¿NUEVAMENTE LA FUERZA ARMADA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. UNA MEDIDA INCONVENIENTE?

Septiembre 22 de 2017. Desde el lunes 18 de septiembre, el Gobierno desplegó en las calles de San Salvador a más miembros del ejército de los que usualmente ha estado utilizando en labores de seguridad pública, esta vez usando hasta tanquetas equipadas con armas de grueso calibre; según el Gobierno, la medida es parte de una estrategia disuasiva y preventiva ante las condiciones de inseguridad ciudadana que experimenta el país.

El uso del ejército en labores de seguridad pública no es nuevo en El Salvador, ya que se viene dando desde el establecimiento de los Grupos de Tarea Conjunta a principios de la década de los años noventa; sin embargo, esta participación ha venido siendo en menor grado, excepto algunas ocasiones en que los gobiernos han incrementado el uso de los militares en labores de seguridad. Una de esas ocasiones fue a finales de 2009, cuando el Gobierno de turno aumentó el despliegue del ejército en la calles del país para que apoyara las labores de seguridad en similares condiciones que ahora el Gobierno actual lo hace. En esa oportunidad, como FESPAD publicamos un comunicado titulado: “La Fuera Armada en funciones de seguridad pública. Una medida inconveniente.” Ahora, reiteramos nuestra postura y hacemos las siguientes valoraciones:

En El Salvador, desde hace varios quinquenios, la violencia y la criminalidad se han salido del control de las autoridades responsables, esto nadie lo puede poner en duda; ya que la criminalidad se encuentra asolando casi todo el territorio del país.

Es en estas circunstancias que el Gobierno ha tomado nuevamente la decisión de que la Fuerza Armada salga a hacer funciones de seguridad pública con mucha más presencia y armamento, esta medida pone de manifiesto que otra vez no se está haciendo un abordaje adecuado del combate a la violencia y criminalidad en el país; pues si se quiere perseguir a la criminalidad eficientemente, la represión no debe ser la única herramienta de persecución.

La decisión tomada puede interpretarse además como un grave retroceso al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, así como también provocará más capturas de personas, especialmente jóvenes, que ya no tienen cabida en la infraestructura de centros penales.

En FESPAD hemos venido realizando un detenido análisis sobre estas iniciativas y hemos concluido que es inconveniente usar al ejército en funciones de seguridad pública por las siguientes razones:

1. Se transgrede la Constitución: la entidad responsable de la seguridad pública es la Policía Nacional Civil, PNC. Las condiciones para que opere la excepción del ordinal 12° 2 del artículo 168 de la Constitución no están dadas.1 Pero lo más importante es que no se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la seguridad pública en nuestro país.

2. Se violenta el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz; es un grave retroceso en materia de Seguridad Pública.

3. La Fuerza Armada no está preparada para hacer seguridad pública; la carrera policial demanda capacidades y destrezas diferentes, pero también una filosofía y una mística, que distancia a una institución de la otra.

4. Se está siguiendo con planes mano dura los cuales han demostrado que por ellos solos no pueden resolver la problemática, más bien han sido una de las causas del agravamiento de las condiciones de inseguridad. Ha habido plan mano dura, plan súper mano dura, ley anti pandillas, fuertes y permanentes operativos anti pandillas como el Plan Sarissa y Plan 500; están vigentes la Ley contra el crimen organizado, hay tribunales y jueces especiales, se dieron calificaciones jurídicas de terrorismo, adopción de medidas extraordinarias. Y pese a ello no se ha resuelto el problema, al contrario, cada día está más grave. Está demostrado, que a más mano dura, más violencia y más inseguridad.

