La Sala de lo Constitucional y el dinero del pueblo

Werner Peña

La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley del Presupuesto (LP) del 2017 puede ser dividida en dos partes: 1) Análisis sobre la transgresión a preceptos constitucionales y 2) Fallo de la sentencia. Respecto a la primera parte, se argumenta que la LP del 2017 transgrede los principios de equilibrio presupuestario y universalidad plasmados en la Constitución. Sobre este punto, se debe advertir que el presupuesto 2017 no incluyó todas las erogaciones necesarias para afrontar los compromisos del gobierno. Más aun, se ha planteado la insuficiencia de los ingresos para asegurar la provisión de servicios públicos oportunos y de calidad.
En la segunda parte de la sentencia, la Sala de lo Constitucional, además de ordenar subsanar las transgresiones constitucionales, va más allá y da directrices específicas de política fiscal al Ejecutivo, entre ellas: la suspensión de la creación de nuevas plazas –con excepción de las áreas de salud, educación y seguridad y justicia–, así como la suspensión de aumentos salariales y compensaciones adicionales al salario. Así planteada, esta parte de la sentencia es motivo de preocupación.

En primera instancia, parece que la Sala de lo Constitucional se arroga la capacidad de compartir con el Ministerio de Hacienda la dirección de las finanzas públicas, obligando al ejecutivo a la adopción de un enfoque de austeridad fiscal que únicamente considera la reducción del gasto público, orientación muy parecida a la propuesta por instituciones ligadas al poder económico del país. Así, los magistrados adoptan una visión económica neoliberal de la política fiscal y obligan al gobierno a adquirirla.

Tanto la Sala como el magistrado Rodolfo González –en su voto concurrente– hacen un análisis muy básico sobre el número de empleos públicos y las remuneraciones. Presentan datos del incremento en el empleo público entre 2008 y 2017 sin siquiera tratar de investigar si alguna parte de ese nuevo empleo fue pertinente y efectivo para ampliar los servicios públicos, haciendo parecer que todo el empleo creado es injustificado. Esta es una posición puramente ideológica, sin fundamento económico y social. Por ejemplo, de las 29,644 nuevas plazas creadas entre 2008 y 2017 –según la sentencia–, aproximadamente 8,000 corresponderían al traslado de maestros del programa EDUCO a Ley de Salarios. Este programa fue efectivo en ampliar la cobertura educativa en las áreas rurales y ha sido retomado en otros países de América Latina.

Asimismo, 1,316 de esos empleos corresponden a la contratación de médicos y enfermeras para ampliar la cobertura de atención en salud en los cuatro niveles de atención. Según el documento del BID Una mirada al gasto social en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, esto permitió incrementar la densidad territorial del personal médico en el nivel primario, sobre todo en los departamentos con menor densidad.

También llama la atención que la Sala no haya mencionado en ninguna parte los privilegios fiscales, como sí menciona las transferencias públicas a instituciones privadas. En esencia, ambos tipos de operaciones revisten el mismo carácter: renuncia de recursos públicos a favor de instituciones privadas. Los privilegios fiscales en 2014 representaron alrededor de USD 693 millones dejados de recaudar y no existe ningún tipo de evaluación sobre la pertinencia y efectividad que los justifique.

Lo anterior plantea preguntas que merecen respuestas, entre ellas: ¿Qué pasa con la voluntad popular, que por medio del voto directo ha elegido un gobierno con un determinado programa fiscal cuando este programa contenga medidas que se contrapongan a la corriente económica adoptada por la Sala? ¿Tienen los magistrados las competencias profesionales y constitucionales para compartir la dirección de la política fiscal con el Ministerio de Hacienda?

El hecho que la Sala quiera intervenir en la dirección de la política fiscal con el Ministerio de Hacienda únicamente contribuye a generar una crisis de gobernabilidad. La sostenibilidad y viabilidad de las finanzas públicas debería de surgir de un acuerdo fiscal integral que incluya medidas para garantizar la eficiencia y efectividad del gasto y la suficiencia de ingresos, en el que todas las fuerzas políticas y sociales del país nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos.