La cruzada ilegal del exfiscal Martínez para “desenmascarar” al padre Toño

Publicado el 30 de agosto de 2016

Fuente: ElFaro.net

En agosto de 2014, el exfiscal Luis Martínez llegó hasta el Arzobispado de San Salvador con tres ofrendas: dos estatuas de San Miguel Arcángel y los audios de las conversaciones íntimas del sacerdote Antonio Rodríguez. Dos años después, Martínez enfrentará, detenido, un proceso en el que la Fiscalía reconstruye a través de testigos cómo ordenó la sustracción de esos audios y luego los mostró a los jerarcas de la Iglesia, al embajador de España en El Salvador y a los abogados del padre Toño.

 

Nelson Rauda Zablah

Una noche de agosto de 2014, el ex fiscal general Luis Martínez visitó a cuatro sacerdotes de la Iglesia católica que lo esperaban en el Arzobispado de San Salvador. Martínez, un feligrés católico que asiste a misa regularmente -e incluso visitó al papa Francisco en el Vaticano- llegó a la cita con dos regalos bajo el brazo. Eran dos estatuas de San Miguel Arcángel que entregó a sus anfitriones: el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; y el nuncio apostólico León Kalenga, representante de la Santa Sede en el país. Martínez también llevaba una tercera ofrenda, una que tenía preocupada a la Iglesia.

Antes de aquella reunión -de la que la Fiscalía no puede precisar una fecha exacta-, El Salvador ya conocía de la captura y el proceso abierto en contra del sacerdote Antonio Rodríguez, mejor conocido como “padre Toño”, un religioso pasionista que siempre apostó al diálogo con las pandillas para reducir la violencia. En una investigación contra la facción sureña de la pandilla Barrio 18, las autoridades detectaron un buen número de conversaciones del sacerdote con líderes de la pandillas en las que se coordinaba con ellos para introducir teléfonos a las cárceles de Cojutepeque e Izalco, o en las que prometía hacer gestiones para que el Director General de Centros Penales redujera la intensidad de los bloqueadores de señal y los pandilleros pudieran telefonear y recibir llamadas del exterior. Pero desde el 21 de diciembre de 2013 hasta al menos mayo de 2014, la Fiscalía también registró una serie de conversaciones en las que Antonio Rodríguez abordaba asuntos de su vida íntima ajenos a lo investigado.

Las autoridades católicas que supervisaban al padre Toño habían conseguido aquella reunión con el fiscal Martínez para “apoyar” a Rodríguez, como lo admite uno de los sacerdotes en su confesión a la Fiscalía. Aquella reunión, en síntesis, era un acercamiento entre un funcionario público con mucho poder y la alta jerarquía de la Iglesia para discutir el caso de un sacerdote en conflictos con la ley.

En aquella época, Luis Martínez había convertido el caso del padre Toño en la punta de lanza de su cruzada contra la “Tregua hipócrita”, como llamó él a la negociación entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas para reducir homicidios que arrancó en marzo de 2012. El padre Toño se sumó a un intento por revivir ese proceso hasta el primer trimestre de 2014, a solicitud de Ricardo Perdomo, el exminisitro de Seguridad que asumió la cartera tras la salida de David Munguía Payés en mayo de 2013. En la acusación en su contra, la Fiscalía le agregó un cargo de tráfico de influencias. Eventualmente, Rodríguez confesó dos de los tres delitos que le perseguían, y la construcción de ese acuerdo habría iniciado en aquella reunión en el Arzobispado, ocurrida en los mismos días en que Rodríguez, detenido, era custodiado en el hospital de la Mujer.

Dos horas antes de dirigirse a la oficina del Arzobispado de San Salvador, en la colonia Médica, Martínez pidió a su jefe de escuchas telefónicas, Sigfredo Campos Crespo, que le quemara un disco con algunas de las llamadas interceptadas al sacerdote Rodríguez. En su versión de los hechos, Campos dice que objetó ante Martínez el uso de las llamadas. “No es correcto sacar esa información de las instalaciones del Centro de Intervención de Telecomunicaciones (CITE)”, asegura Campos que le dijo a su jefe. “Vos preparálo”, recuerda que le contestó Martínez.

