La molesta Fiscalía y el NO a la CICIES

Jorge Castillo

Politólogo

Es bueno fijarse en la misión constitucional que tienen nuestras instituciones públicas, como por ejemplo la Fiscalía General  y la Corte de Cuentas. A la primera le corresponde el honorífico rol de defender los intereses del Estado y de la sociedad. A la otra, la fiscalización –con independencia– de la Hacienda Pública y de la ejecución del presupuesto. Ambas son de vital importancia para nuestro desarrollo democrático y en el combate contra la corrupción. A su vez, en ambas pareciera estarse alejando la esperanza que despertaron hasta hace poco.

En el ente fiscal la labor de quien lo preside va de la mano con las expectativas que la sociedad tiene, o sea,  que dirija en forma imparcial la investigación del delito y que promueva el enjuiciamiento y castigo contra los culpables, independientemente de su condición social, capacidad económica, preeminencia política o sesgo partidario. Todo un reto, tomando en consideración el detestable desempeño que tuvo al frente de la FGR, quien ahora es un selecto inquilino del sector 9.

Infortunadamente, la dinámica del Fiscal General no cae en gracia en sectores gubernamentales. Hay varias razones. 1o) El acercamiento con la Embajada Americana, cuyo “imperialismo”, les guste o no,  les provoca calentura a los duros del partido oficial. 2) La valoración que en estos momentos hace el Fiscal respecto a gestionar una CICIES, ante la falta de apoyo a su institución. 3) El protagonismo alcanzado mediante las denuncias públicas realizadas. 4) El compromiso de entrarle de lleno a otros casos relevantes pero pendientes de que finalicen las investigaciones. 5) El temprano ahogamiento financiero del presupuesto originalmente solicitado. 6) La abierta oposición de otorgarle más fondos, de los colectados con el impuesto a las telecomunicaciones.

Aquella gran misión constitucional de la FGR, encuentra ahora obstáculos serios para su cumplimiento, por lo que surge la siguiente interrogante:  ¿A quiénes no conviene que El Salvador tenga un ente fiscal fuerte y efectivo, para meter preso a tanto narco, lavador de dólares, traficantes de armas y corruptos que todavía campean libremente?

Por otra parte, hasta hace poco se percibían buenas nuevas con la llegada de las autoridades recientemente electas  en el máximo ente fiscalizador del Estado. El tiempo ha pasado rápido y su mandato está pronto a expirar, pero parece que hay cosas que contradicen el espíritu de las recientes (pero equivocadas) reformas que buscaron impulsar decisiones colegiadas. Si el presidencialismo era dañino para la institución, pareciera que el remedio resultó peor que la enfermedad.

Cada uno hace lo que se le viene en gana, ya sea buscando protagonismos mediáticos personales o firmando convenios individuales, que al final lo que estarían buscando es pescar el puesto más alto en la próxima elección.

Igualmente, los medios destacan que no hay señales de austeridad en lo que concierne a la contratación del seguro médico privado. A la base está la misma cantaleta de que esas son “conquistas laborales”, que ni se negocian, ni se entregan, lo cual estaría bien sostenerlo si no fuera por un pequeñísimo detalle: el desgraciado momento financiero que atraviesa el país, con  proveedores estatales a quienes se les paga un año después de haber entregado sus productos; con un desempleo, subempleo y pobreza que expulsa del país a nuestros jóvenes y con una FGR que le  toca andar “mendigando” unos dólares más a la Hacienda Pública.

No es bueno que, a sabiendas que no hay dinero en el erario nacional, se promuevan seguros médicos o se ofrezca a los empleados aumentos salariales que las autoridades saben perfectamente que no serán satisfechos, dada la durísima realidad financiera del Estado y el relevante hecho que, en adelante, el presupuesto de la CCR será manejado al antojo de otros.

La FGR y la CCR deberían ser dos pilares para nuestra democracia, lo que no se podrá lograr asfixiando financieramente a la primera o dejando de actuar colegiadamente en la segunda.