Funcionarios salvadoreños.Unos más o menos, la mayoría peores.

 

Jorge Castillo

Se denomina Función Pública a la actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, que una persona natural realiza en nombre del Estado o al servicio de éste o de sus  entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Así lo establece la Convención Interamericana contra la Corrupción y así lo retoma nuestra Ley de Ética Gubernamental.

Al referirse al Funcionario Público, ambos instrumentos también coinciden: son las personas que prestan sus servicios al Estado, organismos autónomos, empresas públicas y municipalidades, ya sea por elección o por nombramiento y que tienen facultades para tomar decisiones dentro de las atribuciones de sus cargos.

El ejercicio de la Función Pública debería ser, por tanto, honroso para quienes lo realicen. Sus conductas y aportes deberían estar dentro de los parámetros éticos que todo funcionario público debería tener interiorizado por convicción.  ¿Por qué no sucede eso y, en su lugar, la Función Pública luce tan erosionada? Es que no es la función, son los funcionarios, que infortunadamente en la región y el continente resultan cuestionados, procesados y hasta encarcelados, ya sea por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, nepotismo, etc.

Juntándolos se podría crear una verdadera “galería de truhanes” con aquellos que, debiendo observar una conducta intachable en sus actividades, escogieron el camino más fácil: enriquecerse a costa del erario nacional.

Ocurre que las democracias del continente tienen una misma falla de origen, en lo que a la administración de la cosa pública concierne. Esta falla se remonta a la invasión y saqueo por el imperio español y luego al rol desempeñado por los criollos que los sucedieron. De ahí el surgimiento de gestas independentistas, desde México hacia el cono sur. Nuestros pueblos no han tenido respiro. El poder solo cambió de manos. De la oligarquía (término que uso como categoría de análisis sociológico y de la ciencia política) hacia las manos de sus títeres del estamento militar. Y de nuevo otra reacción, esta vez por medio de guerras revolucionarias para alcanzar el poder y transformar el estado de cosas. Hasta que un día el Tío Sam dio la orden de desplazar a los militares del poder, introducir la democracia plebiscitaria con gobernantes civiles y, por supuesto, crear las condiciones para el aberrante neoliberalismo.

Lo verdaderamente triste es que durante  doscientos años,  la Función  Pública regional se desarrolló con una visión patrimonialista del Estado. El matrimonio corrupción-populismo engendró prácticas perversas, pero consentidas como algo natural. En el caso salvadoreño, por ejemplo, la corrupción ha logrado permear el máximo nivel del mando político, provocando que la corrupción de los funcionarios de abajo solo sea un pálido reflejo de la que ocurre en los de arriba.

En un escenario así, la descomposición de la Función Pública es algo natural. Por eso es que cuesta tanto elegir a Magistrados de la Corte de Cuentas (que debería fiscalizar imparcialmente la gestión pública). Por eso la actitud de quienes buscan asegurar cuotas en el Consejo Nacional de la Judicatura (de donde saldrán propuestas de Magistrados para la próxima Sala de lo Constitucional). Por eso el despilfarro. Por eso los nuevos estilos de vida.  Por eso es que a ningún régimen corrupto le gustan los controles.

Los burócratas, ese grupo social de funcionarios y empleados públicos,  incluyendo presidentes, ministros, diputados, alcaldes, gerentes de autónomas, magistrados de entes fiscalizadores, salas y cámaras, jueces, fiscales, directores, etcétera, han convertido la burocracia en un mecanismo que convierte lo fácil en difícil por medio de lo inútil. La mediocridad y la corrupción son  la norma, no la excepción.

Sería absolutamente injusto no expresar un reconocimiento hacia aquellos funcionarios probos que aún existen en el Estado. Son “especies a punto de extinguirse” que merecen nuestro respeto. Pero sería igualmente imperdonable soslayar nuestra más enérgica condena hacia los funcionarios públicos que, con sus actos, continúan desacreditando y erosionando lo que debiera ser una honrosa Función Pública.