JUSTICIA “ahora es cuando, papito…”

 

Benjamín Cuéllar

Hay en España, Argentina, Colombia, Perú y otros países que sufrieron las consecuencias de ese flagelo… Ha habido congresos internacionales de sus víctimas… En el quinto, realizado el 2009, ubicó al terrorismo como un “fenómeno global (…) injusto e injustificado, cruel, abominable y rechazable”. Igualó a sus víctimas como “seres inocentes cuyas vidas se ven quebradas por la maldad de aquellos que no saben exponer sus ideas de otra forma que no sea usando la violencia”.

Además de las víctimas directas, se refirió a otras: sus familiares, amigos, comunidades y “el conjunto de la sociedad que se ve amenazada por el riesgo de acciones terroristas o alteradas por la realidad de las mismas”.

Ahora aparece en El Salvador una agrupación que, parece, consideró lo anterior, pues no son víctimas directas pero denunciaron este 8 de febrero a integrantes de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incluido el presidente Salvador Sánchez Cerén; también a dirigentes de organizaciones integrantes del mismo y autores materiales de graves violaciones de derechos humanos.

Ojalá no pretendan utilizar esos casos para fines políticos y electoreros, algo de lo que nos acusaron durante 23 años a quienes batallamos hasta derrotar la amnistía; ojalá tampoco busquen atemorizar a quienes acusan y, desde esa “posición de fuerza”, negociar una artificial “salvación” de victimarios pertenecientes a uno y otro bando. Esos dos sempiternos rivales de papel, luego del fin de su guerra, acordaron hace 25 años superar la impunidad; en lugar de eso, algo muy sano, la fortalecieron con una autorecetada amnistía. Esto fue dañino.

Era literalmente necesario “esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. Asimismo, reconocieron que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”.

Los 32 casos publicados por la Comisión de la verdad, son emblemáticos; hay mucho más que también lo son. Pero no bastaba que aquellos se conocieran, aunque se les diera muy poca difusión. Al menos esos había que volverlos ejemplarizantes sometiéndolos al sistema de justicia interno, por dos elementales razones. Hacerlo funcionar como se debía y mostrarle al mundo‒al país también, principalmente que en adelante nadie estaría por encima de la ley. Hace rato, si se hubiera hecho antes, este país fuera “normal” o “casi normal”.

A eso le llaman hoy litigio estratégico y puede contribuir a educar en el sentido más profundo de lo que significa un proceso de pacificación. Éste debe cimentarse en la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. La verdad no es de la izquierda ni de la derecha; esas están sesgadas y son incompletas. La verdad verdadera y, en lo posible, total la establece la Fiscalía General de la República (FGR); la justicia, el ente responsable de impartirla.

Como eso no se hizo durante 25 años. Por ello, callaron los fusiles aquellos pero las atrofiadas instituciones no cambiaron para bien y la violencia siguió. No son las mismas causas, dicen; antes eran políticas y ahora sociales. Conformarse con eso es aceptar algo cierto, pero que facilita evadir la discusión juiciosa y la superación de las causas profundas que son las mismas de antes: exclusión, desigualdad e impunidad.

No habrá país decente para su gente ni memoria histórica congruente con la verdad, si no se le da este enfoque y tratamiento a cualquier esfuerzo que pretenda contribuir a alcanzar la paz. Para ello, hay tres fuentes primarias de inspiración y dirección. El Acuerdo de Ginebra, firmado por los responsables de que el país siga estando mal; también las homilías y cartas pastorales del beato Romero. Finalmente, está la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

“Deben” es el verbo utilizado en el compromiso antes citado para superar la impunidad. Exige la obligatoriedad de hacerlo; obligatoriedad que continúa vigente. La amnistía fue, durante 23 años, la herramienta ocupada para incumplirlo y ya no la tienen para favorecer a victimarios.

Cualquier persona que se considere víctima directa o desde la perspectiva amplia consignada al inicio, puede demandarle a la FGR que investigue seriamente y proceda como sea debido. Eso es lo que hizo la agrupación denominada “Víctimas del terrorismo”. No son las primeras ni serán las últimas porque, dice la gente, “ahora es cuando, papito…”