Realidad, Exclusión Social y Migración Salvadoreña

Realidad, Exclusión Social y Migración Salvadoreña.
Por Amilcar Villanueva, Sociólogo, salvadoreño residente en Suecia.
 
 La historia de la humanidad, es la historia de las migraciones. Poblar el mundo entero ha sido posible, a través de masivas migraciones y estas migraciones no solo constituyen sino que han sido un requisito para el desarrollo y bienestar humano. Ahora me quiero referir a las migraciones forzadas, hombres, mujeres y niños que forzadamente emigran de sus países de origen, debido a la pobreza, miseria, exclusión y ausencia total de oportunidades en sus patrias, caso específico, El Salvador. Nuestro país ha ocupado la casilla 115 en el estudio presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante los últimos tres años, el cual establece el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países del mundo. Unos1 87 naciones son evaluadas por la entidad.
 
El IDH puede leerse como el potencial de desarrollo humano que se alcanzaría en el país si todas las personas fuesen iguales y tuvieran las mismas oportunidades. El índice refleja tres dimensiones: La posibilidad de una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y el logro de un estándar de vida decente. Estas dimensiones se recogen en cuatro sub indicadores que son la esperanza de vida, la escolaridad promedio, la escolaridad esperada al iniciar la escuela y el ingreso nacional bruto per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el instrumento principal que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica representada por las tres oportunidades humanas más importantes y permanente.
Ocupar un tan bajo lugar en estas tres dimensiones, posibilidad de vida larga y saludable, grado o nivel de acceso al conocimiento y tener un estándar de vida decente, nos muestra una realidad socioeconómica aún muy precaria y excluyente en nuestro país, realidad muy determinante en los altos índices de emigración de compatriotas hacia, fundamentalmente, Estados Unidos. Mi tesis pretende afirmar, la manera en que la pobreza, la exclusion y realidad socioeconómica, constituyen factores determinantes que obligan a miles de compatriotas a emigrar anualmente.
 
De acuerdo al Pew Research Center (en adelante Pew), un tanque de pensamiento dedicado a recolectar datos estadísticos de diferentes nacionalidades, habitando ese país, los inmigrantes de origen salvadoreño crece masivamente, convirtiéndose en el tercer grupo de origen hispano en USA.
Los datos poblacionales más recientes estiman que los salvadoreños residentes en los Estados Unidos, tanto inmigrantes como nacidos ahí, ascienden a 1 millón 975 mil, levemente abajo de los 1 millón 986 mil cubanos. Ambos grupos son únicamente superados por los 5 millones 122 mil  de puertorriqueños y por la gran comunidad de mexicanos, que asciende a 34 millones 582 mil personas. No olvidemos que estos datos solo recogen los salvadoreños registrados y no los cientos de miles no registrados, debido a sus estatus de ilegalidad en esa nación.
Según datos del Pew, desde 1990 hasta 2013, el último año con registros tabulados, la población salvadoreña dentro de territorio norteamericano ha crecido en más de un 300%, pasando de 563 mil a los casi dos millones en la actualidad
En una sociedad con altos índices de inequidades y ausencia total de oportunidades de desarrollo y vida digna en muchos sectores de la sociedad, los más pobres y excluídos, emigran en busca de esas oportunidades negadas en sus patrias, esto constituye no una alternativa sino una obligación, sino preguntate: Quienes son los que emigran? La respuesta es, los salvadoreños más pobres y menos calificados, víctimas de la exclusión. No son ingenieros, abogados, medicos, miembros de la clase media, los que emigran.
Algunos datos que reafirman mis conclusions: el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Christian Salazar, expresó que es preocupante que el 27 % de la población entre 15 y 29 años en el país no estudie ni trabaje
Para el caso salvadoreño, la OIT señaló que en 2015 el 75 % de los trabajadores carecía de un empleo permanente. La mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA), cerca de un 60 %, se desarrolla como trabajadores por cuenta propia y estos lo hacen, en su gran mayoría, en el sector informal.
El Informe Mundial de PNUD, aborda un tema central para  los trabajadores: el trabajo como condición sine qua non del desarrollo humano, siempre y cuando sea fuente de dignificación y gratificación personal que fomente el sentido de comunidad y la transmisión de conocimientos, es decir, el trabajo como fuente de desarrollo personal y colectivo.
La mujer constituye el género aún más desprotegido y excluído. La participación de las mujeres en el mercado laboral salvadoreño es de 47.8% y la mayoría lo hace en el sector informal. En trabajos remunerados, las mujeres ganan en promedio 15.5% menos que sus pares hombres, aunque ellas tengan mayor escolaridad promedio.
La razón principal de la inactividad laboral de mujeres es por estar a cargo de quehaceres domésticos. Así lo expresaron 7 de cada 10 mujeres que no tienen trabajo en el Mercado laboral. Más del 80% de las mujeres participan en labores de trabajo doméstico, no siempre remunerado, según la última encuestas, realizadas por MINEC, DIGESTYC y UNFPA en 2014.
 
