¿Exorcismo a los funcionarios?

Eduardo Cuéllar

En los últimos años se ha desarrollado una línea jurisprudencial constitucional que separa de la función pública a personas con vínculos partidarios, formales o materiales, sin que aún se sepa muy bien qué significa esto último. La idea inicial parece razonable, sobre todo por los abusos, que tradicionalmente se venían haciendo, en especial desde los puestos de mayor jerarquía, que llevaron a conflictos de interés o al uso indebido de los recursos públicos a favor de partidos políticos y de particulares.

Entre los casos que han desarrollado este criterio están los de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Consejo Nacional de la Judicatura. El centro del razonamiento tiene por fundamento que una persona al haber sido militante o simpatizante de un partido, automáticamente está inhibida de acceder a algunos cargos públicos como los de segundo grado. Y aclaro, esto aplica por “haber sido”, no necesariamente por “serlo” en la actualidad.

Un hecho relevante a tomar en cuenta es que El Salvador es el único país en el continente americano que tiene una restricción de ese tipo, pues en el resto de países consiste en inhibir de estos puestos a personas que ejercen en la actualidad cargos de dirección partidaria o que estén postulados para un cargo de elección popular.

Aunque puede ser válida, la medida adoptada por la jurisprudencia salvadoreña, anula los derechos políticos del ciudadano, pues si una persona aspira a un cargo de segundo grado, o en el caso de los abogados a una magistratura, deberá cuidarse de no tener la mínima participación en política en toda su vida, lo que resulta contradictorio en un modelo democrático representativo como el nuestro, en el que justamente una de las luchas de la guerra civil fue garantizar la participación política –sin temor a represalias– de sectores excluídos por el sistema, que en aquel contexto histórico temieron hasta por su integridad física, por pensar diferente.

Un punto no desarrollado por la jurisprudencia, y que debe ser atendido por el Órgano Legislativo, es el período de purificación en donde una persona ha pagado la pena por su pasado político, pues la misma Constitución prohíbe las penas perpetuas y si alguien por inocencia, juventud, ideales o simple interés ciudadano, decidió alguna vez militar en un partido político o tener algún tipo de participación política ¿Cuánto tiempo debe esperar para poder integrarse con plenitud a la vida civil? ¿uno, dos o cuatro años? Ese es un criterio que dentro de su libertad de configuración debería establecer la Asamblea.

Claro, la medida también obliga a los partidos y su membresía a sincerarse respecto de su militancia, pues la afiliación partidaria ha sido uno de los secretos mejor guardados por los partidos –que se justificaría por el temor a ser excluídos de la función pública–; y ante la democratización interna o la despartidización de los organismos electorales temporales, es imprescindible que se institucionalice el manejo transparente del registro de afiliados que permitan conocer quién forma parte, activamente, de un partido y el momento en el que se retira del mismo. En el derecho comparado sobran experiencias de este tipo, por ejemplo: México o Panamá.

Considero que, frente a una realidad cambiante y a partir del carácter revisable de los criterios jurisprudenciales, este que excluye de la función pública a los ciudadanos con cualquier vínculo partidario o que les inhibe de integrar los organismos electorales temporales, deberán ser reevaluados oportunamente, adoptando una interpretación que no limite de forma desmesurada o anule los derechos de participación y asociación política de los ciudadanos; y que llega a afectar el derecho de los mismos partidos al integrar los organismos electorales temporales, reconocidos en el artículo 209 de la Constitución. Estas inhabilidades -como ocurre en el resto de países- debieran aplicarse únicamente a quienes ocupan puestos de dirección política o para candidatos a cargos de elección popular, condicionando la estabilidad de los funcionarios a su desempeño en el cargo.

Lo que debe ser atendido inmediatamente por la Asamblea Legislativa es la regulación de un plazo que permita exorcizar a los demonios político-partidarios de aquellos ciudadanos que hayan ejercido sus derechos al interior de dichos institutos, y que por su capacidad y experiencia, y siempre que cumplan con los requisitos de cada cargo, puedan optar a la función pública.