“Presupuesto” general a “discusión”

Roberto Cañas

Con grandes dificultades el Ejecutivo consiguió los votos en la Asamblea Legislativa para hacer la reforma del sistema de pensiones que necesitaba y así detener la amenaza de caer en impago. Los resultados son complicados para los trabajadores: hoy los cotizantes a las AFP darán más de su salario y recibirán menos en sus cuentas individuales.

Se masticaba pero no se terminaba de tragar la reforma previsional cuando el viernes el ministro de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2018. Es un presupuesto chueco, tiene un monto de $5,520.5 millones, unos $562.7 millones más que los del año pasado, pero tiene un faltante de financiamiento por $554.1 millones en partidas como el pago de la deuda previsional, subsidio a la energía eléctrica y otras obligaciones generales del Ejecutivo.

La discusión para la aprobación de este presupuesto será fatigosa para el Gobierno, pues ARENA le rechazará su postura de solicitar más deuda para aprobarlo; señalará que éste se encuentra desfinanciado y el Ejecutivo pasará a la segunda estación, en su vía crucis de finanzas públicas.

El Salvador se encuentra en la etapa de discusión y aprobación del presupuesto, esta es la etapa más visible del proceso presupuestario; los diputados discutirán, modificarán y después de un largo trámite lo aprobarán. Estos meses deben ser de discusión pública y transparencia fiscal.

El presupuesto es el instrumento de política económica más importante del Gobierno. Refleja las prioridades de las políticas económicas y sociales del régimen; más que ningún otro documento, define cómo se van a gastar los recursos y cómo se obtendrán los ingresos. Los problemas económicos se hacen más grandes por presupuestos débiles y decisiones presupuestarias deficientes.

Hoy es el momento en que la sociedad civil tiene una buena oportunidad para analizar, monitorear e incidir en la asignación de los recursos públicos. No es sólo responsabilidad de los diputados la correcta estimación de ingresos y asignación de gastos. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar en la discusión del Presupuesto General de la Nación. Todos debemos conocer ¿en qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿ Y cómo se va a financiar lo que se va a gastar?

Urge que todos nos involucremos en el análisis económico y fiscal que permita arrojar luz sobre las implicaciones que pueda tener la aprobación del presupuesto sobre la economía en su conjunto. Es necesario establecer si el presupuesto, como ha sido presentado por el ministro de Hacienda, aumenta el déficit fiscal y el monto de la deuda.

Es indispensable que los ciudadanos cuenten con toda la información acerca del presupuesto para poder analizar y generar propuestas que se puedan debatir en foros y mesas redondas organizadas por instituciones de la sociedad civil para luego entregarlas a los diputados.

La participación constructiva de la sociedad civil puede aumentar la calidad del debate presupuestario, es clave que haya información precisa y disponible de manera oportuna. La información de calidad es necesaria, tanto para determinar el tipo y la magnitud de los servicios públicos que serán financiados por el presupuesto, como para determinar el impacto que estos recursos tendrán para alcanzar las metas políticas deseadas. Sin información adecuada, el ciudadano estará en la oscuridad y no podrá desempeñar sus responsabilidades efectivamente.

Hay que  ayudar a quitar el mito que la discusión del presupuesto solo es cuestión de diputados. El tema presupuestario es demasiado serio para dejar este importante debate sobre cómo financiar y asignar los recursos de un país a los partidos políticos que tienen grupos parlamentarios en la Asamblea.

En este momento que el interés y la discusión pública en el presupuesto están en su punto más alto, tienen que estar abiertas las oportunidades para que la población participe y  sus opiniones tengan cobertura en los medios de comunicación. Organizaciones de la sociedad civil deben ser invitadas para que acudan, a las reuniones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea, para que den sus comentarios y hagan propuestas específicas. Los análisis de los ciudadanos deben influir en el debate y resaltar cuestiones importantes en que se debe modificar el presupuesto.

La aprobación del presupuesto es política y, tomando en cuenta que el FMLN tiene solo 31 diputados y que la aprobación requiere 43 votos, el gobierno central va a necesitar llegar a acuerdos con los otros partidos para conseguir la aprobación. En cualquier escenario, la participación activa de la ciudadanía es vital.