¿Los empleados públicos y funcionarios necesitan un seguro médico privado?

 Bessy Ríos

Esa es la pregunta que nadie responde a la hora de hablar de los seguros médicos privados y lo cierto es que los fondos públicos se invierten para el funcionamiento del Estado y para el beneficio de toda su población.

Así tenemos a los diferentes actores haciendo argumentaciones más que de un razonamiento basado en la austeridad e instinto de servicio, de mantener sus privilegios:

Funcionarios de Alto nivel del Gobierno Central:

Pero nuestros funcionarios del más alto nivel suelen lavarse las manos:

 “Vamos a ver qué regulación debemos de plantear también en el tema  del los seguros médicos, en realidad el grueso de los gastos en seguro no está en el Gobierno Central, en el Gobierno Central hay algunas cosas mínimas. (…) El gasto más grande está en la Asamblea Legislativa, está en la Corte Suprema y creo que en la Corte de Cuentas. Nosotros queremos hacer una regulación ojalá que sea extensiva a todas las instituciones”, dijo Lorenzana en la entrevista de Canal 10. 

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se desmarco de las críticas por los onerosos gastos por parte del Estado y dijo durante una entrevista televisiva que CAPRES no tiene seguro médico privado. “El Gabinete de Gobierno no tiene seguro privado, ni el presidente de la república, ni las secretarías ni los ministerios. Hay empresas del Estado que sí tienen, como CEL, ANDA, CEPA”, dijo el funcionario.

Lo cierto es que quienes dirigen las autónomas los nombra el Presidente y los miembros de esas Juntas Directivas son nombrados por distintos ministerios, no existe ningún tipo de justificación como para que Presidencia diga que no puede hacer nada, teniendo los votos en las autónomas basta con girar las directrices para la suspensión de estos gastos, además no podemos olvidar que varios Ministros y Vice Ministros que están en estas Juntas Directivas obtienen ese seguro médico privado, por lo que no es tan cierto ese argumento que los funcionarios del gobierno central no gozan de ese beneficio.

Los Partidos Políticos:

Los diferentes grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa, continúan en dar justificantes para mantener este beneficio en ese órgano de Estado defendiendo este gasto a todas luces innecesario.

ARENA

El diputado Alberto Romero justifica que la decisión de contratar el seguro médico privado, que beneficia a los diputados y empleados legislativos, es decisión de la Junta Directiva de la Asamblea.

El diputado  aparentemente obvia decir que su partido tiene representación en dicha Junta Directiva y que pueden perfectamente, si esa fuera la voluntad política, ya se hubiera votado en dos ocasiones contra la adquisición de ese servicio, cosa que no ha sido así, dejando en evidencia que en realidad no hay una verdadera intensión de reducir los gastos, más bien desean mantener el beneficio.

FMLN

El diputado Santiago Flores sostiene que la Asamblea ya está ejecutando medidas de austeridad y que eliminar el seguro médico privado es quitarle un derecho que los trabajadores “han conquistado”.

Si bien es cierto el seguro médico privado fue una conquista laboral de los empleados esto no justifica que los diputados y diputadas tengan ese beneficio, si la intención real fuera estar de la mano con la clase trabajadora y conservarles sus beneficios, entonces ya se hubiera negociado con el sindicato para conservar el beneficio para ellas y ellos, buscando un seguro que les sea descontado de sus salarios, el cual no tendría primas anuales altas, pues al cubrir una cantidad importante de beneficiados, estos primas tienden a ser bajas.

No se trata de que no tengan derecho a adquirir un seguro médico privado, eso pueden hacerlo, pero sí es importante que este beneficio no sea pagado con fondos públicos.

GANA

El diputado Guillermo Gallegos dice que sería “muy penoso que un sindicato se vaya a quejar al Ministerio de Trabajo porque le suspendieron el seguro médico hospitalario”.

Ante esta declaración, basta con que se presente documentado que el pago de este beneficio no puede ser sostenido con recursos públicos, pues ostentar ese servicio no es indispensable para el correcto funcionamiento del Estado.

