes, más que los nombres y las firmas de algunos funcionarios que lo ratificaron en Washington.

Otras partes del acuerdo

Ese memorando aún vigente en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, refleja que DHS y ICE se comprometieron a instalar computadoras portátiles en los 16 consulados salvadoreños en todo Estados Unidos, así como en la embajada de El Salvador ubicada entre las calles 16 y P, desde donde podían compartir información de los detenidos en los centros de ICE con el afán de comprobar su nacionalidad y que el gobierno salvadoreño procediera a documentarlos y recibirlos al llegar a su país.

“Los usuarios autorizados por ICE pueden iniciar sesión en el sistema eTD y revisar los datos de los repatriados, información biográfica y documentación de aquellos a ser removidos de los Estados Unidos.

 Los usuarios autorizados de la embajada y consulados podrán actualizar, editar y guardar información biográfica relacionada con cada deportado”, dice otro de los literales del acuerdo.

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció la petición del gobierno de Funes que adujo que hacer la comparación de datos biométricos, documentar a los detenidos y recibirlos en la base aérea salvadoreña demandaba recursos de personal y logísticos.

El documento firmado por el entonces Viceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García y el director general de Inmigración, explica que el dinero se transferirá desde una cuenta de ICE, que funge como brazo operativo de DHS, hacia la cuenta del gobierno salvadoreño referido en el acuerdo como GOES Participants.

El conocimiento de esta información ha despertado molestia entre los habitantes de ese país, cuya nación tiene más de medio millón de inmigrantes sólo en el área de Washington. “El gobierno del FMLN se queda con la billetada y a los migrantes sólo les dan para el bus y una pupusa con fresco al llegar al aeropuerto”, comenta el salvadoreño Carlos Martínez.

En la capital salvadoreña también han pedido explicación sobre las cantidades transferidas por Estados Unidos, el uso y destino de esos fondos. Ese fue el caso de la ciudadana salvadoreña María de los Ángeles Regalado, a quien la cancillería le negó tal información y el caso pasó al Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP), pero en la audiencia realizada el 26 de enero, el gobierno salvadoreño logró mantener la información como “reservada”.

La cancillería insistió que tal documento contenía una cláusula de confidencialidad, y que revelar esa información ponía en peligro las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero DHS lo desclasificó, solo tachó algunos nombres de los firmantes del documento.

Durante el proceso de espera del FOIA, se pidió al embajador de El Salvador en Washington Francisco Altschul, a través de la oficina de prensa, conversar sobre este acuerdo logrado durante su gestión diplomática ante la Casa Blanca, pero no hubo respuesta.

También se hicieron las respectivas consultas a las embajadas de Guatemala y Honduras aquí en la capital estadounidense para saber si estos países manejan algún acuerdo similar para recibir compensación por deportados, pero tampoco hubo respuesta.

El embajador Altschul dijo a mediados de enero que su país respeta pero no comparte la política de deportaciones de Estados Unidos, ya que crea miedo entre los inmigrantes y “no es la solución” para contener el flujo de personas que huyen de la violencia.

El nuevo incremento de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, tras la crisis por la avalancha de menores no acompañados del verano de 2014, llevó a Estados Unidos a emprender la deportación de las personas que llegaron después de mayo de 2014 y tienen órdenes finales tras concluir sus procesos legales.

“Respetamos esa decisión pero por supuesto no la compartimos. Estamos preparados para colaborar siempre que tengamos la certeza de que nuestros ciudadanos tienen garantizado el debido proceso que contempla la ley estadounidense”, afirmó Altschul en una conferencia en el centro de estudios Diálogo Interamericano de Washington.