5. Porque es un retroceso a un pasado al que las y los salvadoreños no estamos dispuestos a regresar.

Tomar esa decisión por parte del Gobierno, deja en entre dicho los esfuerzos que se están haciendo en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y no da seguimiento al Plan El Salvador Seguro. Para FESPAD, el combate a la violencia y a la criminalidad debe ser integral en dos sentidos:

A. EL INSTITUCIONAL: Se debe garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de la Seguridad Pública; no es sólo la PNC la responsable:

– La Fiscalía General de la República, FGR, debe asumir su rol de conducir la investigación del delito; debe presentar casos robustos a los tribunales de justicia que permitan que se castigue a quienes los hayan cometido; debe bajarse el nivel de impunidad que hay en el país. Esto pasa por la ineludible necesidad de hacer investigación científica de hechos punibles. No se puede seguir teniendo en los testigos, la única forma de probar la comisión de un delito; pero además, deben superar la práctica de hacer uso de testigos falsos.

1 Disponer de la Fuerza Armada para la Defensa de la Soberanía del Estado, de la Integridad del Territorio. Excepcionalmente, si se han agotados los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido. El Presidente de la República mantendrá informada sobre tales actuaciones a la Asamblea Legislativa, la cual podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales medidas excepcionales. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará a la Asamblea Legislativa, un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada.”
3

– La PNC no debe hacer redadas, debe hacer capturas en flagrancia o a partir de indicios de prueba que permita la captura de los responsables de la comisión de los delitos; deben aprender a individualizar la responsabilidad de los delincuentes.

– Las unidades de control interno de la Policía, así como la Inspectoría General de la PNC deben desarrollar su labor eficientemente y no ser tolerantes ante acciones contrarias a la ley por parte de miembros de la Policía.

– Los Tribunales de Justicia, recibiendo la prueba del delito contra los delincuentes, deben hacer justicia, evitando así la creciente impunidad y el mensaje de que cometer delitos en El Salvador, no trae consecuencias a sus autores.

– La Academia Nacional de Seguridad Pública debe formar en los miembros de la PNC una conciencia cívica acorde a su función en la sociedad, especialmente el respeto a los Derechos Humanos y su responsabilidad de servidores públicos.

– La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos debe jugar un rol más protagónico en cumplimiento a su mandato legal, principalmente velando por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas.

B. EN CUANTO AL ABORDAJE DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE:

– Debe haber un tratamiento integral que aborde: la represión, la prevención y la reinserción.

Persecución y represión del delito – Se debe dar muestras de que las instituciones funcionan y que quien comete un delito se le aplica una pena. Hay una altísima tasa de impunidad en materia de homicidios y de otros delitos.

– Se debe perseguir sin distingos a quienes cometan delitos; tomando en cuenta que la violencia y la criminalidad no “comienzan y terminan en las pandillas”. Debe perseguirse y reprimirse también el crimen organizado, ese que está enquistado en las altas esferas del poder político y económico; la delincuencia común y la violencia intra familiar. Incluyendo a agentes de la policía y del ejército. Se ha conocido por parte del Ministro de la Defensa que se ha realizado depuración de algunos miembros del Ejército por infiltraciones de miembros de pandillas, pero no se ha conocido que alguno de ellos haya sido judicializado.

– Se debe dar inicio a un proceso efectivo y respetuoso del debido proceso legal, de depuración de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, en los Centros Penales y de los Tribunales de Justicia.

Prevención del delito: – Se debe dar énfasis en el control de armas de fuego y en las acciones de desarme: Más del 60% de los delitos que se cometen llevan involucradas armas de fuego; no tomar esta decisión, dice del privilegio del interés de las empresas, sobre el de la seguridad de la población.
4

– Cambio de la lógica del enfrentamiento armado por una política de seguridad ciudadana que tenga como marco los Derechos Humanos. Debe investigarse la suplantación de enfrentamientos que se ha vuelto una práctica usual. – Participación social en la formulación de nuevas estrategias de prevención de la violencia.

– Reconocimiento de que las personas que viven en las comunidades y colonias donde existen pandillas, son sujetos de derechos. Muchas comunidades están criminalizadas en su conjunto y esto genera procesos de deterioro social

– La necesaria contribución de la empresa privada en la prevención e reinserción de las y los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal.