Los datos de DIGESTYC a 2014 también reflejan importantes brechas de integración de la juventud en mercado laboral.  Estas brechas, por cierto, han persistido durante años y son relevantes tanto para el desarrollo económico del país como para la cohesión social y seguridad ciudadana.
Los presupuestos para educación y salud han disminuido para el 2017. Esta disminución lo sufren alumnos, maestros y padres de familia en escuelas y centros escolares nacionales
Si bien en años anteriores los centros han iniciado con saldo rojo porque lo que les  asigna el gobierno no es suficiente frente a las necesidades que enfrentan, sí es la primera vez (2016),  que no les completó los recursos. Por ejemplo: El Complejo Educativo de Guaymango enfrenta dificultades para atender a los 911 alumnos que cursan desde parvularia a noveno grado, ya que el Ministerio de Educación solo les depositó en marzo ( año lectivo 2016), $625 en concepto de funcionamiento, cuando la primer transferencia debió ser de $2,500, para cumplir con sus actividades académicas. En otro caso, Centro Escolar Anselma Sanchez de Mancía nos dice: “Nos hace falta el 50 % de la segunda transferencia (del presupuesto de operación). En el caso de nosotros son como $1,600 dólares y lo que nos han dicho es que va a ser depositada en la primera semana de enero de este año 2017”, afirmó Óscar Martínez, director del centro.
Y continua, “Esto implica que no tenemos material didáctico, tampoco papel bond, plumones, material de limpieza ni medicamentos para el botiquín de los niños. No tenemos nada para que los profesores empiecen a ambientar sus salones de clase”, aseguró.
Para el nuevo año lectivo, que iniciará oficialmente el próximo 16 de enero 2017  la escuela tiene una matrícula aproximada de 550 alumnos.
En el Centro Escolar Cantón El Cedro, fue hasta el 28 de diciembre 2016 que Educación les depositó lo que  debían a los proveedores del segundo uniforme; pero no así la última parte del presupuesto escolar, que eran $350. (Esta cantidad es equivalente al transporte de un diputado durante un mes).
Daniel Rodríguez, director de la escuela, señaló que para él la situación es complicada porque  necesitan los recursos financieros para poder cubrir parte de los $575 que le deben a una librería a la que tuvieron que fiarle materiales para empezar a trabajar en este año.
La institución que dirige Rodríguez, ubicada en zona rural, es una de las que en los últimos dos años  ha sufrido el recorte de su presupuesto de  funcionamiento, de $8,000 a $2,250. (Vea que un diputado gana en un mes lo equivalente al presupuesto de tres años para una escuela)
El profesor sostiene que en muchas instituciones educativas públicas las autoridades se están viendo obligadas a pedir a los padres de familia dinero en calidad de donaciones, de lo contrario no salen adelante para cubrir las múltiples necesidades. De acuerdo con sus palabras, frente a esta situación el tema de la gratuidad de la educación ya es historia.
El Complejo Educativo de Guaymango enfrenta dificultades para atender a los 911 alumnos que cursan desde parvularia a noveno grado, ya que el Ministerio de Educación solo les depositó en marzo $625 en concepto de funcionamiento, cuando la primer transferencia debió ser de $2,500.
Eso ha generado que la institución tenga una deuda de $800 con una librería, que le ha proporcionado parte de los implementos educativos que los maestros deben de usar para proporcionar las clases. En concepto de uniforme adeudan $8,125 a un sastre y dos costureras; mientras que de zapatos el impago a un proveedor asciende a $12 mil.
Óscar Melara, director del INTI afirmó que hasta septiembre (2016) solo les habían depositado el 40 % del dinero que les corresponde anualmente, con lo cual lograron cubrir algunas de las deudas acumuladas, pero ante la falta del 60 % restante, que equivale a unos $45 mil dólares, están en déficit para solventar otras necesidades y prepararse para comprar recursos que les permitan afrontar los primeros tres meses de 2017.
Melara precisa que en el marco de este atraso de asignación de dinero, este año se ha quedado pendiente la compra de materiales para los talleres, de mantenimiento a las computadoras, la reparación de equipos, compra de aparatos para las prácticas (voltímetros, amperímetros, generadores de señal, osciloscopios, aparatos de soldadura eléctrica, cautines, entre otros). 
El director del INTI, una institución que cierra el año 2016 con 1,340 alumnos,  señaló que no se pudo con todas las expectativas que tenían en cuanto la calidad de enseñanza que brindan.
Pedro Rodríguez, director del Instituto Nacional de Apopa, refirió que han recibido el 50 % del presupuesto de funcionamiento y están a la espera del otro porcentaje que ronda los $30,500, aunque guardan la esperanza de que se los entregarán porque hace unos 20 días  firmaron los recibos correspondientes.
Al igual que su colega del INTI, Rodríguez expuso que lo que les entregaron sirvió para saldar deudas con proveedores, pero como se terminó volvieron a “fiar”, así que ya tienen nuevas cuentas pendientes de cancelar. A eso suma que deben comprar material didáctico que les servirá para iniciar el próximo año escolar.
“En mobiliario hay que arreglar por lo menos 150 pupitres porque en el transcurso del año se deterioran y no les hemos podido meter mano. En infraestructura vamos a arreglar todas las pizarras que ya se les arruinó la formica, las instalaciones eléctricas y los baños”, agregó el director. El Instituto de Apopa cubrió este año 1,600 alumnos, incluyendo 200 que son de la modalidad a distancia y nocturna.
“La atención ideal no se puede llevar a cabo  por falta de recursos, porque llegan muy tarde. Si llegaran a tiempo se hicieran a tiempo las cosas. Entonces vamos atrasando una serie de actividades, por ejemplo lo de los pupitres y pizarras, que impactan en los aprendizajes”, detalló el educador, cuya institución de por sí ya enfrenta una serie de limitantes de infraestructura.
En el Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía, el director, Jorge Sevillano, dijo que en el caso de ese centro  le adeudan todavía $30,000 en concepto de presupuesto de funcionamiento.  
Una sociedad excluyente que no invierte en la formación integral de sus habitantes, que no prioriza la inversíon en educación y salud, que haga posible una vida digna y el desarrollo de estos, es una sociedad “fallida” y esta es obra y herencia de quienes gobiernan.