Incapacidad de prevenir

Editorial UCA

Cuando hablamos de violencia, repetimos hasta la saciedad que la prevención es más importante que la represión del delito. Casi todos parecemos estar de acuerdo en ello, pero hoy por hoy los políticos insisten de hecho en la persecución del delincuente. Persecución mal diseñada, peor realizada y llena de excesos de las fuerza policiales. Esta falta de prevención también vicia la elección de funcionarios: casi nunca se revisan en serio sus credenciales. Cuando ya están en el poder, no hay institucionalidad para frenarlos, corregirlos o sancionarlos. Casi todo se hace a posteriori. Tal vez en algunos casos es difícil prever posibles desvíos o errores, pero cuando un funcionario comete ilegalidades, se debe corregir o, en último caso, castigar. Con Luis Martínez hubo que esperar a que terminara su período al frente de la Fiscalía General de la República para iniciar causas, procesos e incluso denuncias. Y eso a pesar de que había indicios claros de un proceder incorrecto; indicios que no impidieron que se presentara como candidato a reelección contando con el apoyo de miembros prominentes tanto de Arena como del FMLN.

Si las trampas son de un partido en vez de personales, la solución es todavía más difícil. Recientemente, el embajador de Taiwán insistió en que los famosos diez millones entregados en 2001 a Francisco Flores eran para damnificados del terremoto. Flores dijo lo mismo cuando aseguró que el dinero había sido distribuido en “saquitos” a los afectados. Pero después dirigentes de Arena reconocieron que los millones habían ido a parar al partido. Luego de la confesión, lo lógico hubiera sido que Arena los devolviera. Por supuesto, eso es misión imposible. A finales de los años ochenta, la familia del expresidente Duarte fue obligada a devolver un dinero público que había sido trasladado a una de sus cuentas. A Arena se le olvidaron sus discursos de honradez y anticorrupción de aquel entonces; hoy no le preocupa que se le devuelva al Estado lo que era para damnificados. Y ninguna institución lo está exigiendo.

¿Y qué decir del caso de Óscar López Jerez, magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia? A pesar de que un medio electrónico sacó a la luz grabaciones telefónicas en las que se escucha al funcionario sosteniendo una conversación totalmente reñida con la ética y que apunta a prácticas corruptas, no hay sanciones, no hay investigaciones, no hay problemas, solo afirmaciones de “yo no fui”. Cuando se presentó como candidato a la magistratura, ¿se hizo un análisis a fondo de los casi tres años que trabajó con la Fuerza Armada? Fueron años (1987-1989) en los que el Ejército cometió delitos muy diversos, incluso de lesa humanidad y de guerra. En una democracia seria, se hubiera examinado con lupa qué hizo López Jerez cuando, en tanto asesor jurídico del Ministerio de Defensa, tramitó procedimientos “en diligencias extrajudiciales de investigación del delito en todas las ramas y materias del derecho”, tal como se lee en su currículo. Pero los miembros de la Asamblea Legislativa están más preocupados en negociar cuotas de poder que en investigar la probidad de los funcionarios. Mientras algunos diputados se afanan en perseguir a los miembros de la Sala de lo Constitucional, el órgano legislativo permite que los corruptos se cuelen a otras instancias.

La memoria de los políticos funciona a conveniencia. Según lo que acordaron, Guillermo Gallegos presidirá la Asamblea. No importa que en el pasado haya propuesto unas penas contra la calumnia que muchos analistas consideraron una mordaza a la libertad de expresión. O que defienda la pena de muerte, en la práctica excluida constitucionalmente de El Salvador. A Gallegos le gusta hablar con rotundidad y atacar a quienes no piensan como él. Cuando dijo que “es cobarde, o está involucrado con pandillas, o no tiene interés” toda persona que rechaza su idea de establecer el estado de excepción en algunas barriadas, ataca, entre otros, a defensores de derechos humanos que califican esa medida como aberrante y perjudicial para la mayoría de la gente sencilla que vive en zonas violentas. Llegar a acuerdos políticos con personas que, como el diputado de GANA, piensan de esta manera puede ser peligroso por la deriva autoritaria que implica. Pero también corroe y desacredita al ejercicio de la política, que en nuestro país debería enfocarse en la justicia social, no es ese tipo de pensamiento represivo y autoritario.

Cuando se elige a malos funcionarios del sistema de justicia, cuando se pacta con individuos autoritarios y de escasa catadura moral, cuando una institución, persona o instituto político se queda con dinero del Estado, aunque sea para pagarse un seguro médico privado como prestación especial, se está fallando en algo grueso. Hablamos mucho de la prevención como remedio de la violencia, pero tenemos poca prevención a la hora de seleccionar el liderazgo institucional. Necesitamos con urgencia de la prevención para proteger la democracia. Y eso pasa por mayor transparencia, mejor elección de funcionarios y una más rápida y eficaz intervención de las instituciones para impedir y corregir escándalos como los de algunos expresidentes, exfiscales, magistrados y diputados.

 

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