– Establecer un presupuesto adecuado a las circunstancias de la inseguridad que vive el país:

a.- Que dote a todo el sistema de justicia de lo que necesita: a la FGR, al Órgano Judicial, a Centros Penales; pero especialmente a la PNC: Debe haber más policías en la calle, debe haber más incentivos para ellos y ellas, deben estar suficientemente equipados. Es un error el haber creado la figura de los gestores de tráfico, cuando con el mismo presupuesto se pudo haber aumentado el número de agentes de policía de tránsito, quienes sí tienen mandato de ley para esa tarea y hacen una labor disuasiva del delito y de ordenamiento vehicular que tanto lo necesita la capital.

b.- Que aborde problemas estructurales:

1. Llevar talleres de aprendizaje a las comunidades. 2.- Dotar de servicios básicos a las comunidades. 3.- Apoyar la apertura de fuentes de empleo comunales, desde las propias iniciativas de las y los jóvenes, incluyendo a quienes han tenido conflicto con la ley penal. 4.- Abrir oportunidades de empleo a las y los jóvenes. Se requiere el involucramiento de todos en la solución; la empresa privada tiene un rol fundamental. 5.- Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública asuma su rol con toda energía y dedique sus máximos esfuerzos a dar acompañamiento a procesos de prevención en las comunidades. 6.- Que se generen condiciones de diálogo con las y los jóvenes, pero con todos, con los que están en riesgo, pero también con los que ya están en conflicto con la ley penal; muchos de ellos y ellas, están pidiendo ser parte de la solución de esta grave problemática nacional. Es importante no criminalizar el dialogo y generar procesos en lo local y nacional para construir paz local y nacional con todas las fuerzas nacionales desde una visión transparente e incluyente, para FESPAD el diálogo es el camino hacia la solución y trasformación de los conflictos.

La reinserción a la vida social y económica – Los centros penales deben convertirse en verdaderos centros de educación y formación, de readaptación de todas aquellas personas que han cometido delito y que dentro de un centro penal están pagando una pena. Se deben revisar y eliminar los procesos de castigo que pueden constituir prácticas de tortura en algunos centros penales, tanto por estar proscritos y porque dichas prácticas solo generan e incrementan los procesos de odio y venganza.
5

– Ese círculo vicioso que se genera en los centros penales, que educan en crimen, debe reconvertirse en la posibilidad de que toda persona que pase por ahí debe salir a incorporarse a la vida económica y social del país, tal y como lo mandata el artículo 27 de la Constitución.

Salvo algunas voces, la demanda social de una mayor eficacia de la labor preventiva no ha ocurrido, esto porque en su desesperación por la inseguridad la gente ve como salida inmediata y eficaz al Ejército.

Se debe tener cuidado de no caer en un facilismo represivo, que cada vez más pueda estar generando el riesgo de que la policía funcione por fuera de los principios fundamentales del Estado de derecho, lo que no sólo es ilegal y atentatorio contra los derechos humanos, sino que también aumenta los niveles de corrupción, que se alimenta de esas prácticas al margen de la ley.

Ante el hecho que la Policía pueda estar siendo rebasada por la delincuencia y que pueda verse como ineficaz, la solución no es tratando de disimular con un control ilegal de la delincuencia o con mayor participación del Ejército, sino que se debe recuperar la naturaleza, espíritu y fortaleza de esa institución producto de los Acuerdos de Paz.

Ciertamente, la Policía debe hoy enfrentar serios vicios ocurridos en los gobiernos del pasado, fue allí cuando se inició la militarización de la policía, igualmente fue allí cuando se inició con el manodurismo que cada vez ha ido en aumento. Ahora, quienes critican desde la oposición olvidan que fueron ellos quienes iniciaron las políticas represivas y de exclusión, y por lo tanto son responsables, o al menos, corresponsables de lo que ahora pasa y por lo tanto deben ser también parte de las soluciones.

Sacar al Ejército a la calle, en funciones de seguridad pública será otro fracaso en el combate de la violencia y la criminalidad, al que no debería exponerse el Gobierno, ni dejarse arrastrar independientemente de los motivos. Se debe renunciar al populismo punitivo.

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO –FESPAD-