Sacar esa información del CITE no solo era incorrecto, sino ilegal. El artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones sanciona hasta con ocho años de prisión a quien “revele, divulgue o utilice de forma indebida” la información obtenida en escuchas. Campos mantuvo sus dudas y su jefe de Informática, Víctor Solano también se las expresó. Ellos dicen que solo cumplieron una orden. A Campos Crespo, Martínez lo recogió en el CITE a eso de las 7:30 de la noche. Ya en el interior de la camioneta, Campos Crespo reiteró a Martínez su renuencia por la utilzación de esos audios.  El exfiscal le respondió: “nombre, tranquilo, no te ahueves. Solo va a ser para desenmascarar a este cura cochino”.

En este caso, igual que en el expediente que pasó a la orden del Juzgado 7º de Instrucción, Sigfredo Campos Crespo, el ex director del CITE, es uno de los principales testigos contra el exfiscal. La Fiscalía además suma los testimonios de Carlos Sanmartín, el consultor provincial pasionista; la denuncia del propio padre Toño; y entrevistas con Víctor Solano Aguilar, jefe de Informática del CITE; además de Rosa Lara de Arucha y Jorge Martínez Monterrosa, dos de los fiscales que llevaron los casos contra el padre Antonio Rodríguez.

El artículo 34 de la Ley de Telecomunicaciones sanciona tanto a quien revele escuchas como a quien las revele por culpa. Quizá por eso Campos Crespo y Solano aseguran que advirtieron de la ilegalidad de las acciones a sus superiores. Con la orden de Martínez a cuestas, Campos giró instrucciones para que los técnicos del CITE extrajeran los audios. Campos le explicó a Solano que, a petición específica de Martínez, debía incluir tanto los audios en que Rodríguez negociaba la introducción de ilícitos a las cárceles, como algunas de esas conversaciones íntimas de Rodríguez. El jefe de Informática del CITE protestó:

—Solano: eso es algo delicado y podemos tener problemas

—Campos Crespo: ¿Qué puedo hacer si es una orden?

Solano, entonces, pidió colaboración a la fiscal de turno en el CITE. Ella se comunicó con los fiscales del caso, Arucha y Martínez Monterrosa, para ubicar los audios y ponerlos en una carpeta. Solano, entonces, verificó el contenido de los audios. Según Campos Crespo, uno de esos audios contenía “información relacionada a un caso de múltiple homicidio del cual el sacerdote se reía y manifestó que eso no compensaba lo que había pasado con otra persona, refiriéndose al homicidio de un marero que al parecer era cercano al sacerdote”. El requerimiento no lo dice, pero es probable que se refiera a un evento del 5 de marzo de 2013. Ese día fue asesinado Geovani Morales, un pandillero de la Mara Salvatrucha, que era colaborador de Rodríguez. Campos también reitera que Martínez le pidió específicamente que incluyera audios de la vida privada de Rodríguez y que él personalmente reprodujo esas llamadas en reuniones tanto con la iglesia como con diplomáticos españoles.

El exfiscal general de la República, Luis Martínez conversa con sus familiares, luego que la jueza séptimo de paz diera el veredicto, en el caso donde está vinculado al empresario Enrique Rais. 28082016/ Foto El Faro: Víctor Peña

El exfiscal general de la República, Luis Martínez conversa con sus familiares, luego que la jueza séptimo de paz diera el veredicto, en el caso donde está vinculado al empresario Enrique Rais. 28082016/ Foto El Faro: Víctor Peña

Cuando Martínez llegó al Arzobispado de San Salvador, lo esperaban además de Escobar y Kalenga, Carlos Sanmartín Merino, consultor provincial para Centroamérica de la congregación pasionista, a la que pertenecía Rodríguez, y Gerardo Méndez, quien era superior de la comunidad pasionista local. Más tarde se incorporaría a esa reunión Mauricio Yanes, gerente general de la Fiscalía de Martínez. En un punto de la reunión, Martínez ordenó a Campos Crespo que hiciera correr los audios. Crespo había llevado para ese fin una computadora portátil y un disco que le habían “quemado” en la CITE. En el disco iba la información de las conversaciones íntimas del padre Toño.

