¿Mandarán los diputados electos o las cúpulas como siempre?

Jorge Castillo

Politólogo

En el continente crece el clamor para que el poder político sea ejercido por líderes honestos y capaces. El buen Gobierno es una exigencia de la sociedad civil contemporánea, dada la corruptela que salpica a muchos funcionarios públicos por los manejos irregulares de los recursos públicos a ellos confiados. En casos donde la institucionalidad fiscal-policial-judicial ha sido efectiva, algunos de estos truhanes han ido a parar a la cárcel, destino obligado para quienes han traicionado la confianza ciudadana. Otros están siendo investigados.

Cuando una persona es investida de poder político, vía elecciones populares directas, elecciones legislativas de segundo grado o por medio de un simple acuerdo de nombramiento desde los diferentes órganos de gobierno, implícitamente recibe la facultad de mandar, en tanto otros asumen el deber de obedecer. No obstante, no es una obediencia a ciegas, típica en algunos que, por hambre y servilismo, la practican, sino que es la subordinación ante una autoridad que es muy difícil de encontrar en los funcionarios, la autoridad moral, que en ningún lugar del planeta se adquiere por decreto, sino a través del ejemplo.

La autoridad moral no viene dentro de combos eleccionarios; no se encuentra bajo las uñas sucias del burócrata pícaro, pero habilidoso para sostenerse en el puesto. Se trata de una combinación de fuerza moral, habilidad persuasiva, capacidad técnica y habilidad gerencial que hacen que un funcionario, independientemente del nivel jerárquico que ostente,  tenga influencia humana y profesional para ser obedecido por convicción propia y de manera voluntaria por su personal, quienes ven en dicha persona a un líder democrático, capaz,  probo y ejemplo a seguir.

Es claro que tenemos un gran déficit de este tipo de funcionarios. Son especies raras, que prefieren que les chillen las tripas pero no su dignidad; que tienen la fuerza moral suficiente como para decir NO a la corrupción. El lector no me dejará mentir, pues sabe que algunos gobernantes del “Triángulo Norte” han dado muestras más que suficientes de no contar con ese tipo de autoridad moral. Por eso hemos tenido presidentes que se han apropiado de dineros públicos por medio de redes criminales organizadas ad hoc; que han cambiado de la noche a la mañana sus modestísimos hábitos de vida por los lujos, opulencia y derroches, para terminar siendo prófugos de la justicia; que han hecho crecer sus negocios particulares y construir grandes mansiones; que se han inventado misiones oficiales y cobrado viáticos sin viajar; que han creado fundaciones que manejan sus testaferros para captar fondos públicos; que buscan perpetuarse en el poder, como en Honduras, pisoteando la Constitución.

De ahí el enorme reto que se avecina para El Salvador, cuando la ciudadanía deba asistir a las urnas y escoger a quienes nos representarán en la Asamblea Legislativa y a los que dirigirán 262 gobiernos municipales. El país no puede ni debe seguir dándose el lujo de consentir delincuentes de cuello blanco al frente de las instituciones públicas, sobre todo, cuando está de por medio dos elecciones vitales para nuestra sobrevivencia en democracia: un  nuevo Fiscal General y nuevos magistrados de la CSJ, de los que cuatro pasarán a integrar la Sala de lo Constitucional.

¿De qué sirven funcionarios con poder político pero sin autoridad moral? ¿Qué valen legisladores o alcaldes con ciega obediencia partidaria pero soslayando los intereses de país? ¿Qué gana El Salvador con tener políticos ofendiendo naciones amigas? ¿Qué gana el ciudadano llevando al poder a perfumados que buscan “rescatar el Estado”, pero para hacer negocios? ¿Qué legitimidad o ejemplo edificante puede ser para nuestros, ver a políticos serviles (cuestionados hasta por su propio gremio) prestarse para ser electos fraudulentamente, y aun así, posar para ser “juramentados” por el mismísimo presidente del país, quien debería ser ejemplo de legalidad?

De ahí que es preocupante que las extremas políticas polarizantes sigan siendo favoritas para obtener la mayor parte de cuotas legislativas (encuesta LPG Datos, 6 de diciembre de 2017).