INVESTIGAN A SÁNCHEZ CERÉN, ÓSCAR ORTIZ, SIGFRIDO REYES Y OTROS POR PRESUNTO ENRRIQUECIMIENTO ILÍCITO

 

MI GENTE INFORMA.ORG

Noviembre 25 de 2016. La corriente de justicia anticorrupción e impunidad en El Salvador parece no detenerse. Diversos casos investigados han salido a luz en los últimos meses, reveladores unos, inusitados otros.

Ayer, el magistrado constitucionalista Rodolfo González dio a conocer que se investiga a diversos funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el vicepresidente Óscar Ortiz, y  presidente Salvador Sánchez Cerén, por posible enriquecimiento ilícito durante gestiones pasadas, como diputado y alcalde el primero y vicepresidente respectivamente, pero también la esfera de investigación podría extenderse a sus funciones actuales.

En el marco de un foro sobre transparencia y corrupción en El Salvador, realizado ayer en la UCA, el magistrado dijo a YSUCA que antes de que finalice el presente año la Corte Suprema de Justicia revelará los resultados de dichos procesos, tanto contra los mencionados como contra los ex presidentes Calderón Sol y Cristiani, aunque contra estos últimos no podría iniciarse procesos penales colaterales, debido a la prescripción de 10 años establecida por el código procesal penal; solamente la extinción de dominio sobre bienes o cuentas derivadas del enriquecimiento ilícito comprobado pues opera de forma retroactiva.

Así mismo, según ha adelantado, se investiga a unos 50 ex funcionarios salvadoreños por posibles actos de corrupción, entre ellos al ex presidente de la Asamblea Legislativa y funcionario del actual gobierno  Sigfrido Reyes; también a los diputados Carlos Reyes, del partido Arena, y Reynaldo Cardoza, del PCN.

De resultar establecidos tales indicios por parte de la Sección de Probidad, los casos pasarán a la Cámara de lo Civil a efecto de la tramitación de lo que corresponda, y sucesivamente se girará oficio al Fiscal General para que también inicie el requerimiento penal, que implica en su orden, peticiones de ante juicio ante la Asamblea Legislativa, de cuyas fracciones son juez y parte, los partidos políticos mismos, lo que podría determinar fuertemente si los procesados pasan a los tribunales penales o no.