La unidad anticorrupción de Fiscalía ha calificado como “divulgación de material reservado” -un delito contenido en la ley de intervención de telecomunicaciones- el entramado de acciones que Martínez realizó en aquella reunión en el Arzobispado de San Salvador, pero también ante otras intancias y funcionarios. La Fiscalía asegura que en una reunión posterior, Martínez mostró esos audios al embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena, y al cónsul Fernando Villena. Según denunció el padre Toño a la Fiscalía, Martínez también mostró sus conversaciones privadas al exdirector del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña. “Eso es cierto”, dice Fortín Magaña a El Faro. “No puedo decir que oí todo, porque no es cierto. Oí un pedazo y nada más”. Según Fortín Magaña, Martínez le habló por teléfono allá por agosto de 2014 y a través de esa vía lo hizo escuchar un extracto de los audios. “Estaba como colérico. En cada frase soltaba tres malas palabras. Me dijo que ya había hablado con el señor Arzobispo y con el señor Nuncio, pero eso no me consta. Eso lo dijo él”, dice Fortín Magaña.

El Faro intentó obtener una reacción del Arzobispado de San Salvador, pero su secretaria informó que monseñor Escobar Alas estaba fuera del país, participando en los actos de canonización de María Teresa de Calcuta, que se celebrará el 4 de septiembre en el Vaticano. De la Nunciatura se informó a este periódico que Kalenga también había viajado hacia Roma.

La Embajada de España en El Salvador informó a este periódico que no emitirían comentarios dado que la sede diplomática es respetuosa de los procesos judiciales internos.

La Fiscalía ha tomado como base de la investigación un reportaje de El Faro publicado el 8 de septiembre de 2014 en el que se reveló cómo Martínez utilizó las conversaciones íntimas interceptadas al padre Toño para conseguir su confesión en un caso en el que estaba acusado de introducción de ílicitos a los centros penales.

Aunque no hay certezas de la fecha en que inició la investigación, la Fiscalía asegura que actuó “de oficio” tras la publicación de El Faro. Luis Martínez estuvo 15 meses más al frente de la Fiscalía desde aquella publicación, y la judicialización de este caso ocurre ocho meses después de que Douglas Meléndez asumiera las riendas de la Fiscalía.

El requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado 1º de Paz de San Salvador contiene el tercer delito por el que la Fiscalía de Douglas Meléndez imputa a Martínez. El 28 de agosto, la jueza 7ª de Paz Evelyn Jiménez le permitió seguir en libertad, solo presentándose a firmar al juzgado mensualmente, pese a considerar que Martínez probablemente incurrió en omisión de la investigación y en fraude procesal en una trama de venta de justicia en la que también están vinculados dos jueces de paz y el empresario Enrique Rais.

Al centro de esta otra acusación está la presunta violación del derecho a la intimidad y el secreto de las telecomunicaciones de Rodríguez, sancionado por el artículo 24 de la Constitución. La Fiscalía ha ofrecido el contenido de las escuchas telefónicas como evidencias en la etapa de instrucción, en un proceso que ha sido decretado con reserva.

Luis Martínez enfrentará la segunda acusación en su contra detenido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía 28082016/ Foto El Faro: Víctor Peña

Luis Martínez enfrentará la segunda acusación en su contra detenido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía 28082016/ Foto El Faro: Víctor Peña

La Iglesia rescata y condena al padre Toño

La Fiscalía no ha podido especificar la fecha exacta de esa reunión en el Arzobispado de San Salvador, pero queda claro que fue la Iglesia quién buscó a Martínez para discutir el caso. En la entrevista del padre Sanmartín, el consultor pasionista se atribuye a sí mismo la iniciativa de solicitar al Nuncio Apostólico y al Arzobispado capitalino “apoyo para ayudar al padre Toño”. Sanmartín dice que tomó esa determinación el 8 de agosto de 2014, fecha en que Rodríguez ingresó al Hospital de la Mujer por complicaciones de la diabetes que padece. Sanmartín declaró que “una persona del Arzobispado de quien no recuerda el nombre le manifestó que había posibilidad de hacer una reunión con la Fiscalía”.

De acuerdo con la declaración de Campos Crespo, el exdirector del CITE, fue el nuncio apostólico Kalenga quien le agradeció a Martínez, al cierre de la reunión, por informarles del caso de Rodríguez, “pues era más grave de lo que pensaban en un primer momento”. Por su parte,  monseñor Escobar Alas agradeció a Martínez dos cosas: el trato que le había dado al sacerdote y la no divulgación de los audios, porque Escobar estaba preocupado del daño a la imagen del padre Toño si los audios se conocían.

