La independencia judicial asegura que los jueces ejerzan justicia con libertad, imparcialidad y sin influencias.

Dra. Dafne Sánchez

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

La independencia judicial significa que “el juez no necesita atenerse a otras indicaciones que a las de carácter legal” (Simón Dieter). Por tanto, no debe sufrir interferencia o perturbación alguna que pueda condicionar el ejercicio de la actividad jurisdiccional e implica la instauración de aquellas condiciones individuales y estructurales que permitan una actuación sometida únicamente al mandato de la ley…” (Claudio Movilla). Este principio tiene su primer fundamento y expresión en el sometimiento del juez a la ley (Marcelo Huertas).

Se distingue entre independencia interna, que opera dentro del propio aparato judicial, y externa, que opera frente a los demás poderes del Estado y el público en general (Luis María Díez Picazo)

La Constitución salvadoreña proclama la independencia del poder judicial como conjunto, en el Art. 86, al enunciar el principio democrático y hacer referencia a los órganos fundamentales del Gobierno: “el poder público emana del pueblo. Los Órganos  fundamentales del  Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes…”. En lo que al Poder Judicial se refiere, con tal disposición, el Constituyente ha pretendido que ningún otro órgano o poder del Estado ejerza influencia alguna que condicione el ejercicio de la función que le ha encomendado. Este principio se proyecta en una serie de disposiciones constitucionales y legislación de carácter secundario, mediante las cuales se busca asegurar su efectividad. Se traduce en la autonomía orgánica del Poder Judicial, que supone autonomía de gobierno y autonomía presupuestaria.

Es a la Corte Suprema de Justicia a quien corresponde elaborar el proyecto de presupuesto de la “administración de justicia” y remitirlo al Órgano Ejecutivo para que lo incluya en el proyecto de Presupuesto General del Estado, con una asignación no inferior al 6 % de los ingresos corrientes previstos. El Ejecutivo no puede hacer modificaciones al proyecto de presupuesto, y los ajustes que la Asamblea Legislativa considere necesarios debe hacerlos en consulta con la Corte (Art. 182 No. 13).

En lo relativo a cada juez o magistrado, la Constitución estable que estos funcionarios “en lo referente al ejercicio jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes” (Art.172). Para que sea posible el cumplimiento de tal precepto, se vuelve indispensable  garantizar el no sometimiento del Poder Judicial a los otros órganos del Estado.

Un aspecto fundamental para hacer efectiva la independencia de los jueces y magistrados es la institución y regulación de la Carrera Judicial y, en general, lo referente al estatuto de dichos funcionarios.

Por otra parte, la incompatibilidad que establece la Constitución entre la calidad de juez o magistrado con la de funcionario de los otros Órganos del Estado (Art 188 Cn.), contribuye a asegurar la independencia.

La voluntad del constituyente de proteger la independencia judicial  también se ve reflejada en lo dispuesto por el Art. 186 Cn. que determina que la ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen.

Se afirma que la independencia no es un fin en sí misma, sino “un concepto instrumental respecto de la imparcialidad, ambos al servicio de que el juez debe actuar siempre como “tercero” en la composición  de los intereses en conflicto, con la ley como punto de referencia inexcusable” (Claudio Movilla Álvarez).

Precisamente, el fin último de garantizar la independencia es procurar que la convicción que lleve a los jueces y magistrados a resolver en determinado sentido tenga como único fundamento el ordenamiento jurídico, sin que se vea influido por otros aspectos, hechos, personas o situaciones.

Debe reconocerse que en el medio salvadoreño se ha hecho y continúa haciendo grandes esfuerzos en el ámbito de la independencia judicial. La actitud de los ciudadanos es decisiva para el logro de este objetivo.