NO OLVIDAR. El rol constitucional de la Fuerza Armada

Como efecto de los Acuerdos de Paz, suscritos en Chapultepec el 16 de enero de 1992, se ratificó por la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la Constitución de la República concernientes a la Fuerza Armada, el día 30 de enero de 1992, específicamente los artículos 82, 168 (numerales 11, 12 y 19), 211, 212 y 213 de la Carta Magna de 1983. Con ello se instauró un nuevo régimen jurídico político para lo militar, y se adoptó una doctrina civilista pactada por los negociadores representantes del Gobierno y del frente insurrecto, el FMLN. Se dispuso al efecto de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas, incluso en la ejecución mediante la Misión de Observadores denominada ONUSAL. Así se aprobó el sistema de relaciones Ejército-sociedad que actualmente impera, con énfasis en las leyes y convenios de protección a los derechos humanos.

Se hizo el compromiso de propiciar el bien común y una paz firme, un gobierno democrático pluralista, sin exclusiones ideológicas de las banderas socialista y comunista, o de las corrientes del neo-liberalismo o capitalismo ortodoxo, y con una Fuerza Armada permanente subordinada al poder civil.

En ese esquema faltaron planes para erradicar la pobreza y los desequilibrios sociales y para impulsar de manera sostenible la economía. Hubo sacrificios de ambos bandos para concertar atinadas respuestas políticas e institucionales, pero quedaron vacíos, transformados en falencias, entre otros en la reinserción de los excombatientes, prevención de la delincuencia de pandillas y el narcotráfico, la corrupción, la polarización, el endeudamiento y el fenómeno demográfico, pues el foco urgente era el cese de fuego.

Veinticinco años después se ha revertido el proceso, adiós al perdón y el olvido del decreto de la amnistía de 1993, las heridas reabiertas y las atrocidades de la guerra retornan del pasado con punzantes dolores.

La Fuerza Armada, declarada apolítica y no deliberante, quedó circunscrita al ámbito de la defensa externa, y además, a obras de beneficio público, auxilio en casos de desastre; y circunstancialmente, de apoyo a la Policía Nacional Civil de manera transitoria, cuando se hubieren agotado los mecanismos ordinarios para el mantenimiento de la tranquilidad perturbada. Además, la Fuerza Armada coopera con la ONU en misiones de apoyo orientadas a la pacificación de conflictos internacionales.

En el otro extremo, el resguardo de la tranquilidad y la seguridad pública interna compete a la Policía Nacional Civil, bajo la dirección de autoridades civiles, y dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Al Presidente de la República corresponde conducir la Fuerza Armada, fijar anualmente su número de efectivos, dirigir la guerra y hacer la paz y disponer de ella de manera excepcional durante el tiempo estrictamente necesario para salvaguardar la seguridad interna. Toca al Presidente fungir como Comandante General de la Fuerza Armada, es suyo el mando supremo, y la entidad castrense le debe obediencia, salvo orden violatoria de la Constitución, la norma primaria. La obediencia debida del militar no coarta su derecho de opinión y petición a la jefatura, pero tiene prohibido deliberar (políticamente), o contraponerse y discutir las prescripciones de la autoridad superior. No obstante, existe el derecho de insurrección atribuido de manera genérica al pueblo, para restablecer el orden constitucional alterado; y es obligatoria la insurrección para preservar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Quedó en el pasado el modelo autoritario de política militar frente a la subversión interna, llamado “Doctrina de la Seguridad Nacional”, vinculado a la Guerra Fría mundial. Se adoptó la “Doctrina de  la Defensa Nacional de la Soberanía y la Integridad del Territorio”. Ante una potencial agresión, acción o amenaza militar externa, el país tiene este medio para su legítima defensa. El ejército, entidad profesional, se estructura en el Estado constitucional de derecho, como una institución ajena a toda consideración política o ideológica, subordinada a la autoridad civil y a la Constitución.