Fiscalía y jueces, ¿tal para cual?

 

José María Tojeira

Sobre la Fiscalía existe una gran presión. En primer lugar, la de lidiar con la delincuencia, que sobrepasa por mucho la capacidad de la institución, escasamente dotada y en la que algunos fiscales llevan más casos de los que pueden tramitar en un año.

La presión de las grandes redadas y casos produce también una natural tensión. Cuando se detiene a cincuenta o setenta personas, es muy fácil equivocarse. Si el juez suelta a la mayoría, las críticas van generalmente sobre él o sobre la Fiscalía. Si los detiene y se abre instrucción contra todos o contra la mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluya a inocentes dentro del grupo. Las detenciones masivas, además, suelen ir acompañadas de uso excesivo de la fuerza, maltrato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente, está presente la convicción general de que la Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que, con mayor o menor razón, una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años de su nombramiento será la de su incapacidad de tocar los delitos de cuello blanco, verde olivo o de la amplia franja de colores partidarios.

El actual Fiscal General ha entrado en su puesto con ganas de acción. Ha apostado por perseguir posibles delitos en las altas esferas y por mantener una actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de corrupción en las estructuras del Estado ha levantado un relativo entusiasmo tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con el tema, como en otros más amplios. Su accionar cuenta, además, con un firme respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes, desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer en este terreno, pues la amplia corrupción existente de los últimos treinta años ha marcado nuestra historia reciente. Que se esperaba respuesta, es real. Y en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y ampliar los procesos de investigación.

La dificultad puede encontrarse más bien en el campo de las grandes redadas. Estas tienen cierto apoyo, aunque más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas, se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces. Los enfrentamientos con bandas de delincuentes producen de vez en cuando un alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General de la PNC ni la Fiscalía ha percibido esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica ante unas narraciones o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas.

 

Cuando desde la opinión o desde instituciones afines a los derechos humanos se han hecho observaciones, no han faltado amenazas de uno que otro fiscal que percibe la crítica casi como apología del terrorismo.

De no actuar con seriedad en este terreno, la Fiscalía se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será siempre positivo si se demuestra el delito, pero ello no justifica ni oculta el abuso a los pequeños.

El sistema judicial tiene otro tipo de presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos sus estratos, el órgano judicial se percibe como entreverado por la corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los acusados. Tiene un buen presupuesto, pero da una mala respuesta al país. Un caso ejemplar de abuso es el que atendió el juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un joven que en enero fue brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció la golpiza ante la Fiscalía, sin que el caso tuviera mayor trascendencia. Incluso después de la denuncia, el joven volvió a ser golpeado por la Policía. Y finalmente fue detenido bajo la acusación de pertenecer a una banda terrorista.

A causa de las heridas sufridas en las palizas, estuvo internado en el hospital Rosales, y hoy en día sufre secuelas de los golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas y dictó prisión preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para más de cincuenta personas y el juez llegó con la resolución tomada de antemano.   Resolución que leyó y que ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.

Esto en cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque cualquier juez sabe que al imputado hay que escucharle, tomar en cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas sustitutivas a la prisión.

 

Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla ignora cómo reclamar sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial, en la que se dio la resolución contra este joven, había más de cincuenta personas imputadas de diversos delitos. Solo una minoría tenía abogado, mientras a más de cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General.