Sanmartín le dijo a Martínez que Rodríguez no podía aceptar los tres delitos y le pidió al exfiscal que retirara la acusación de agrupaciones ilícitas. Martínez le respondió que solo le interesaba que aceptara uno, y habló con los sacerdotes de la posibilidad de un procedimiento abreviado, un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado que el Código Procesal Penal regula en los artículos 417 y 418. Básicamente, para aplicar esta solución se requieren tres circunstancias. Uno, que la Fiscalía lo solicite; dos, que el imputado confiese el delito del que está acusado; y tres, que el defensor de la víctima acredite que el imputado ha rendido su confesión y aceptado el procedimiento libremente. Por este último requisito es que la defensa de Martínez cuestiona la denuncia que Rodríguez interpuso a la Fiscalía el pasado 25 de agosto, en la que dijo que se sintió presionado para confesar, a raíz del uso que Martínez hizo de sus llamadas telefónicas privadas.

Según el testimonio de Campos Crespo, aquella no fue la única vez que esos audios privados salieron del centro de escuchas. Campos Crespo declaró en la Fiscalía que días después de la reunión con los sacerdotes recibió una llamada de Martínez, cerca de las 10 de la mañana. Martínez le ordenó que llegara a su despacho y llevara los audios que había llevado la vez pasada al Arzobispado. Campos hizo otra copia en una computadora portátil y la llevó al despacho de Martínez, en el sexto nivel del edificio Farmavida, en Santa Elena. Cuando entró al despacho, dice que se sintió sorprendido porque ahí estaba el embajador Francisco Ravena y el cónsul Villena. En presencia de ellos, Martínez le ordenó que reprodujera las llamadas, y luego le pidió que se retirara.

Días después de la reunión en el Arzobispado de San Salvador, el sacerdote Sanmartín aseguró que hubo otras dos o tres reuniones en la Embajada de España para tratar el caso. En esas reuniones participaron “los fiscales jefes de unidad de cada caso, el fiscal Julio Arriaza –ahora imputado en la red de corrupción de Rais-, el padre Gerardo (Méndez) y los abogados defensores de Rodríguez, Bertha María Deleón y Nelson Flores”.

Consultada por esas reuniones, Deleón dice que se vio entre la espada y la pared. “Tenía la obligación legal de advertirle a Toño que no estaba de acuerdo en esa confesión con chantaje. Por otro lado, él estaba privado de libertad y mal de salud. Me dijo: ‘ya no aguanto'”.

El acuerdo alcanzado se suscribió el 20 de agosto. Rodríguez se confesó culpable de tráfico de influencias y de introducción de objetos ilícitos en centros penales. La Fiscalía le otorgó criterio de oportunidad por el cargo de agrupaciones ilícitas; a cambio, Rodríguez rindió una confesión extrajudicial a la Fiscalía. El ministerio público usa comúnmente el criterio de oportunidad para obtener declaraciones de personas que pertenecen o colaboran con una agrupación ilícita –como las pandillas– a cambio de reducción de penalidades. En el requerimiento, no se hace otra alusión a casos en los que la confesión extrajudicial de Rodríguez haya servido.

En la denuncia que el padre Toño presentó a la Fiscalía el 25 de agosto de 2016, él asegura que producto de la revelación de sus conversaciones íntimas hubo un oficio girado a todos los obispos de El Salvador, en el que la Iglesia ordenó que se prohíba toda actividad pastoral a Rodríguez. En su enumeración de consecuencias, Rodríguez dice que perdió su trabajo como director general de la asociación Corporación de la Pasión.  Además, que sufrió “daños en su imagen personal y fama profesional”, debido a que no ha vuelto a tener clientes en CONSULTAME, su empresa de consultoría. El padre Toño también denuncia que ha recibido acoso de la congregación pasionista y de la Iglesia, quienes le han suspendido el acceso a las remuneraciones que entregan los feligreses cuando reciben algún servicio religioso. En cuanto a daños a su salud, Rodríguez asegura tener perjuicios psicológicos y haber desarrollado diabetes luego de que Luis Martínez divulgara sus conversaciones íntimas.

Este 30 de agosto, el juzgado 1° de Paz decretó la detención del exfiscal Martínez, que enfrentará este proceso resguardado en las instalaciones de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.