¿Hasta cuándo los veteranos de guerra en El Salvador?

El 19 de noviembre del 2015 aprobaron la Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno; fue sancionada el 9 de diciembre. Tanto la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa como el de la República‒Lorena Peña y Salvador Sánchez Cerén,‒antes y durante la guerra fueron dirigentes de las extintas Fuerzas Populares de Liberación; la legendaria insurgencia de las FPL, cuyas consignas principales eran: “¡Revolución o muerte! ¡El pueblo armado vencerá!”.

En sus considerandos, se reconocieron tres asuntos esenciales. Que el conflicto bélico “produjo efectos sociales difíciles de superar” entre estas personas que según cifras oficiales hoy sobrepasan las 70,000 y que “no se les brindó beneficios de forma equitativa”, por lo que era “indispensable proveerles de prestaciones sociales adecuadas, para que puedan desenvolverse dignamente dentro de la sociedad”.

Segundo: su “inclusión a la vida civil” se dio sin finalizar “completamente los diferentes programas de beneficios y prestaciones sociales” correspondientes, lo que repercutió negativamente en sus condiciones de vida. Finalmente, que debía emitirse una Ley que estableciera “un régimen jurídico para garantizar el cumplimiento de los beneficios y prestaciones sociales producto de los Acuerdos de Paz” ¿El propósito? Asegurarles “una vida digna”. Mmmm…

Se afirma que a esta gente le entregaron tierras y dinero al finalizar la guerra. Así intentan confundir a la sociedad, en el mejor de los casos, o ponerla en contra de quienes entregaron su juventud y hasta partes de sus cuerpos para transformar una realidad de exclusión, violencia y falta de espacios políticos para la participación ciudadana.

Nada de eso cambió de fondo para las mayorías populares; menos para veteranos militares y excombatientes guerrilleros. ¿Quién puede desmentir lo de los mencionados beneficios que dicen les otorgaron hace años? Nadie mejor que quien fuera coordinador general del partido FMLN: José Fabio Castillo.

En un documento de su cosecha titulado “Incumplimientos y distorsiones de los acuerdos de paz” de enero del 2000 cuestionó asuntos tales, como la Ley de Amnistía, las irregularidades durante el surgimiento de la Policía Nacional Civil y la participación de militares en tareas de seguridad pública, entre otros. Además, señaló que la reinserción de excombatientes “con opciones concretas a mediano y largo plazo”, era “uno de los aspectos más complejos en la ejecución de los Acuerdos de Paz”.

Se refirió a “las deficiencias en el diseño de los programas de asistencia técnica, el carácter emergente de los programas de asistencia a la microempresa       excluyendo la proyección sostenible y eficiente de los mismos, la falta de continuidad de una política financiera provocando que la mayoría de los beneficiarios sean actuales deudores en mora y/o en quiebra, la mínima cobertura del programa de vivienda, la obstaculización de programas de mediano y largo plazo por parte de los sucesivos gobiernos, desestimulando con ello la acción de la cooperación internacional”. Esos eran “factores que impidieron los resultados esperados”.

Castillo concluyó asegurando que la “viabilidad” de la reinserción “en los próximos cinco años”, solo sería posible si se impulsaban programas de mediano y largo plazo, orientados a favorecer a este sector”. Pasaron cinco años y nada; lógico, el presidente Francisco Flores: dinero que llegaba, dinero que se embolsaba. Y su sucesor, Antonio Saca, ni se diga.

En el 2009 llegó Mauricio Funes prometiendo que con él vendría “el cambio” y nacería “la esperanza”. El ahora “escurridizo” y asilado expresidente convocó a veteranos militares y excombatientes guerrilleros, creó una mesa para discutir sus beneficios e inició un censo. Pero hasta ahí alcanzó.

Sánchez Cerén desmontó dicha mesa, pero durante su período se emitió la mentada Ley de beneficios y prestaciones sociales para estas personas. Pese a ser un importante logro de su lucha, transcurrieron ya 17 meses y de fondo no les han cumplido. Todo ha sido pura pantomima. Por eso, la Coordinadora nacional de veteranas y veteranos del histórico FMLN (Conavers) ‒con el apoyo del “Bufete Cuéllar y Martínez, asociados” presentó en marzo del 2017 una demanda de Amparo en la Sala de lo Constitucional, para que el Estado salde esta “deuda histórica”.

Si unen sus causas este sector, el de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el de las personas pensionadas, podrían lograrse tantas cosas ante un Estado que‒parecería lo que más desea es que vayan siendo menos por su avanzada edad y sus enfermedades, en un país donde el pueblo armado no venció y la revolución… murió.