¿Quién pierde con el fin del TPS?

 Luís Arnoldo Colato

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una construcción política y legal que cobija temporalmente a inmigrados afectados por causales de inseguridad jurídica de sus naciones.

Se origina en la necesidad de asilar a colectivos que no puedan retornar a sus naciones debido a la inseguridad, ya sea ésta social o natural.

Ésta es la vía por la cual los EU cumple la obligación ética y legal de brindar cobijo a aquellos que son perseguidos por diversas causas y pueden por ésta ruta, sobrevivir.

Sin embargo, la histeria provocada y agravada intencionadamente desde la campaña electoral última, marcada por su discurso xenófobo, ultransista y chovinista, que describe al migrante como responsable de los males sociales estadounidenses, sumada a la sostenida campaña de falsas acusaciones y demonización en contra de países contrarios a los intereses norteamericanos (Corea, Irán, Rusia y China), sin sustento alguno además del mediático, hacen previsible el que el TPS finalice, aduciendo la inseguridad que representa éste colectivo, olvidando que los riesgos domésticos derivan del agotado modelo económico, expresado por su liberal política de ventas de armas que son utilizadas para asesinar masivamente a ciudadanos de a pie, desprevenidos y desarmados, que en conciertos o servicios religiosos son alcanzados por desequilibrados que no debiesen poder teóricamente acceder a armas, pero que las poseen debido a la legislación que lo permite.

Hay aproximadamente 190,000 salvadoreños acogidos al TPS, integrados, que pagan impuestos (11,740 millones anuales, según el Institute on Texation and Economic Policy, pudiendo ser hasta 2,180 más si su situación de residencia se legalizara y debido a los mejores salarios que obtendrían en su nuevo status), que asisten a la escuela y trazan proyectos de vida en la unión americana a largo plazo, y que no conocen sino solo por visitas esporádicas, su país de origen.

En su mayoría estos conciudadanos pagan su seguro social – SSA -, por lo que es falso que representen costes a la economía estadounidense, demostrándose acá lo contrario.

El problema se agrava ya que nuestro país carece de la infraestructura para acoger a estos miles, pues la crisis social que padecemos, se agudizará conforme regresen y sin poderse acoger los más al más mínimo medio de vida, añadiendo más tensión a la ya existente.

Entre otras, la actual administración ha dejado entrever el que su razón ulterior es la de emplear por ésta vía al ciudadano estadounidense en paro, que sí reporta un coste a la seguridad social estadounidense, por las ayudas sociales que representan, a las que en su mayoría no pueden acceder los inmigrantes indocumentados, lo que evidencia el quizz de ésta medida: el que confía recuperar empleos domésticos por el sacrificio laboral inmigrante, a quienes se puede aligerar por cuestiones electorales, castigando de paso a las naciones receptoras, de acuerdo a las recomendaciones del departamento de estado.

En éste escenario, la única ventana de escape sea quizás la integración centroamericana, dando así una respuesta combinada y unísona a la problemática, por lo que la medida sea tal vez, un acicate para nuestra emancipación.