¿”Inocente”?, sólo de nombre

 Benjamin Cuéllar

El 15 de noviembre recién pasado, se supo lo que estaba esperándose desde hace algún tiempo: Estados Unidos de América (EUA) extraditará al coronel Inocente Orlando Montano, para enfrentar las acusaciones que ‒en el marco de la justicia universal‒ le hacen en la Audiencia Nacional de España (ANE). Ya no hay recurso que valga para su defensa, luego de que esta hizo todo “lo habido y por haber” para impedir el viaje y es cuestión de días para que Montano vuele hacia su próximo destino.

Mauricio Funes, durante su deshonrosa gestión presidencial, le dio dónde esconderse a un grupo de militares acusados por lo mismo: participar en la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, decidió que las órdenes internacionales de captura giradas para extraditar a una veintena de integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador tenían otro propósito: únicamente localizarlos. Todo eso ocurrió en agosto del 2011.

Y en agosto del 2016, el juez español Eloy Velasco hizo otro intento por extraditar ya no a veinte sino a diecisiete militares; la CSJ repitió la historia. Pero ahora, con Montano, ni ésta ni Funes pueden hacer nada; su suerte está echada y dentro de pocos días partirá a Madrid para sentarse en el banquillo de los acusados.

Se acerca el final de una historia cuyos inicios se remontan al 2003 o el 2004, no recuerdo exactamente, cuando con Almudena Bernabéu comenzamos a conversar sobre la presentación ‒en la ANE‒ de una querella por la matanza en la UCA y a soñar con la posibilidad de lograr un triunfo en la “cancha reglamentaria” de la justicia universal, ya que en el “potrero”  salvadoreño eso era imposible.

Acá te metían zancadilla y no había árbitros decentes, dignos y profesionales que marcaran las faltas; acá había “amaños” en favor del “equipo oficial”. Allá había probabilidades ciertas de que se respetarán las “reglas del juego”. Allá se pudo y acá sigue sin poderse. Por eso decidimos comenzar a prepararnos para “jugar la partida”: Almudena cuando era parte del Center for Justice & Accountability, Manuel Ollé de la Asociación de Pro Derechos Humanos ‒en España‒ y este servidor a título personal, ya que la UCA decidió no participar. Por eso viajé dos veces a Madrid: semanas antes de que presentaran la querella en noviembre del 2008 y en junio el 2010, para declarar ante el juez Velasco.

¿Qué pasará ahora? Con Montano instalado ante la autoridad judicial correspondiente, es de esperar su condena por toda la carga de la prueba en su contra; entre esta, la crucial declaración de una experta en el caso salvadoreño: Terry Lynn Karl. Hay que mencionarla por todo lo que ha aportado a la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Almudena, ahora en Guernica 37 ‒grupo recién fundado‒ liderará con Manuel lo que falta del proceso en nombre de las víctimas, con mi ayuda.

De lograrse el objetivo, la condena judicial será para este coronel retirado; asimismo, alcanzará para condenar moral y éticamente al resto de militares imputados que han sido protegidos ‒acá‒ por un sistema cómplice y propiciador de la impunidad. Además, estos tendrán que pensar dos veces o más si quieren salir del país, estando vigentes sus órdenes internacionales de captura; así, el territorio nacional será su prisión hasta el fin de sus días. Se me ocurre que Montano ‒en su defensa‒ intentará “limpiarse” y “limpiar” a sus colegas, echándole toda la culpa al fallecido general René Emilio Ponce; pero no creo que le funcione. ¿Por qué incriminarlo hasta ahora y no antes, cuando aún vivía?

Una anécdota reveladora: el ahora futuro viajero a España, fue detenido en territorio estadounidense preparando su vuelta a El Salvador. Alguien le preguntó por qué esa decisión y su respuesta fue: porque allá estoy más seguro. Y tenía toda la razón. A más de veinticinco años del fin de la guerra y a casi  veinticinco de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, la situación no ha cambiado: con la impunidad, no obstante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, las víctimas siguen siendo castigadas y sus victimarios premiados.

Es, pues, hora de fomentar la necesaria organización y la lucha decisiva de las primeras juntando a las de antes, durante y después de la guerra. Solo así se logrará que los hasta ahora “inocentes”, sean sentenciados como lo que son: ¡culpables!