Septiembre 20 de 201.* Tres ministros guatemaltecos renunciaron este martes por la crisis política desatada en el país tras el intento fallido del presidente, Jimmy Morales, de expulsar al jefe de una misión antimafias de la ONU, informaron los funcionarios salientes.

“Hace tres semanas, inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos dentro del gabinete de gobierno”, precisaron en un comunicado conjunto Julio Estrada, ministro saliente de Finanzas; Leticia Teleguario, de Trabajo; y Francisco Rivas, de Gobernación (Interior).

“Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras”, afirmaron los tres funcionarios del gobierno de Morales, quienes están a la espera de que el presidente acepte oficialmente sus renuncias.

Guatemala se encuentra sumida desde el pasado 27 de agosto en una crisis política luego de que Morales declaró “non grato” y ordenó la expulsión del ex  magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(Cicig), un ente de la ONU que apoya en la depuración judicial y, desde 2015, en una inédita lucha contra la corrupción.

La orden de expulsión, que fue frenada definitivamente por la corte constitucional, se hizo dos días después de que la Cicig y la fiscalía pidieron retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por indicios de anomalías en las finanzas del partido que lo llevó al poder, el derechista FCN-Nación.

Morales acusó a Velásquez de injerencia en asuntos internos de Estado, pero analistas y ciudadanos indignados que salieron a protestar a las calles lo tomaron como un intento de frenar las pesquisas.

En medio de la agitación renunció la ministra de SaludLucrecia Hernández Mack, quien señaló al presidente de favorecer “a los sectores corruptos”, mientras que el mandatario destituyó al entonces canciller Carlos Raúl Morales.

La semana pasada, el Congreso votó en contra de quitar los fueros al presidente y aprobó cambios al Código Penal para proteger a políticos de eventuales acusaciones similares, lo que desató aún más la furia de miles de guatemaltecos que protestaron frente al Parlamento e interrumpieron los festejos de independencia.

Para calmar la situación, los diputados dieron marcha atrás a la medida y acordaron reactivar el jueves el proceso contra Morales, mientras que estudiantes universitarios y varios sectores convocaron a un paro nacional este miércoles para forzar la renuncia del presidente y la depuración del Congreso.

Por su parte, diversas organizaciones participan hoy en una gran manifestación en la que piden “la limpieza” del país con la renuncia de los diputados y del presidente, Jimmy Morales. Llevarán mensajes como “Limpiemos la USAC, Limpiemos Guatemala” o “Solamente organizados podemos arribar a grandes decisiones”.

Los universitarios, que llegarán también desde diferentes puntos del país como Zacapa, Sacatepéquez o Escuintla, se unirán a los indígenas del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otros entes y organizaciones sociales convocantes, que han dicho que esperan reunir a unas 100.000 personas en esta marcha, que también han promovido como un paro nacional.

La semana pasada, el Congreso aprobó de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.

Esta decisión generó además que muchos sectores pidieran renuncia de los 104 diputados que dieron su voto a favor de estas modificaciones, por considerar que frenan la lucha contra la corrupción.

Una de las reformas eximía a los secretarios generales y candidatos de partidos políticos de su responsabilidad por la financiación electoral ilícita, y la otra elevaba de cinco a diez los años las penas susceptibles de conmutación.

En la movilización de mañana, también se pedirá la renuncia del presidente Morales, contra quien se solicita un antejuicio y que se le retire la inmunidad para que pueda ser investigado por un delito de financiación electoral, una discusión que el Congreso tiene previsto retomar el jueves durante una sesión plenaria.

Con información de AFP