Me llama la atención que ante todas estas justificaciones, tanto los funcionarios como diputados dejan entre ver que es mejor el trato privado, olvidándose de cumplir su función que es lograr mejorar los servicio Nacional de Salud, en favor de la ciudadanía, votaran o no por ellos.

Funcionarios de gobierno, así como su grupo parlamentario quienes en teoría son los que deben estar en contra de privatización de servicios sociales, deberían ser los primeros en renunciar a este beneficio, ordenando a sus funcionarios en las diferentes autónomas a hacerlo también, pero lamentablemente el discurso no llega a realizarse en acciones concretas pues estar en esos cargos les permite beneficiarse del servicio y lo defienden a capa y espada.

Los sindicatos:

Tengo muy claro que muchos de estos seguros están dentro de los contratos colectivos de trabajo y muchos sindicatos los ven como conquistas laborales, pero es una visión errada, los fondos públicos no deben gastarse en estos seguros, pues estos en nada ayudan a que ellos como empleados cumplan sus funciones, así de simple.

Los sindicalistas más bien deberían enfocarse en presionar al Estado para que finalmente el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tenga un hospital para las hijas e hijos de los trabajadores y que se amplíe la cobertura hasta los 18 años, en función de esto deberían estar, ya que esto beneficia a toda la clase trabajadora, pero obviamente esto requiere ser beligerante ante el Estado y eso hoy por hoy lo han perdido los sindicatos, se han acomodado y por ello han perdido credibilidad ante la población, que los percibe como organizaciones formadas por personas que no les gusta trabajar, donde se refugian los bolos e inoperantes, para evitar que los quiten de los trabajos.

Los sindicatos debieron llenar las calles ante la noticia que en el nuevo presupuesto se le quitaran 17 millones de dólares al Ministerio de Salud y otros tantos millones al Ministerio de Educación, debieron ser ellos los que le recuerden al partido en el gobierno que la consigna es “educación y salud, de calidad, gratis, para todos y todas” la universalización de estos servicios, era una consigna en otros tiempos, pero parece que hoy se ha olvidado y lo puedo comprender con los que han llegado al poder, pero que los sindicatos y otras organizaciones se hagan del ojo pacho y callen ante esto, es verdaderamente repugnante.

En algún momento espero los sindicalistas entren en razón y tomen su rol dentro de la sociedad, pero parece, por la manera en que el partido de gobierno está defendiendo la práctica de contratar seguros médicos privados, que los sindicatos se quedaran en silencio y junto a otras organizaciones saldrán a defender los cambios, aunque esto incluya bajar los presupuestos en los rubros más importantes Salud y Educación.

No puedo dejar de opinar sobre una  oposición que desea mantener el negocio a sus financistas solo dos diputados del partido ARENA no tienen el seguro médico, porque pidieron no tener el beneficio, en un principio se puede ver positiva esta acción, pero lo cierto es que  no tuvieron el valor de votar en contra de dicho servicio, dejando en claro que aunque manifiesten que están haciendo la diferencia dentro de su partido, no logran tener la independencia para votar en contra y esta acción también dice mucho.

De nada sirve que el Presidente de la Asamblea Legislativa diga estar en contra de este beneficio, si al final se lava también las manos diciendo que todos quieren en Junta Directiva conservar el seguro pero él y su grupo parlamentario no votó en contra del mismo.

Personalmente:

No me trago estos discursos de los funcionarios y me indigna la actitud, espero que pronto pongan un recurso de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional esos gastos que como ya he dicho en nada ayudan al funcionamiento del Estado, sobre todo cuando el costo de mantenerlos implica que se recorte a servicios fundamentales como son Salud y Educación, para toda la población, quienes al final somos los que pagamos con nuestros impuestos el mantenimiento del Estado y se supone sus funcionarios deben estar al servicio de la ciudadanía y buscando por todos los medios que estos beneficios se universalicen, pero que ante todo sean de calidad y con trato digno.

Si quieren seguro médico privado, éste debe ser sufragado con los salarios asignados a cada funcionario, para conseguir buenas primas anuales entendería que justificaría que fuera colectivo; pero según el uso que realicen las aseguradoras así establecerán las primas a cada usuario; siendo así, no tendría ninguna objeción … mis oposición es que se contraten dichos servicios con fondos públicos.