GOBIERNO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Privilegio y exclusión evidentes

Radio Cadena Mi Gente, la voz del pueblo, dado que hasta este día continúa el castigo del gobierno hacia los medios de comunicación del pueblo y premia con millones de dólares a los medios de la gran empresa para evitar sus críticas, se suma a este editorial, denunciando esta política propia sólo de gobiernos corruptos y dictatoriales:

En no pocos países, la distribución discrecional de fondos públicos a medios de comunicación es motivo de debate; en El Salvador, nunca lo ha sido. Ciertamente, se le ha reclamado al Gobierno de turno por gastar en publicidad cuando hay otras necesidades más apremiantes, pero a casi nadie le interesa cómo se distribuye ese dinero entre las diversas empresas informativas. Por falta de conocimiento en esta materia, seguramente muchos piensan que cada administración puede dar publicidad a quien le dé la gana, pues está en su derecho. Pero los fondos públicos no se deben manejar como si fueran privados. De hecho, desde principios de este siglo, la cuestión ha pasado a ser parte de los tópicos investigados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Ello porque se considera que la canalización arbitraria del dinero destinado a la publicidad facilitó en América el abuso de poder por parte de los gobernantes.

En un documento oficial de Casa Presidencial, con fecha 31 de mayo de este año, se ordena pautar publicidad, por contratación directa, en 30 medios de comunicación (radiales, televisivos y escritos). La resolución adjudicativa se hizo a petición de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, está firmada por el mandatario y es para pautar publicidad entre junio y diciembre de 2016 por un monto de $2,431,220.09. Según el documento al que tuvo acceso la UCA, algunos de los criterios utilizados para seleccionar los medios son cobertura, circulación, audiencia y capacidad técnica o tecnológica. La mayor parte del dinero irá a parar al grupo televisivo más grande del país, TCS. Y llama la atención que el medio al que se le contrata más publicidad, el Canal 2, con un monto de $353,325.74, no es el que tiene más audiencia. Además, figura en el listado de empresas morosas publicado por el Ministerio de Hacienda. En conjunto, lo que el Gobierno destina a la corporación (que también posee estaciones de radio) representa más de la tercera parte del total de la pauta oficial, es decir, casi un millón de dólares. Las demás cifras de 6 dígitos que se detallan en el documento están asignadas a otros grupos empresariales de comunicación; lo que queda del presupuesto se lo reparten 23 medios.

Dada la polarización vigente y el ataque sin cuartel de los grandes medios contra el Gobierno, esta particular forma de comprar espacios de publicidad parece un absurdo. Los medios con una línea claramente antigubernamental son los más beneficiados, mientras que, por ejemplo, el CoLatinoapenas recibirá $10 mil dólares en el período de pauta. Pero más allá de estas apreciaciones de sentido común, hay que señalar que esta añeja práctica no le hace ningún bien a la democracia en general y a la libertad de expresión en particular. Los especialistas en estos temas llaman “censura indirecta” a la exclusión de algunos medios de la pauta oficial, pues premia financieramente a unos (los cercanos) y castiga a otros (los críticos). Además del Gobierno, la otra fuente de publicidad para los medios son las grandes empresas, que, como se sabe, pautan su publicidad en medios favorables a sus intereses comerciales o ideológicos, evitando aquellos que denuncian escándalos financieros, el maltrato a los trabajadores, daños ambientales y retenciones indebidas del IVA, entre otras anomalías. Por eso, la publicidad oficial, si se distribuye racional y equitativamente, puede compensar esa exclusión.

Cuando un Gobierno deja fuera de su pauta publicitaria a los medios pequeños y favorece a los grandes, priva a los medios alternativos de recursos para sobrevivir y hacer contrapeso a las empresas de comunicación del poder hegemónico. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor de forma independiente. Las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. En este juego han caído los Gobiernos de El Salvador. Los de antes, a propósito, calculadamente; el de hoy, quizás por ingenuidad o para congraciarse con sus acosadores. Ya es tiempo de que se debata sobre la regulación de la distribución de fondos públicos para los medios de comunicación. No hacerlo es permitir que se fortalezca la ya grave concentración de medios y, por ende, el proyecto político que defienden, perpetuando uno de los círculos viciosos del país.