Las iglesias de los indocumentados

Diego Murcia
Las iglesias se han convertido en las defensoras de los migrantes en Estados Unidos. Muchos de sus templos ahora son refugios para migrantes desesperados que ven, como última instancia para detener la inminente separación de sus familias, el asilo en las parroquias. El número de refugiados en las iglesias -la mayoría madres de familia- es pequeño aún, pero podría ir creciendo a medida que se acerca la entrada en vigencia de la ley SB4, una ley que persigue a los migrantes y busca su deportación inmediata.

Los casos más relevantes que han llamado la atención mediática son los de Jeanette Vizguerra e Ingrid Encalada Latorre. Pero no son los únicos. Semanas atrás, 60 Minutos emitió un episodio sobre cómo el “Movimiento Santuario” ha crecido hasta contar con 800 iglesias y 600 ciudades y condados que desafían abiertamente los ataques de Trump contra los inmigrantes.

Vizguerra, una inmigrante indocumentada con cuatro hijos, se refugió al interior de una iglesia de Denver por casi 90 días, cuando supo que había una orden de deportación en su contra. Ella fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de Time Magazine de 2017 , fue la primera madre en regresar a casa con sus hijos y nieto a principios de mayo, justo antes del Día de la Madre.

Encalada Latorre se escondió por seis meses en el sótano de la congregación Cuáquera Mountain View Friends Meenting, en Colorado. Desde su refugio brindó entrevistas a cadenas norteamericanas e internacionales. Su testimonio traspasó los muros fronterizos.

Ambas madres se han vuelto los rostros más visibles de la comunidad indocumentada y ambas han recibido un alivio temporal de la deportación. Pero no todas tienen la misma suerte.

La ley SB4 -entre otras cosas- obliga a los alguaciles, jefes de policía y administradores de cárceles a impedir la salida de los detenidos cuyo estatus migratorio sea ilegal y los retenga hasta que inmigración llegue por el o la prisionera. Negarse a esta solicitud será considerado un delito menor en contra de los jefes de las unidades de aplicación de la ley.

Aunque el rumbo de esta ley podría cambiar gracias al juez Orlando García, quien juzgará si la SB4 viola la Constitución en un caso que analiza. García ya ha determinado que se violaron los derechos constitucionales de un inmigrante al mantenerlo encarcelado por pedido de ICE por más de 70 horas y sin causa probable. Ahora delibera si esa violación afecta a un caso en particular o a todos aquellos que terminen en migración.

Mientras ese fallo ocurre, en las calles los efectos de le ley ya son visibles. A inicios de junio, Francia Elena Castaño Benítez, una madre de familia de Las Cruces -una ciudad en el estado de Nuevo México, a menos de una hora de la frontera- fue deportada a Colombia, a pesar de haber vivido en Estados Unidos por dos décadas. Por Castaño Benítez abogaron los miembros de su parroquia y el obispo local, Oscar Cantú. Ella trabajaba como empleada doméstica y fue detenida por agentes encubiertos de ICE el 9 de mayo, junto con su hijo mayor, Jefferson Taborda. El menor fue liberado el 12 de mayo tras recibir la protección legal de la Ley de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Ahora, el muchacho y su hermano, de 12 años, se han quedado solos, mientras su madre está en Bogotá, en casa de familiares.

El caso de Castaño es una estampa cada vez más cotidiana y no es de exclusividad católica. Las iglesias protestantes están haciendo públicos sus intenciones de ser santuarios. El reverendo William J. Barber II, representante de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), ofreció públicamente su iglesia cristiana Greenleaf (Discípulos de Cristo), localizada en Goldsboro, Carolina del Norte, para que sea tomada como santuario por el salvadoreño José Chicas y su familia. Chicas tiene orden de deportación para el próximo 28 de Junio.

No es el primero al que le ofrecen la casa de Dios como refugio. Juana Tobar se resguardó el pasado 31 de mayo en la iglesia St Barnaba’s en Greensboro gracias a la ayuda del reverendo Randall Keeney.

En el caso de la Iglesia católica, esta apertura al migrante perseguido ha servido como un cambio de escena para la curia. En especial, luego de que una investigación periodística de The Boston Globe revelara que, desde 2002, se habían perpetrado 17,000 casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, con conocimiento de las altas jerarquías eclesiales, algo que no ha dejado de replicarse en numerosos países .

En su nuevo papel, al mejor estilo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBES) salvadoreñas, la Iglesia estadounidense ha salido al paso. Durante los años de guerra civil, las salvadoreñas CEBES servían como centros de estudio de la realidad, donde la gente de bajos recursos aprendía sobre sus derechos como humanos frente a la opresión del gobierno de turno y las fuerzas del orden público. La base de estas enseñanzas fue la conocida Teología de la Liberación y su Opción Preferencial por los Pobres. Hoy el tema es el migratorio, pero la labor educativa está sucediendo como sucedió en su momento en El Salvador.

En voz del obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, la ley SB4 “es producto de una reacción exagerada a un gran miedo infundado… No duden que esta ley tendrá efectos más allá de aquellos que son indocumentados”, advirtió el jerarca católico, sobre los alcances de la fuerza de deportación impulsada por la Casa Blanca.

Es por ello que esta y otras diócesis estadounidenses han iniciado una serie de charlas para informar a sus feligreses sobre los derechos que les protegen en caso de verse enfrentados a una visita o encuentro relacionado con inmigración. El único miedo que tienen las autoridades católicas, dice Seitz, es que “las iglesias no están adecuadas para recibir a refugiados”, como si temiera la peor. Por ahora, la pelota está en el lado de la cancha que custodia el juez García.